Motoko Rich / NYT

El fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial preocupa a los aliados de Estados Unidos

Aunque los gobernantes gozan de inmunidad limitada mientras ocupan el cargo en países como Japón y Australia, no existe nada similar a las amplias protecciones que la corte parece haber concedido en su fallo.

Los aliados de Estados Unidos ya estaban inquietos por las próximas elecciones del país. Ahora que la Corte Suprema estadounidense concedió una ampliación sin precedentes del poder ejecutivo al otorgarles inmunidad jurídica a los presidentes, los analistas de algunos de esos países han expresado su preocupación por la confiabilidad del poder estadounidense.

A los gobernantes aliados de Asia y Europa, que están acostumbrados a enfrentar las amenazas de los dirigentes autócratas de Rusia, Corea del Norte y China, les inquieta la posibilidad de tener que lidiar también con un presidente estadounidense sin contrapesos.

“Si el presidente de Estados Unidos está libre de las restricciones del derecho penal, si tiene ese nivel de inmunidad penal, los demás gobernantes de las naciones aliadas no pueden confiar en ese país”, afirmó Keigo Komamura, profesor de Derecho en la Universidad de Keio en Tokio. “No es posible mantener una relación de seguridad nacional estable”.

Komamura agregó que el fallo de la Corte Suprema da la percepción de que el presidente estadounidense puede actuar por encima de la ley. “Esto puede parecerle duro a Estados Unidos, pero no es muy diferente de Xi Jinping en China. El Estado de derecho se ha convertido en el Estado del poder”, opinó.

Aunque en algunos países los gobernantes gozan de inmunidad limitada mientras ocupan el cargo, en Japón, Corea del Sur, Australia y el Reino Unido â"€de los aliados más cercanos de Estados Unidos en el mundoâ"€ no existe nada similar a las amplias protecciones que la Corte Suprema parece haber concedido en su fallo de esta semana.

La decisión de la corte de otorgarle al presidente inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales, término que el tribunal no definió con claridad, “no concuerda con las normas mundiales”, según Rosalind Dixon, profesora de Derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney. “Me parece que lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos del fallo de la corte y las elecciones presidenciales debería ser muy preocupante para todos los aliados de ese país”, agregó Dixon.

En Corea del Sur, ningún dirigente político goza de protección jurídica contra procedimientos penales después de dejar el cargo y el presidente solo puede ejercer un mandato. Cuatro de los últimos ocho expresidentes fueron condenados y encarcelados al terminar su mandato por corrupción y otros delitos que cometieron antes de asumir el cargo y durante su presidencia.

“Creo que muchos coreanos se sienten orgullosos de que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, señaló Ramón Pacheco Pardo, profesor de Relaciones Internacionales en el King’s College de Londres y catedrático de Estudios Coreanos en la Escuela de Gobernanza de Bruselas de la Universidad Libre de Bruselas. “Pero en Estados Unidos parece que creen que los presidentes son diferentes del resto de la gente”.

Sin embargo, las frecuentes acusaciones penales contra funcionarios en Corea del Sur han contribuido a aumentar la polarización política, ya que algunos apoyan los castigos porque los ven como actos de justicia y otros solo los consideran una venganza política orquestada por un nuevo presidente.

Mientras están en el cargo, los presidentes surcoreanos gozan de inmunidad penal, excepto en el caso de “insurrección o traición”. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dictaminó que el expresidente Donald Trump tiene derecho a inmunidad judicial por las acusaciones de que intentó anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, no incluyó una cláusula de este tipo.

Komamura explicó que, en Japón, la constitución impide que los parlamentarios sean arrestados mientras están en funciones, pero no les da inmunidad contra procesos penales. Esta cláusula ampara al primer ministro, quien debe ser miembro del parlamento.

En la década de 1970 se produjo uno de los mayores escándalos de Japón, cuando el ex primer ministro Kakuei Tanaka fue acusado de recibir un soborno por haber aceptado 1,6 millones de dólares de Lockheed para concretar la compra de aviones por parte de All Nippon Airways, la mayor aerolínea de Japón.

Incluso en países donde los líderes políticos gozan de inmunidad parcial, suele estar definida de manera más restrictiva. En el Reino Unido, cuyos parlamentarios cuentan con amplias protecciones legales contra acusaciones derivadas de sus discursos políticos, no son inmunes a las leyes penales que rigen a la ciudadanía.

Por ejemplo, la policía multó al ex primer ministro Boris Johnson cuando todavía ocupaba el cargo por asistir a una fiesta en Downing Street durante la cuarentena, en contravención a las leyes sobre coronavirus que su propio gabinete había instituido durante la pandemia.

No obstante, incluso cuando la inmunidad judicial está definida de manera más estricta, es posible que las leyes no sean un factor tan importante como la cultura política.

En Malasia, aunque la inmunidad del poder ejecutivo no es tan amplia como la que la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de concederles a los presidentes, existe una cultura de impunidad, por lo que pocos dirigentes rinden cuentas ante los tribunales a pesar de la corrupción generalizada.

Otra cuestión es si los procesos judiciales pueden frustrar los planes de los políticos decididos a permanecer en el cargo.

En Israel, todos los miembros del parlamento, incluido el primer ministro, gozan de inmunidad absoluta frente a procedimientos judiciales por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones oficiales. Se trata de una protección parecida a la definida en el fallo del máximo tribunal estadounidense.

Eso no ha impedido que se inicien procesos judiciales. Aunque a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, se le imputaron los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza hace casi cinco años, ha hecho todo lo necesario para mantenerse en el cargo. Antes de la guerra en la Franja de Gaza, Netanyahu, cuyo juicio por corrupción está en curso, intentó ampliar sus poderes sobre los tribunales del país, lo que desencadenó protestas multitudinarias en Israel.

En eso, se ha desviado del precedente sentado por un predecesor, Ehud Olmert, quien dimitió cuando se vio envuelto en investigaciones por corrupción.

Adam Shinar, profesor de Derecho de la Universidad Reichman en Tel Aviv, Israel, comentó que, en esencia, el fallo de la Corte Suprema introdujo en Estados Unidos el mismo tipo de inmunidad que los líderes israelíes han tenido desde 1951. Pero agregó que, de hecho, los mandatarios estadounidenses han gozado de inmunidad desde hace décadas.

Shinar recordó que “nunca se ha hablado de procesarlos después de que dejan el cargo”. Lo más cerca que se estuvo de eso fueron los debates sobre si Richard Nixon sería procesado por el escándalo Watergate, pero su sucesor, Gerald Ford, lo indultó antes de que eso pudiera suceder.

El nuevo fallo de la corte estadounidense ha cobrado especial urgencia en el extranjero en gran parte por la perspectiva de que Trump pueda volver a la presidencia.

Shinar comentó que debido al desprecio de Trump por las normas legales o políticas y a la creciente división política y desconfianza fundamental en el gobierno de Estados Unidos, la reacción a la sentencia de la corte es más drástica de lo que podría haber sido en otra época.

“Si este fallo se hubiera dado en los años cincuenta, cuando Eisenhower era presidente, ¿estaríamos igual de preocupados o consternados? Tal vez no”, dijo. “Si ya no confiamos en que nuestros políticos hagan cosas buenas, entonces necesitamos que otros intervengan, por ejemplo, el sistema de justicia penal”.

Shinar concluyó: “Pero si disminuye la confianza en nuestras instituciones políticas, al mismo tiempo que crece la inmunidad de nuestros políticos, tenemos un problema”.