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Así funciona la Corte Internacional de Justicia

2024-01-11

Por David Ehl | DW

Israel deberá defenderse ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las acusaciones de genocidio contra los palestinos. Este tribunal en La Haya es único en su tipo en el mundo.

Originalmente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) nació en 1913 como "Palacio de la Paz", con la misión de solucionar conflictos internacionales. Sin embargo, apenas un año después de su fundación, estalló la Primera Guerra Mundial.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Nueva York se convirtió en la sede de los principales órganos de las Naciones Unidas (ONU). Únicamente la CIJ se mudó al edificio del antiguo "Palacio de la Paz", en los Países Bajos.

¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?

"La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano de impartición de Justicia de las Naciones Unidas", de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el acuerdo internacional que reglamenta el trabajo de la ONU.

Según la Carta, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se convierten automáticamente en partes contratantes y se comprometen a acatar los fallos de la CIJ.

El tribunal está integrado por 15 magistrados, que deben proceder de diferentes países y ser electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada tres años, se renuevan cinco plazas.

Actualmente, el gremio es dirigido por la juez estadounidense Joan Donoghue y su vicepresidente ruso, Kirill Gevorgian.

A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), ante la cual deben justificarse personas individuales, a las que, por ejemplo, se les acusa de crímenes de guerra, en el caso de la CIJ las disputas son entre Estados. 

¿Cuáles son las competencias de la CIJ?

La firma de la Carta de la ONU no equivale a un mandato claro de todos los Estados. La CIJ solo es competente cuando todos los Estados implicados hayan firmado una declaración de sometimiento, en la que transmiten a la Corte todos los litigios relacionados al derecho internacional.

En 2008, Alemania firmó una declaración de este tipo, al igual que cerca de una tercera parte de los miembros de las Naciones Unidas.

En caso de una disputa, aquellos países que no hayan firmado una declaración de sometimiento pueden acordar voluntariamente si desean resolver su querella ante la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, también hay casos en los que Estados pueden ser demandados ante la CIJ sin su consentimiento: por ejemplo, cuando el Estado demandante basa su acusación en convenciones de la ONU que compiten a la CIJ y que han sido firmadas por el Estado demandado.

Este es el caso de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948. Ucrania, por ejemplo, basa su demanda contra Rusia, tras la guerra de invasión en 2022, en este convenio. Otro ejemplo es el proceso, impulsado por Gambia, en el que Myanmar se defiende frente a las acusaciones de genocidio contra los rohinyá.

También la actual solicitud urgente de Sudáfrica en contra de Israel se basa en esta Convención.

Asimismo, en el marco de acuerdos bilaterales, la CIJ puede ser nombrada instancia mediadora de conflictos. En 2018, por ejemplo, Irán demandó a Estados Unidos por determinadas sanciones en base a un acuerdo de amistad de 1955. El tribunal dio la razón a Teherán, y Washington se vio obligado a garantizar que el suministro médico no se viera afectado por las sanciones.

¿Cuán eficiente es la CIJ en la implementación de los fallos?

En los tres casos -declaración de sometimiento, acuerdo voluntario o demanda en base a un acuerdo- los fallos son vinculantes. No se contemplan procedimientos de apelación. En el caso de la demanda ucraniana, ya en marzo de 2022, la CIJ instruyó a Rusia a detener temporalmente su guerra de invasión. Aún se espera un fallo definitivo.

Sin embargo, la guerra en Ucrania continúa, lo que también pone de manifiesto la gran desventaja de la Corte Internacional de Justicia: no existe una Policía global que pueda imponer sus fallos. De ahí que el tribunal en La Haya siempre dependa de la cooperación de los Estados participantes.