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México revisará los derechos laborales en una planta de Volkswagen a petición de Estados Unidos
Ciudad de México, 11 jun (EFE).- El Gobierno de México admitió este martes la solicitud de Estados Unidos de revisar la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva a trabajadores de una planta de la automotriz alemana Volkswagen en el central estado de Puebla. La inspección ocurrirá al amparo del Mecanismo Laboral del Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Candá (T-MEC). La petición estadounidense llegó al Gobierno mexicano el pasado 28 de mayo, según precisaron en un comunicado las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno mexicano. En tanto, la SE comunicó el viernes pasado a la Oficina de la Representante Comercial estadounidense la admisión de la solicitud de revisión recibida. El conflicto ocurre tras detectar la posible afectación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta de la fabricadora ubicada en Cuautlancingo, en Puebla. Ahora, la STPS contará con un plazo de 45 días a partir de la fecha en la que recibió la solicitud para hacer una revisión interna que determine si existe una denegación de derechos en la empresa Volkswagen México. El Gobierno de México expresó “su compromiso para implementar de forma efectiva la legislación laboral, así como las disposiciones en la materia establecidas en el T-MEC”. Además, aseguró que con estas acciones garantiza el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras del país. El miércoles pasado, el Gobierno mexicano también anunció la conclusión de una revisión en la Minera Tizapa, subsidiaria de Industrias Peñoles, en la que restituyó a ocho trabajadores y recuperó pagos de bonos vencidos, entre otras medidas de reparación. En tanto un panel laboral, que concluyó el pasado 26 de abril, resolvió a favor de México en el caso de la mina San Martín, en el estado de Zacatecas, pues resolvió que no se pueden pronunciar los países por posibles violaciones a derechos laborales antes de la entrada en vigor del T-MEC.
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