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Nicolás Maduro enfrenta la contienda más dura de su década en el poder

2024-07-04

CARACAS (AP) — El autoproclamado gobierno socialista de Venezuela enfrenta un serio desafío electoral en unos comicios presidenciales por primera vez en décadas.

El presidente Nicolás Maduro, ahora en su 11mo año en el cargo, es desafiado por el exdiplomático Edmundo González Urrutia, que lidera una oposición renaciente, así como por otros ocho candidatos. El período oficial de campaña para las elecciones del 28 de julio inició el jueves.

Maduro, que ha presidido un colapso económico que ha causado la emigración de millones de personas, y su Partido Socialista Unido de Venezuela han evadido los desafíos al excluir a sus rivales de las elecciones y acusarlos de ser elitistas desconectados de las mayorías y aliados con potencias extranjeras.

Esta vez prometió permitir que la coalición opositora Plataforma Unitaria participara en las elecciones, en un acuerdo que brindó a su gobierno cierto alivio de las paralizantes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, ese respiro duró poco, ya que Washington volvió a imponer sanciones a raíz de las crecientes medidas gubernamentales contra la oposición, incluido el bloqueo de la candidatura de la influyente opositora María Corina Machado.

A continuación ofrecemos detalles sobre las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.

¿Quién es el candidato de la oposición?

El nombre más sonado en la contienda no está en la boleta electoral: María Corina Machado, exlegisladora, se convirtió en una estrella de la oposición en 2023, llenando el vacío dejado cuando una generación anterior de líderes opositores se exilió. Sus ataques a la corrupción y la mala gestión del gobierno movilizaron a millones de venezolanos para votar por ella en las primarias de la oposición de octubre.

Pero el gobierno de Maduro declaró que las primarias eran ilegales y abrió investigaciones penales contra algunos de sus organizadores. Desde entonces, ha emitido órdenes judiciales contra varios partidarios de Machado y ha arrestado a algunos miembros de su personal, y el máximo tribunal del país ratificó la decisión de mantenerla fuera de las urnas.

Sin embargo, ella siguió haciendo campaña, celebrando mítines por todo el país y convirtiendo la prohibición de su candidatura en un símbolo de la pérdida de derechos y las humillaciones que muchos votantes han sentido durante más de una década.

Machado ha brindado su apoyo a Edmundo González Urrutia —un exembajador que nunca ha ocupado un cargo público—, lo cual ha ayudado a una oposición fraccionada a unirse detrás de él.

Están haciendo campaña juntos, prometiendo una economía que atraerá a los millones de venezolanos que han emigrado desde que Maduro asumió la presidencia en 2013.

El jueves, el autobús que iba a transportar a Machado y a González a través de un sector de Caracas fue detenido temporalmente por policías mientras los dos candidatos estaban de pie en una plataforma fijada al vehículo. Los agentes alegaron que la detención era un procedimiento de rutina para verificar la validez de los documentos del conductor.

Las personas reunidas en la marcha de la oposición para conmemorar el inicio oficial de la campaña coreaban “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” y “va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer”. Ondeaban banderas de Venezuela mientras aguardaban la llegada de los dos opositores, y los automovilistas los acompañaban con las bocinas de sus vehículos.

González comenzó su carrera diplomática como asistente del embajador de Venezuela en Estados Unidos a finales de la década de 1970. Ocupó puestos en Bélgica y El Salvador y fue embajador de Caracas en Argelia. Su último cargo fue el de embajador en Argentina durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez, iniciada en 1999.

Más recientemente, González fue consultor de relaciones internacionales y escribió una obra histórica sobre Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué el actual presidente tiene problemas?

La popularidad del presidente Nicolás Maduro ha disminuido debido a una crisis económica resultante de una caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión gubernamental.

Maduro todavía puede contar con un grupo de creyentes acérrimos, conocidos como “chavistas”, que incluye a millones de servidores públicos y otras personas cuyos negocios o empleos dependen del Estado. Pero la capacidad de su Partido Socialista Unido de Venezuela de usar el acceso a programas sociales para llevar a los votantes a las urnas ha disminuido a medida que la economía del país se ha desgastado.

Es el heredero de Hugo Chávez, un socialista popular que amplió el Estado de bienestar de Venezuela al tiempo que enfrentaba a Estados Unidos.

Enfermo de cáncer, Chávez eligió a Maduro para que fuera presidente interino tras su muerte. Maduro asumió el cargo en marzo de 2013 y, al mes siguiente, ganó por estrecho margen las elecciones presidenciales que fue necesario organizar luego de que su mentor falleció.

Maduro fue reelegido en 2018 en una contienda que muchos consideran una farsa. Su gobierno prohibió la participación de los partidos y políticos de oposición más populares de Venezuela y, a su vez, la oposición instó a los votantes a boicotear las elecciones.

Esa inclinación autoritaria formó parte de los argumentos que utilizó Estados Unidos para imponer sanciones económicas, las cuales paralizaron la crucial industria petrolera del país.

Maduro llevó a cabo dos eventos el jueves, incluida una marcha en Caracas, con los que marcó el inicio oficial de su campaña.

¿Quiénes votarán?

Más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, pero se prevé que el éxodo de más de 7,7 millones de personas debido a la prolongada crisis —incluidos unos 4 millones de votantes— reduzca el número de votantes potenciales a unos 17 millones.

La votación no es obligatoria y se realiza mediante máquinas electrónicas.

La ley venezolana permite a sus ciudadanos votar en el extranjero, pero sólo unos 69,000 cumplieron los criterios para emitir su voto en embajadas o consulados durante estas elecciones. Los costosos y lentos requisitos gubernamentales para registrarse, la falta de información y la exigencia de presentar una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos inmigrantes se registraran para sufragar.

Los venezolanos en Estados Unidos enfrentan un obstáculo insuperable: los consulados, donde los ciudadanos en el extranjero normalmente votarían, están cerrados porque Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas tras la reelección de Maduro en 2018.

¿Bajo qué condiciones se desarrollan las elecciones?

Unas elecciones presidenciales más libres e imparciales en Venezuela parecían una posibilidad el año pasado, cuando el gobierno de Maduro acordó trabajar con la coalición Plataforma Unitaria respaldada por Estados Unidos para mejorar las condiciones electorales en octubre de 2023. Un acuerdo sobre dichas condiciones le valió al gobierno de Maduro un amplio alivio de las sanciones económicas de Washington en sus sectores de petróleo, gas y minería, controlados por el Estado.

Pero las esperanzas de que haya mayor igualdad de condiciones comenzaron a desvanecerse días después, cuando las autoridades indicaron que las primarias de la oposición eran ilegales para luego comenzar a emitir órdenes judiciales y arrestar a defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.

Un panel respaldado por la ONU que investiga infracciones a los derechos humanos en Venezuela reveló que el gobierno venezolano ha aumentado la represión contra críticos y opositores antes de las elecciones, sometiéndolos a detenciones, vigilancia, amenazas, campañas difamatorias y procedimientos penales arbitrarios.

El gobierno también ha utilizado su control de los medios de comunicación, el suministro de combustible, la red eléctrica y otras infraestructuras del país para limitar el alcance de la campaña Machado-González.

Las crecientes acciones tomadas contra la oposición llevaron al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden este año a poner fin al alivio de las sanciones que había concedido en octubre.