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Delegados de Colombia y Venezuela revisan juicio a ex ministro hondureño

2011-06-23

TEGUCIGALPA. (AFP) - La vicecanciller de Colombia, Patty Londoño, y el ministro de Justicia de Venezuela, Ramón Gordil, llegaron este jueves a Honduras para constatar si un juicio abierto contra el ex ministro hondureño Enrique Flores se realiza con total imparcialidad, según fuentes oficiales.

El ministro de Comunicaciones de Honduras, Miguel Bonilla, dijo a la AFP que los funcionarios llegan "a verificar el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena" por el juicio que se ha abierto contra el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores.

Añadió que Londoño y Gordil, que representan a los cancilleres María Holguín (Colombia) y Nicolás Maduro (Venezuela), se reunirán con autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Fiscalía de Honduras.

Los cancilleres integran una Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, que hizo posible el regreso al país -desde su exilio en República Dominicana- del derrocado ex presidente Manuel Zelaya y, consecuentemente, el retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Flores, ex ministro de la Presidencia de Zelaya, que también fue derrocado en el golpe de Estado el 28 de junio de 2009, está bajo arresto domiciliario desde hace nueve días, acusado de dos supuestos delitos de peculado.

Zelaya ha denunciado que el arresto de su ex ministro constituye una violación al pacto de Cartagena, firmado el 22 de mayo por él y el presidente Porfirio Lobo, el cual garantiza que no habrá revanchas políticas contra los miembros de su gobierno.

El juez Claudio Aguilar, quien ordenó el arresto, amenaza con recluir a Flores en un centro penitenciario si éste no cancela en el plazo de un mes una fianza de 3 millones de dólares.

Flores, quien se declaró "imposibilitado" para pagar esa suma, calificó la resolución como "sicariato judicial" y alegó que el juez recibe presiones de los "golpistas" que derrocaron a Zelaya.

El ex ministro está acusado del desvío de 5,6 millones de dólares para pagar propaganda de una consulta nacional que pretendía realizar Zelaya sobre una reforma constitucional, la cual fue el detonante del golpe en el que participaron el Ejército, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.