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En México, ser candidato a un cargo público es un trabajo de alto riesgo

2024-05-27

Emiliano Rodríguez Mega y Simon Romero / NYT

El asesinato de Gisela Gaytán conmocionó a México. Fue una de las varias decenas de aspirantes a cargos públicos en ser asesinados en los últimos meses.

Gisela Gaytán acababa de llegar a un evento en el primer día de su campaña electoral para una alcaldía en el corazón industrial del centro de México, cuando comenzaron los disparos.

Momentos después, su cuerpo sin vida yacía en un charco de sangre.

El asesinato a plena luz del día de Gaytán, una abogada de 37 años, refleja una tendencia macabra en las elecciones generales de este año en México. Gaytán es una de las 36 personas asesinadas desde el verano pasado que aspiraban a un cargo público, según un análisis de The New York Times, convirtiendo este en uno de los ciclos electorales más sangrientos en memoria reciente.

Los asesinatos de candidatos señalan una amenaza al corazón de la democracia de México. Los votantes se están preparando para emitir su voto el próximo mes en una animada elección que podría resultar en la primera mujer presidenta del país, un hito en el país de habla hispana más grande del mundo.

Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, en su oficina, a principios de mayo. (Cesar Rodriguez/The New York Times)

Sin embargo, analistas y funcionarios de seguridad afirman que los cárteles envalentonados están sembrando el miedo en las contiendas a nivel local a medida que expanden su alcance a través de la extorsión, el tráfico de migrantes y la producción de alimentos.

Para aumentar la sensación de terror, no solo los candidatos sino también sus familiares están siendo cada vez más el objetivo de los ataques: al menos 14 de esos familiares han sido asesinados en los últimos meses. Algunos casos han sido especialmente espantosos; este mes, en el estado de Guerrero, se encontraron los cuerpos desmembrados de un candidato a regidor de ayuntamiento y su esposa.

Los grupos armados también están convirtiendo algunos de los asesinatos en tiroteos masivos. En el estado de Chiapas, este mes, un grupo de hombres armados asesinaron a una candidata a la alcaldía y a otras siete personas, entre ellas la hermana de la candidata y una niña.

Para maximizar sus ganancias, los grupos criminales necesitan funcionarios electos dóciles. Las amenazas y los sobornos pueden garantizar que el alcalde de una pequeña ciudad o un miembro del concejo municipal se haga la vista gorda ante actividades ilícitas. Pero como deja dolorosamente claro el derramamiento de sangre en localidades de todo México, afirman los analistas, los candidatos que se atrevan a desviarse de esa cooperación corren el riesgo de ser asesinados.

Como resultado, muchos han abandonado las contiendas. Algunos partidos políticos se han retirado de ciertas localidades al no poder encontrar personas dispuestas a postularse. En vez de contactar a los votantes en público, algunas campañas locales se han trasladado en gran medida a internet.

Casi a nivel semanal, más candidatos han sido objetos de ataques. Desde que la muerte de Gaytán el 1 de abril conmocionó a la ciudad de Celaya, al menos ocho candidatos más han sido asesinados en todo el país.

Los ataques se han intensificado en estados donde los grupos criminales se han fragmentado en múltiples bandas delictivas, todas ellas compitiendo ferozmente para obtener poder. Otra razón de la enorme magnitud de la masacre es el gran tamaño de estas elecciones. Con más de 20,000 cargos locales en disputa, es la elección más grande de México de todos los tiempos.

Sandra Ley, analista de seguridad del grupo de políticas públicas México Evalúa, afirmó que los asesinatos mostraban que los grupos de crimen organizado estaban protegidos por funcionarios locales corruptos o intimidados.

Los cárteles, afirmó Ley, necesitan “acceso a recursos e información que le es fundamental en su día a día”.

A pesar de los ataques, el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras figuras de su partido Morena han, en su mayoría, han minimizado el peligro.

Pero el asesinato de Gaytán, miembro de Morena, conmocionó al país, y López Obrador habló al respecto al día siguiente, en su conferencia de prensa matutina.

“Estos hechos son muy lamentables porque es gente que está luchando para hacer valer la democracia”, le dijo a los periodistas. Pero también sugirió rápidamente que el asesinato estaba relacionado con los altos niveles de violencia en Guanajuato, el estado donde se encuentra Celaya, y no con las elecciones de México.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana declaró que estaba proporcionando protección a 487 candidatos.

Según expertos en seguridad, parte del incremento de la violencia de los cárteles tiene que ver con la propia estrategia de seguridad del presidente mexicano. López Obrador llegó a la presidencia en 2018 prometiendo reformar la estrategia del país hacia la delincuencia, con énfasis en abordar la pobreza que hace que los jóvenes se unan a bandas criminales en lugar de enfrentar de manera agresiva a los cárteles en las calles.

El plan, al cual López Obrador llamó “abrazos, no balazos”, ha tenido cierto éxito. Coincidió con una disminución de los asesinatos en masa que ocurrieron cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaban a los grupos armados, aunque informes recientes sugieren que han habido excepciones durante su gobierno.

“Pero tuvo, digamos, un efecto no deseado muy pernicioso”, afirmó Eduardo Guerrero, consultor de seguridad radicado en México. Al dejarlos en su mayoría en paz, dijo, los grupos criminales se han envalentonado y han expandido su presencia a nuevas áreas.

