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María Corina Machado denuncia sabotaje a vehículos que usa en recorridos de campaña
CARACAS (AP) — La líder política venezolana María Corina Machado, que promueve al principal candidato de la oposición, Edmundo González, tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicos, denunció el jueves un sabotaje contra dos de los vehículos que usa para recorrer el país, afirmando que es parte de los intentos de perturbar la campaña de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio. Los vehículos fueron “vandalizados” y en uno de ellos se evidenció que “cortaron la manguera de los frenos”, dijo Machado. Esto habría ocurido en la madrugada del jueves, en momentos que la lideresa y su equipo pernoctaban en la ciudad occidental de Barquisimeto del Estado Lara, a unos 290 kilómetros al oeste de Caracas. Sin mencionar algún sospechoso en concreto, Machado comentó que en todo momento su comitiva fue seguida de cerca por “agentes del régimen” a lo largo del trayecto entre los estados de Lara y Portuguesa, en ese último realizó un acto de campaña. Como suele ocurrir, los agentes “rodearon la urbanización” donde pasaron la noche, acotó. El incidente se produjo alrededor de 24 horas después que fue detenido su jefe de seguridad, Milciades Ávila, quien es parte de su equipo desde hace 10 años. Todavía se desconoce su paradero, dijo Machado, que ha catalogado la detención de Ávila como un “secuestro”. Además, Machado denunció que su jefe de seguridad fue “acusado de violencia de género contra unas mujeres que el pasado sábado intentaron agredirnos a Edmundo y a mí en La Encrucijada”, un tramo de la autopista que enlaza Caracas con la ciudad central de Valencia. “Hay decenas de testigos y videos que demuestran que ese acto fue una provocación planificada para dejarnos sin protección a 11 días del 28 de julio” cuando se celebrarán las elecciones generales, dijo Machado en sus redes sociales. El hecho al que hace referencia Machado ocurrió en un restaurante donde Machado y González se disponían a comer luego de participar en una concentración proselitista en la ciudad de Valencia, 125 kilómetros al suroeste de Caracas. La convocatoria en Valencia, como muchas otras, no estuvo exenta de imprevistos, como controles policiales o cierres viales, que según los dirigentes de la oposición provienen del gobierno del presidente Nicolás Maduro para perjudicar su campaña. Biagio Pilieri, representante de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, pidió al Ministerio Público investigar los hechos, destacando que “esto es distinto a todo lo que nos han hecho” — refiriéndose a que, esta ocasión, hubo “vandalismo"— y se preguntó como los agentes de seguridad del Estado “no se dieron cuenta” de que hubo una agresión en su contra si los agentes estaban apostados alrededor de la urbanización y afirmó que “nos siguen las 24 horas”. En declaraciones a la prensa Pilieri agregó que el incidente se registró luego del arresto del jefe de seguridad de Machado, pues “su anillo de seguridad fue muy vulnerado y se aprovecharon de la situación”. AP pidió una reacción a funcionarios de la Fiscalía General pero no estuvieron disponibles para un comentario. De acuerdo con Foro Penal, una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, en Venezuela hay 301 presos políticos, 102 de ellos relacionados a Machado y González, quienes han sido acusados de ser parte de tramas conspirativas y actos violentos. Seis opositores, parte del equipo de Machado, fueron acogidos en la residencia del embajador de Argentina y están a la espera de un salvoconducto que les permita salir de Venezuela. González, candidato de la PUD, y Maduro, quien busca su tercer mandato, son los que mayor probabilidad tienen de ganar los próximos comicios presidenciales frente a otros ocho postulantes cuyas opciones son remotas y muchos de los cuales representan a organizaciones políticas cercanas al gobierno, según analistas. Machado, quien ganó las primarias de la oposición con 92,35% de los votos, fue reemplazada por González ante la imposibilidad de revertir la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que le fue impuesta a Machado justo después de anunciar su intención de participar en los comicios. En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cuando se determina que una persona incurrió en abuso de poder, entre otros casos previstos en las leyes locales. Pero esos preceptos legales no se cumplen en el caso de Machado. Los críticos denuncian que la inhabilitación ha sido usada por años como un arma política en contra de opositores al gobierno.
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