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Programa de protección del bosque peruano plantea dudas

2023-03-30

Por ED DAVEY

SAN MARTÍN, Perú (AP) — El Parque Nacional de la Cordillera Azul, en el flanco oriental de los Andes peruanos, abarca una extensión enorme de bosques, montañas y cataratas de la Amazonía. Bajo el programa que, según sus partidarios, protegería sus árboles, se han vendido decenas de millones de dólares en créditos de carbono.

Sin embargo, un análisis de expertos independientes y una investigación periodística de The Associated Press plantean dudas sobre si el proyecto ha cumplido su promesa de contrarrestar las emisiones de empresas petroleras como Shell, TotalEnergies y otras. Según los análisis realizados mediante imágenes de satélite, la pérdida de árboles se ha duplicado con creces.

Algunos expertos dicen que el proyecto Cordillera Azul tuvo fallas desde el principio, con demasiados créditos de carbono generados y con beneficios exagerados que permitieron que la organización sin fines de lucro que administra el parque para el gobierno peruano ganara más dinero, incluso mientras la cubierta arbórea se reducía.

Los defensores del proyecto rechazan que se hayan inflado sus beneficios. Aseguran que la pérdida de árboles se debió prácticamente en su totalidad a causas naturales, pero el análisis satelital muestra que se concentró en los límites oeste y norte del parque, cerca de grandes centros de población y en gran parte a lo largo de los ríos. Estos son lugares mucho más fáciles de alcanzar y talar ilegalmente que en cualquier otro lugar del paisaje mayoritariamente prístino.

“Está claro que algo salió mal en este proyecto”, sostiene Edward Mitchard, experto en deforestación y créditos de carbono de la Facultad de Geociencias de la Universidad de Edimburgo, en Escocia.

Los detractores de los programas de créditos de carbono para la protección de los bosques advierten que el sistema está en gran medida autorregulado y que es fácil que los participantes exageren los beneficios de un proyecto determinado. No obstante, si se hacen correctamente, deberían permitir a una empresa compensar sus emisiones de carbono evitando que se produzcan en un lugar —por ejemplo, un bosque tropical— al tiempo que emite una cantidad comparable en otro lugar.

La demanda de estos proyectos crece a medida que se presiona a las empresas para que sean neutras en carbono. Una base de datos muestra que el número de estos proyectos casi se ha duplicado en los últimos dos años.

Durante mucho tiempo, los bosques de Perú han estado bajo una presión frecuente de personas que despejan tierras para la agricultura. En Cordillera Azul, el programa de créditos de carbono recauda fondos con los que se pagan las patrullas forestales y la educación de las comunidades locales para detener la deforestación, un proceso que libera enormes cantidades de dióxido de carbono, lo que contribuye al cambio climático.

Los documentos muestran que se han vendido más de 28 millones de créditos para el proyecto Cordillera Azul, suficientes para compensar 28 millones de toneladas de dióxido de carbono, recaudando millones de dólares para un proceso que según los indígenas Kichwa no reconoce su derecho ancestral a la tierra.

Los documentos constitutivos sostienen que el proyecto, lanzado en 2008 y uno de los emprendimientos de este tipo más grandes del mundo, tenía como objetivo evitar “toda la deforestación” en el parque, pero la compañía de Mitchard, Space Intelligence, descubrió que la pérdida de dosel arbóreo saltó de un promedio de 262 hectáreas (650 acres) por año en los cinco años anteriores al lanzamiento del proyecto a un promedio de 572 hectáreas (1,400 acres) por año desde 2009 hasta 2021, el último año del que hay datos disponibles. Space Intelligence es una empresa con fines de lucro que realiza mapas satelitales empleados para verificar el cumplimiento de los créditos de carbono.

Parte de la pérdida de árboles en el parque se aprecia en imágenes satelitales tomadas en 2010 y 2019 y proporcionadas a la AP por Planet, una compañía que crea esas imágenes para gobiernos, empresas e investigadores.

El Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (una organización independiente sin fines de lucro creada para administrar el parque y también conocida por su acrónimo, CIMA) sostiene que la pérdida de árboles se debe a fenómenos naturales, como aludes, y no a actividades humanas como la tala, la agricultura o la minería.

La revisión de los datos satelitales muestra efectivamente muchos deslizamientos de tierra, pero la deforestación es una de las principales causas de esos aludes porque las raíces de los árboles ayudan a mantener las pendientes pronunciadas en su lugar.

Los modelos académicos han encontrado que los deslizamientos de tierra ocurren hasta 13 veces más a menudo en áreas deforestadas. Es imposible saber qué causó los aludes en la Cordillera Azul sin inspecciones del sitio, pero la pérdida de bosques dentro de 1 kilómetro (0,6 millas) de los límites de un parque o ríos —las zonas más accesibles y vulnerables a la tala del parque— fue aproximadamente el doble que el resto del parque, según Space Intelligence. Más de un tercio de toda la pérdida de árboles cartografiada en el parque gigantesco se produjo en estas franjas estrechas de territorio.

Eso “indica que ha habido una perturbación humana en el bosque, lo que hace que estos deslizamientos de tierra sean más probables”, afirma Mitchard, quien admite que no se pueden descartar causas naturales.

Mitchard recalca también que, según los datos, la pérdida anual de dosel arbóreo dentro del parque aumentó aproximadamente al mismo ritmo que la pérdida de árboles fuera del parque después de 2008, lo que indica que el proyecto de créditos de carbono brindó poca protección a la Cordillera Azul. Los datos implican “las mismas presiones humanas” dentro y fuera del parque, agrega.

