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Ponen nombre de héroe sandinista a universidad confiscada por gobierno de Nicaragua

2023-08-17

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicaragua confirmó el jueves el cierre de la jesuita Universidad Centroamericana y anunció que en sus instalaciones, confiscadas por el Estado, funcionará una nueva universidad bautizada como Casimiro Sotelo Montenegro, un guerrillero sandinista muerto en 1967.

El portal gubernamental El 19 Digital publicó una resolución del Consejo Nacional de Universidades (CNU), ente regulador de la educación superior, que dispuso en una sesión el mismo jueves “ cancelar la autorización de funcionamiento” de la UCA.

El CNU señaló que para “garantizar la continuidad educativa” de los alumnos de la UCA (unos 8,000 según cifras de organizaciones estudiantiles), “aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro” que funcionará en ese mismo lugar.

Casimiro Sotelo fue un guerrillero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que murió asesinado por un coronel de la guardia somocista en 1967. Tenía 24 años y luchaba contra la dictadura de Anastasio Somoza, derrocado por la revolución de 1979.

El ente educativo también nombró a las autoridades de la nueva universidad, entre ellas, a Alejandro Enrique Genet como rector, a Luz Marina Ortiz Narváez, vicerrectora, y a Moisés Palacios, secretario general, indicó el comunicado.

Las autoridades de la universidad anunciaron el miércoles la confiscación de todos sus bienes inmuebles y activos por parte del gobierno de Daniel Ortega, que los acusó de haber funcionado “como un centro de terrorismo”.

La UCA fue uno de los focos de las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018 y en más de una ocasión abrió sus puertas para permitir que manifestantes civiles que huían de las balas de la policía se refugiaran en sus instalaciones.

Ortega aplastó la rebelión social de 2018 con fuerzas policiales y paramilitares fuertemente armados, y acusó a la oposición y a los líderes estudiantiles, así como a los obispos católicos, de participar en un fallido golpe de Estado para derrocarlo.

Desde diciembre de 2021, al menos 26 universidades han sido clausuradas y sus bienes fueron incautados por orden del gobierno sandinista con un proceder similar. Siete de ellas extranjeras.

La UCA recibió el martes un oficio judicial en el que se le notificó “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera” de cuentas bancarias que fueron “inmovilizadas”, así como “productos financieros en moneda nacional o extranjera”.

Los jesuitas volvieron a sentar protesta el jueves, ahora a través del superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa Abascal, quien se quejó de que el gobierno de Nicaragua le haya negado a la UCA su derecho a la “legítima defensa”.

“Un juicio justo -con una justicia imparcial- sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando” desde 2018 contra la UCA, contra otras muchas obras de la Iglesia Católica y con miles de instituciones de la sociedad civil, “con el fin de asfixiarlas, cerrarlas o apropiárselas”, afirmó el líder jesuita en una carta dirigida a la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador.

El cierre de la universidad jesuita, la primera universidad privada fundada en Centroamérica en 1960, fue reprobado por seis organizaciones universitarias que lo calificaron como “un intento de coartar la autonomía universitaria” y parte de “una estrategia para sofocar la resistencia y silenciar las voces críticas”.

“Siempre será la UCA aunque le quieran poner otro nombre. Ese espacio guarda memoria y seguirá siendo un símbolo de lo que no van a poder confiscar: nuestras mentes, nuestras vivencias, nuestras historias y nuestra educación”, dijo la líder estudiantil Madelaine Caracas, exiliada desde 2019 tras sufrir amenazas del gobierno.

Entre las reacciones de rechazo, el secretario general de la ONU, António Guterres, indicó el jueves en una declaración que “sigue con preocupación” la situación en el país centroamericano, especialmente “el aumento de las tensiones entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica ”.

“Un Estado parte que cierra una universidad u otra institución educativa por motivos tales como la seguridad nacional o la preservación del orden público, tiene la carga de justificar una medida tan grave” en relación con cada uno de los elementos identificados en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtió Guterres.

El cierre y confiscación de la universidad ocurre en medio de una arremetida contra la Iglesia católica, tras el cierre de varias organizaciones y medios de comunicación religiosos y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, encerrado en un penal de Managua desde febrero tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a otros 222 opositores excarcelados.

En un pronunciamiento, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús rechazó por “totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones” contra la UCA y destacó su “prestigiosa labor docente e investigativa” durante más de medio siglo de existencia.