La violencia electoral ha permeado estados en los que previamente no habían sucedido este tipo de ataques en elecciones previas, más notablemente Chiapas, el estado más pobre de México. La región se ha visto recientemente sumida en masacres a medida que dos cárteles notorios y varias facciones luchan por el control de la frontera sur del país con Guatemala. Al menos seis personas que optaban a cargos públicos han sido asesinadas en Chiapas desde diciembre, según un recuento del Times.

Este tipo de asesinatos están atentando contra la estructura de la democracia de México.

“¿Quién va a querer ir a un mitin donde hay el riesgo de que con un dron pueden aventar una bomba?”, preguntó Guillermo Valencia, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de Michoacán donde, en febrero, hombres armados asesinaron a dos precandidatos a la alcaldía de partidos rivales en la ciudad de Maravatío, el mismo día.

Antonio Carreño, coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano en Michoacán, dijo que al menos siete candidatos de su partido se habían salido de las contiendas, expresando dudas sobre si México podía jactarse de tener elecciones libres y estado de derecho.

“La cuestión es clara: ¿dónde está la democracia?”, dijo.

El estado de Gaytán, Guanajuato, donde una economía vibrante coexiste con desafíos de seguridad latentes, muestra los riesgos que enfrentan las personas que se postulan para cargos públicos.

Acompañada por una mujer guardaespaldas contratada de forma privada, Gaytán acababa de iniciar su campaña, plenamente consciente del peligro que enfrentaba. Apenas horas antes de su asesinato, en un mitin local, había anunciado algunos de sus planes para lograr que la ciudad de Celaya fuera más segura.

Había prometido detener las actividades de los funcionarios corruptos, mejorar los salarios y las condiciones laborales de los agentes de policía e instalar botones de pánico y cámaras de vigilancia en toda la ciudad.

Antes de ser asesinada, el partido Morena había solicitado a las autoridades federales protección para ella y otros ocho candidatos a alcaldías en Guanajuato, afirmó Jesús Ramírez Garibay, el secretario general del comité estatal del partido. Pero la solicitud, añadió, permaneció en un limbo burocrático durante semanas, rebotando entre las autoridades federales y estatales sin ser aprobada.

“Estos candidatos quedaron desprotegidos porque no hubo una intervención rápida del instituto electoral del estado y del gobierno estatal”, aseguró Ramírez Garibay. “Comenzaron sus campañas bajo su propio riesgo, solo con la bendición de Dios”.

En una entrevista, el secretario de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, aseguró que su despacho nunca recibió una solicitud de protección para Gaytán. Y según un análisis de riesgo que el estado realizó en diciembre estudiando la vulnerabilidad de cada candidato, ella no lo habría necesitado, alegó.

“Estaba en un nivel bajo de riesgo”, afirmó Cabeza de Vaca. “Pero eso no es tan importante. Lo importante para mí fue pues que no tuve una solicitud. Independientemente de nuestro análisis interno, quien pide protección se le da protección”.

Alma Alcaraz, candidata de Morena para la gubernatura del estado de Guanajuato, declaró tras la muerte de Gaytán que había comenzado a recibir amenazas. “Empezaron a través de redes sociales a decirnos: ‘Usted es la que sigue, prepárese, deje la contienda, retírese.’”, dijo.

Los agentes de la policía estatal y municipal de Guanajuato están protegiendo en la actualidad a 255 candidatos locales, informó Cabeza de Vaca.

Sin embargo, persisten las condiciones que han convertido a Guanajuato —y a Celaya en particular— en un hervidero de violencia.

Guanajuato alberga una serie de plantas manufactureras que forman parte de un auge del
nearshoring
en el que las empresas han trasladado industrias de China a México. Pero también es un lugar donde dos cárteles, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, están involucrados en un prolongado conflicto por el control de operaciones de extorsión y territorio para vender metanfetamina.

Un lucrativo comercio de combustible robado, una fuerza policial debilitada y guerras territoriales criminales han convertido a Guanajuato en un campo de batalla. Los homicidios han disminuido con respecto a los niveles de la era de la pandemia, pero los datos del gobierno muestran que siguen siendo excepcionalmente altos, con al menos 2581 asesinatos registrados en 2023, más que cualquier otro estado del país.

La Fiscalía General del estado de Guanajuato declaró este mes que las autoridades habían detenido a siete sospechosos de una “célula delictiva” no identificada, por su vinculación con el asesinato, y que incluso más personas podrían estar involucradas.

A medida que aumentan las tensiones políticas por el asesinato de Gaytán, otros candidatos locales están analizando lo que significa seguir involucrado en la política.

Juan Miguel Ramírez, profesor universitario que remplazó a Gaytán en la boleta electoral, declaró que hacer campaña se ha convertido en un ejercicio surreal en el que está flanqueado por una decena de soldados uniformados, incluso cuando da clases.

En un día sofocante de mayo, demostró gran confianza en sus posibilidades. Pero, admitió, el clima de miedo en Celaya y la suerte de su antecesora le han hecho diluir lo que dice en la campaña electoral.

Ramírez se abstiene de enfocarse en los desafíos de seguridad de la ciudad como lo había hecho ella.

“Hay muchos grupos delictivos en Celaya”, agregó. “A algunos de los grupos que hay aquí pues no les gustó esa propuesta. Entonces en función de eso yo hago propuestas ahora generales”.