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Elegir jueces en México es una mala idea

2024-09-05

Por Amrit Singh, Adriana Garcia | NYT

LA REFORMA JUDICIAL EN MÉXICO PODRÍA PERJUDICAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO, SOCAVAR EL SISTEMA DE JUSTICIA Y DAR AÚN MÁS PODER A LOS CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO.

Desde hace algunas semanas, México se ha visto sumido en la conmoción por la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los jueces sean elegidos por votación popular. Cincuenta y cinco mil empleados judiciales se declararon en huelga mientras los legisladores impulsaban la ley; el peso se depreció y los bancos internacionales emitieron advertencias funestas sobre el efecto de la propuesta en la economía.

Hasta Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, emitió una advertencia inusual; dijo a fines del mes pasado que el plan suponía “un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia en México”. El presidente respondió con molestia y anunció una “pausa” en las relaciones diplomáticas con la embajada estadounidense. Una disputa similar se produjo con Canadá.

Pero la sucesora de López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1° de octubre, ha tenido una respuesta más razonable. Aunque ha apoyado sistemáticamente el plan, Sheinbaum ha dado instrucciones a los legisladores entrantes al Congreso para que deliberen más sobre el plan, en lugar de acelerar su aprobación como piden el presidente y sus aliados. Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la cámara baja del Congreso, sugirió que podría aprobarse tan pronto como el 8 de septiembre.

Los líderes mexicanos deberían hacer lo correcto y abandonar el plan por completo, dado el daño que podría causar a la nación. Si se aprueba, politizará el poder judicial hasta hacerlo irreconocible y lo dejará sin facultades para controlar el abuso de poder. Institucionalizaría el poder que los grupos de interés podrían ejercer sobre todo el poder judicial.

Elegir a los jueces podría incitarlos a tomar decisiones para ganar votos y satisfacer a los grupos políticos en lugar de decidir con imparcialidad los casos basándose solo en los hechos y la ley. Un poder judicial capturado políticamente e incapaz de proteger imparcialmente los derechos de propiedad sería un desastre para la confianza empresarial y la inversión privada nacional y extranjera. Más inquietante aún, podría abrir la puerta al control del poder judicial por parte de la delincuencia organizada y socavar los cimientos mismos del Estado de derecho en México.

La propuesta de reforma constitucional de López Obrador prevé que casi todos los jueces, incluidos los que formarán parte de la Suprema Corte, sean elegidos. Bajo el sistema actual, los candidatos a jueces federales en México deben aprobar un examen público, recibir capacitación y ser evaluados por el Consejo de la Judicatura Federal, un órgano de control, que luego los nombra. La mayoría de los jueces no federales son propuestos por los gobernadores de los estados y aprobados por las legislaturas estatales; en unos pocos estados, los candidatos son evaluados y nombrados como jueces por los consejos de la judicatura a nivel estatal. Los jueces de la Suprema Corte son propuestos por el presidente y aprobados por el Senado.

El plan del presidente afirma que democratizará la justicia y contrarrestará “la corrupción”, “la impunidad”, “los grupos de poder creados” y “la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartir la justicia”. Para justificar el plan, hizo referencia a la elección de algunos jueces en Estados Unidos.

Pero la experiencia de Estados Unidos demuestra que la elección de jueces solo empeoraría mucho estos problemas en México. Aunque todos los jueces federales en Estados Unidos son designados, la mayoría de los jueces estatales se eligen mediante voto popular. Los estudios empíricos confirman que las contribuciones de campaña predisponen a los jueces a emitir fallos que favorezcan a sus donantes, en particular si buscan la relección. Los estudios también muestran que es menos probable que los jueces fallen a favor de los acusados y más probable que impongan sentencias más duras cerca de las elecciones.

La exjueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Sandra Day O’Connor, quien alguna vez fue jueza electa de un tribunal estatal, se convirtió en una incansable defensora de la selección por méritos de los jueces estatales porque sabía que su elección mediate la votación los dejaba en deuda con la «influencia corruptora» de los grupos de interés. El exjuez de la Corte Suprema de Estados Unidos John Paul Stevens dijo al Colegio de Abogados de Estados Unidos que las elecciones judiciales eran “profundamente imprudentes” y similares a “permitir que los aficionados al fútbol americano elijan a los árbitros”.

El Colegio de Abogados lleva mucho tiempo apoyando los sistemas de selección por méritos para elegir a los jueces estatales, basándose en que “la administración de justicia no debe depender del resultado de concursos de popularidad”. El organismo ha advertido del “efecto corrosivo del dinero en las campañas electorales judiciales”, en las que las partes interesadas en los resultados de los casos podrían intentar “comprar ventajas en la sala del tribunal influyendo en las urnas sobre quiénes serán jueces”.

La influencia del dinero y el poder no es menos corruptora en México que en Estados Unidos. De hecho, México es en particular vulnerable a dicha influencia debido al control que los grupos del crimen organizado ejercen en gran parte del país.

El actual sistema mexicano de selección de jueces federales dista mucho de ser perfecto y podría mejorarse haciéndolo más transparente y accesible a un abanico más amplio de candidatos. Pero sustituir ese sistema por elecciones judiciales permitiría que abogados que carecen de calificación se conviertan en jueces si simplemente reciben suficientes votos. A diferencia de Estados Unidos, en México no se exige un examen para ejercer la abogacía. El plan del presidente exige que los jueces de los tribunales de primera instancia no tengan experiencia jurídica y que los jueces de los tribunales de apelación solo tengan tres años de experiencia. No está claro cómo los votantes podrían conocer, y mucho menos evaluar, las calificaciones de los candidatos.

El plan también crearía un tribunal disciplinario judicial encargado de sancionar a los jueces, cuyos miembros serían elegidos por votación popular con mandatos que coincidirían con el mandato presidencial de seis años y cuyas decisiones serían inapelables. También vincularía el salario de los jueces al del presidente. Ambas medidas socavarían aún más la independencia del poder judicial, politizando su supervisión y haciéndolo dependiente del poder ejecutivo.

Nuestro informe reciente, que explica cómo la elección de los jueces federales mediante una votación en México comprometería su independencia, señala que la amenaza de la propuesta al Estado de derecho no se produce en el vacío. El gobierno de López Obrador ha atacado a otras instituciones independientes como el Instituto Nacional Electoral, que supervisa las elecciones, y el Instituto Nacional de Transparencia, que garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales. También ha atacado a las agencias federales independientes que supervisan los asuntos antimonopolio y de comunicaciones.

Ha expandido el poder ejecutivo cambiando de forma sistemática el control de las funciones civiles (operación de trenes, puertos, líneas aéreas, aeropuertos y aduanas) al Ejército en nombre de la reducción de la corrupción. También propone transferir la Guardia Nacional al control militar, a pesar de que una sentencia anterior de la Suprema Corte consideró que la medida era inconstitucional. El nuevo proyecto judicial parece seguir este patrón: eliminar la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos crucial para la supervivencia de una democracia constitucional.

Sin duda, el presidente López Obrador no es el único líder mundial que arremete contra la independencia judicial. Líderes de mentalidad autócrata centrados en consolidar su propio poder (incluidos El Salvador, Hungría, Indonesia, Israel, Polonia, Túnez, Turquía, Venezuela y Zimbabue) también han intentado socavar los poderes judiciales que se interponían en su camino.

A diferencia de algunos países en esa lista, México sigue siendo una democracia funcional, aunque imperfecta. Que siga siendo así está ahora en manos del Congreso entrante y de la presidenta electa Sheinbaum. En un discurso a la nación el domingo, López Obrador dijo: “estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva”. Pero, en consonancia con sus ataques sistemáticos a los pesos y contrapesos, su proyecto de elegir a los jueces podría conducir a la muerte de la democracia en México.