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Presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional y pone fin a su juicio político

2023-05-17

Por GONZALO SOLANO

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió el miércoles a la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que buscaba destituirlo, una decisión que recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y cuestionamientos de la oposición, que de todos modos advirtió que la acatará.

Lasso ahora gobernará hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional y deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

En una cadena de radio y televisión el mandatario aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno” y sostuvo que le disolución del Parlamento “es la mejor decisión posible”.

El artículo 148 de la constitución confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.

Poco después Lasso anunció que firmó el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía de 460,000 familias.

Hace casi una semana Lasso había enviado a la Asamblea el proyecto para reducir los impuestos a más del 99% de los contribuyentes, especialmente de clase media, los negocios populares y los discapacitados, con la cual el Estado dejará de recibir 195 millones de dólares que quedarán en manos de los ciudadanos.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó en una conferencia su apoyo a la decisión del mandatario al sostener que se fundamenta en la constitución y, por tanto, “debe ser respetada”.

Proaño sostuvo que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen su posición de respeto a la constitución y las leyes pero advirtió que en caso de un intento de alteración del orden constitucional a través de la violencia ”actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos”.

La ahora ex asambleísta del partido opositor Unión por la Esperanza (UNES), Paola Cabezas, dijo a la red de televisión Ecuavisa que “acataremos el decreto, nos iremos a nuestras casas... ésta es una oportunidad para que salgamos de esta crisis y es la oportunidad para salir de este gobierno”. UNES fue el principal gestor del juicio político a Lasso.

El partido Social Cristiano, también protagonista del juicio a Lasso, expresó en un boletín que no hay causales para la disolución de la Asamblea y advirtió que hasta la elección del nuevo Legislativo, Lasso actuará sin respaldo popular, sin capacidad de maniobra y sin facultades íntegras de gobernar.

El abogado y constitucionalista Esteban Ron aseguró a The Associated Press que la medida, conocida como “muerte cruzada”, no es un escenario ideal para el presidente porque aunque no tendrá un contrapoder en la Asamblea “se activa el poder social” de diversos sectores opuestos a su gobierno.

La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por UNES del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaba adelante un juicio político para destituir a Lasso por supuesta malversación de fondos.

La decisión desató una dura crítica de la combativa Confederación de Nacionalidades Indígenas, cuyo titular Leonidas Iza publicó en su cuenta de Twitter que “Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de policía y las Fuerzas Armadas sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”. La organización convocó a un consejo extraordinario para analizar las medidas que tomará.

En tanto, la Asamblea fue desalojada en la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impedía el paso. Según la ley, la Asamblea debe cerrar sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente. El resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto.

Ahora el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.

El abogado y constitucionalista Ismael Quintana explicó a AP que aunque Lasso está facultado para gobernar por decreto éstos sólo pueden ser de materia económica y es la Corte Constitucional la que decide si son válidos o no.

El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó a AP que la medida tomada por el mandatario ayuda a destrabar la disputa entre el gobierno y la Asamblea. “La muerte cruzada establecida en la constitución del 2008 fue diseñada para superar los conflictos políticos que ponen en jaque a las instituciones, que paralizan la institucionalidad”.

Sin embargo, agregó, el país pierde el debate democrático porque “va a haber una voz unilateral del Ejecutivo imponiendo un rumbo sin el contrapeso de la Asamblea y pierde credibilidad el país, porque queda con una institucionalidad débil”.

Ismael Quintana, especialista en derecho constitucional y profesor de la Universidad Católica de Cuenca, dijo a AP que la decisión presidencial le dará a Lasso soltura para gobernar algunos meses.

“Qué bueno que hayan mandado a la casa a esos vagos de la Asamblea, no hacían nada, sólo se pasaban insultando”, dijo a AP Julio César Anda, un mensajero de una oficina de seguros. Pero la empleada doméstica Josefina Maigua sostuvo que al disolver la Asamblea el presidente “ya se convirtió en dictador”.

Lasso, que tenía apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.