Cada uno de los créditos de carbono forestal representa una tonelada de CO2 que se evita que ingrese a la atmósfera al proteger los árboles. Se supone que los créditos deben acuñarse sólo si un bosque está en riesgo y la Cordillera Azul fue protegida legalmente por decreto presidencial en 2001. No obstante, los documentos oficiales muestran que el CIMA impulsó el programa, argumentando que era necesario financiar la aplicación de la norma y la educación, porque la ley por sí sola no habría salvado sus bosques de la agricultura de tala y quema, la tala o la minería. También citan el programa como una fuente de financiación más fiable para el parque que el depender de donaciones.

“La existencia de un título de parque nacional en un país como Perú no es suficiente para detener la deforestación”, escribió Gonzalo Varillas, director ejecutivo del CIMA, en un correo electrónico escrito en inglés en respuesta a las preguntas de la AP. También afirmó que la venta de los créditos permitió recaudar dinero suficiente para cubrir el 90% de los gastos de funcionamiento del parque, compensando así las dificultades para obtener donaciones internacionales. El gobierno peruano empezó a dejar que las organizaciones sin ánimo de lucro gestionaran algunos parques con la esperanza de que pudieran atraer más financiación extranjera.

Steve Zwick, portavoz de la organización sin fines de lucro Verra, una certificadora de proyectos de carbono forestal —incluido este—, defendió el programa como un “salvavidas” para el parque. Sin los ingresos de los créditos de carbono, el CIMA habría dependido de patrocinadores poco confiables, aseguró. Por lo tanto, los ahorros de carbono fueron “claros como el cristal”.

Sin embargo, algunos expertos aseguran que el proyecto infló los beneficios proyectados desde el principio.

En 2008, el CIMA aseguró que, sin el programa de créditos de carbono, la deforestación ilegal en el parque liberaría casi 29 millones de toneladas de CO2 durante la próxima década. Para calcular esas emisiones evitadas, según las pautas estándar de la industria, el CIMA comparó el proyecto con una zona de referencia para predecir lo que sucedería sin su protección.

Simon Counsell, quien ha estado evaluando proyectos de créditos de carbono forestal durante casi 15 años, analizó las zonas seleccionadas por el CIMA para la organización Friends of the Earth Netherlands. Encontró que el área de referencia del CIMA aumentó artificialmente la cifra al sobremuestrear los valles de las tierras bajas y las llanuras aluviales, que son mucho más atractivas para los agricultores —y, por lo tanto, vulnerables a la tala— que el terreno más accidentado del parque.

Counsell descubrió que, a pesar de que se exageraron los supuestos beneficios, podrían venderse más créditos cuanto mayor fuera la cifra de emisiones evitadas.

Counsell sostuvo que los números del CIMA también estuvieron distorsionados por cálculos cuestionables del crecimiento de la población en la zona de referencia, otro punto de datos utilizado para estimar las emisiones evitadas, ya que más personas generalmente significan más destrucción de bosques.

Por ejemplo, en el distrito de Pampa Hermosa, el CIMA utilizó cálculos de que la población crecería más de un 700% en la década posterior al lanzamiento del programa. Sin embargo, las propias cifras del parque mostraron que la población creció en promedio sólo un 2,2% por año entre 1993 y 2002.

Compensate, una empresa que evalúa y vende créditos de carbono, rechazó el proyecto de Cordillera Azul para su cartera en 2020. Su evaluación, compartida con la AP, también señaló los cálculos de crecimiento de la población y deforestación. Describió este último como “una forma de inflar” las emisiones evitadas del programa.

Will Lock, un experto en el mercado voluntario de carbono y en la conservación de la Amazonía peruana en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Sussex, Inglaterra, asegura que los pronósticos emplearon un “enfoque muy exagerado del peor de los casos” que resultó en una “tendencia preocupante de enfatizar demasiado las amenazas” y maximizar las afirmaciones de carbono no emitido a la atmósfera.

Zwick, de la organización Verra, aseguró que la región de referencia fue elegida mediante procesos revisados por pares, la mejor disponible en ese momento, y que ciertas áreas fueron excluidas. Añadió que la gente puede cultivar —y lo hace— en pendientes pronunciadas, y que se tuvo en cuenta la topografía en la evaluación. Sostuvo que se abordaron las dudas planteadas en ese momento por auditores independientes, y que los datos de la población eran los mejores disponibles en ese momento.

Verra informó recientemente que traerá una nueva metodología de crédito de carbono de la selva tropical para 2025.

El proyecto se llevó a cabo con la “más alta calidad”, aseguró Varillas, el director del CIMA. Argumentó que parte de la deforestación observada se debió a causas naturales y que las estimaciones de población se basaron en modelos sólidos.

Los mayores compradores de créditos del proyecto, Shell y TotalEnergies, defendieron su participación.

Un portavoz de TotalEnergies dijo en un correo electrónico que comparar la pérdida de árboles antes y después del proyecto daba la impresión engañosa de que había fracasado, porque la deforestación no se puede detener instantáneamente. El vocero, quien se negó a permitir que se usara su nombre, afirmó que la empresa sólo invierte en proyectos de carbono que cumplan con “estándares y metodologías internacionales de la más alta calidad”.

Un vocero de Shell también citó la protección del parque como un beneficio de sus compras de créditos de carbono y aseguró que sin el programa se habría producido una “deforestación catastrófica”. No obstante, el portavoz —que también se negó a permitir que se usara su nombre— aseguró que Shell realizará una revisión adicional antes de realizar más compras.