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Por primera vez encausan a ex juez por robo de niños en dictadura argentina

2011-02-09

 Oscar Laski /AFP

Buenos Aires.- Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1983 en Argentina, un ex juez fue encausado por un caso de apropiación ilegal de menores durante la dictadura cívico-militar (1976-83), informó este miércoles a la AFP una fuente judicial.

"Es la primera vez desde el retorno a la democracia (1983) que se procesa (encausa) a un (ex) juez por una causa de apropiación ilegal de menores en la dictadura", dijo Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

El juez federal de la provincia de Santa Fe (centro), Reinaldo Rodríguez, dijo vía telefónica a la AFP que procesó al ex magistrado Luis María Vera Candiotti por "facilitar la supresión de identidad" de Paula Cortassa, su verdadero nombre, quien fue entregada en 1977 a una familia tras un operativo militar en el que murieron sus padres en la capital de ese distrito.

El magistrado también procesó al ex teniente del Ejército Carlos Pavón, a quien acusó de fraguar los documentos al entregar a la niña a la justicia, quien luego fue adoptada por una familia de apellido Goyane.

"El teniente Pavón entrega al juzgado los papeles de la menor con fecha 4 de febrero (de 1977) y los hechos fueron el 11 de febrero. Da la impresión de que quieren desvincularlo de los asesinatos" de sus padres, señaló el juez Rodríguez.

El magistrado explicó que la entonces menor de 10 años sobrevivió en febrero de 1977 "a un ataque de fuerzas conjuntas en una vivienda de Santa Fe (capital de la provincia homónima), en el que fueron asesinados sus padres Enrique Cortassa y Blanca Zapata".

Luego de que se fraguaran los expedientes judiciales, la menor fue entregada a una familia de apellido Goyane, que al parecer no estaba al tanto de que se trataba de una niña robada.

"En el fallo, señalo que la víctima es alentada por su propia madre adoptiva a esclarecer su verdadera identidad", aclaró Rodríguez, quien dijo que ello se logró en base al cruzamiento de datos en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Paula Cortassa se presentó luego como querellante en la causa junto a la entidad humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.

Esta organización ha logrado establecer la verdadera identidad de 102 hijos de desaparecidos o asesinados durante el régimen cívico-militar, sobre un total de unos 500 en esa condición.

El magistrado Rodríguez había encausado al ex juez Víctor Brusa también de Santa Fe (480 km al norte de Buenos Aires), quien a finales de 2009 se convirtió en el primer caso de un funcionario judicial condenado por un tribunal por su actuación en la dictadura.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Brusa a 21 años de prisión por ser autor penalmente responsable de apremios ilegales (torturas) en ocho hechos durante su actuación como funcionario judicial en el régimen.

Unos 200 militares y policías, incluido el ex dictador Jorge Videla, fueron condenados en juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen cívico-militar desde que se anularon las leyes de amnistía en 2003, según fuentes judiciales.

Alrededor de 30,000 opositores fueron desaparecidos durante la dictadura, de acuerdo a organismos defensores de los derechos humanos.