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Las reformas para combatir al crimen organizado acaparan el referéndum de Noboa en Ecuador
Quito, 16 abr (EFE).- La seguridad es la gran protagonista del referéndum convocado para el próximo domingo en Ecuador por el presidente Daniel Noboa, con cuestiones enfocadas en reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante la participación de las Fuerzas Armadas, el endurecimiento de penas, la eliminación de beneficios penitenciarios y el equipamiento de policías y militares con las armas decomisadas a las bandas criminales. Una de las cuestiones más trascendentales será el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía contra el crimen organizado, sin necesidad de un estado de excepción como sucede hasta ahora, así como permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países. Además, reformar el código penal para elevar las penas a los delitos como el terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro, extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal. Otra pregunta busca tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Por otra parte, los ecuatorianos también decidirán si permiten que el armamento incautado a los delincuentes se destine de manera inmediata para el uso de la Policía y los militares, así como simplificar el proceso de expropiación de bienes de origen ilícito. Distribución de droga Ecuador terminó 2023 como el país más violento de América Latina con una tasa de homicidios de 45 por cada 100,000 habitantes, y aunque las medidas adoptadas por Noboa desde enero pasado han bajado la tasa de criminalidad, los hechos violentos se mantienen y las autoridades lo atribuyen a las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. "La consulta contribuye en sí a dar las herramientas necesarias al Ejército y la Policía Nacional, para que puedan actuar permanentemente en territorio", dijo a EFE Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, quien cree que este plebiscito no resolverá por sí solo la crisis de inseguridad. Según Pazmiño, en 1990 Ecuador era un país de tránsito de drogas; a partir de 2004 mutó "a centro de acopio y plataforma internacional de distribución" y -sin ser productor- fue catalogado en 2014 como un país de procesamiento, para en 2024 ser "la primera plataforma internacional de distribución de narcóticos y de la Cuenca del Pacífico". Para el experto, la falta de compromiso de los distintos gobiernos en la lucha contra el narcotráfico, permitió "que sigan penetrando la estructura estatal, de seguridad, del sistema financiero, judicial y la estructura social". Acciones en corto tiempo Pazmiño ve positivas las acciones del Gobierno de Noboa, que en "tan corto tiempo ha logrado hacer lo que los otros mandatarios no pudieron" pues "está tratando de controlar al crimen organizado", algo que, en su opinión, tomará unas cuatro décadas. "Ha disminuido el nivel de muertes violentas, por un lado, pero también hay incremento en otros delitos", comentó al destacar, por otra parte, el decomiso de droga en los cuatro meses de Gobierno, entre ellos las 21 toneladas de cocaína halladas en un solo punto. La lucha contra el narcotráfico "es sumamente grande y por eso las organizaciones delictivas han creado varios santuarios a nivel nacional, se habla de cerca de 187 santuarios, especialmente por donde vienen los corredores de narcotráfico, y esto genera una dinámica de violencia e inseguridad a nivel interno del país", dijo en referencia a zonas controladas por el crimen organizado. Según el experto en seguridad, en Ecuador operan varias mafias -entre ellas, mexicanas y albanesas- y por ello insiste en que el referéndum de Noboa no frenará en su totalidad la inseguridad. Cambios estructurales Pazmiño ve indispensable modificar la Constitución para combatir la inseguridad, pues la violencia no terminará sólo porque haya más control militar, ya que el crimen organizado tiene una diversidad de actividades delictivas: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando de armas, entre otras. "Esto es una guerra a largo plazo", en la que la solución no pasa solamente por incrementar control, soldados y armamento, sino en atender las necesidades de la población: mejores condiciones de vida, trabajo, educación, salud, sostuvo. En opinión de Pazmiño, una de las principales maneras para frenar la penetración y expansión del crimen organizado es eliminar dos potenciadores: pobreza e inequidad. aranza |
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