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Manda la justicia mexicana señales de desacato a tratados en materia de derechos humanos

2011-07-09

Fernando Camacho Servín, La Jornada

El hecho de que la justicia mexicana discuta si los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio �cuando dichos mecanismos han sido firmados y ratificados por el gobierno�, manda una señal negativa de desacato jurídico, y manifiesta de nuevo falta de voluntad política en estos temas, lamentaron activistas.

El pasado día 6 este diario informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en decisión dividida �seis votos contra cinco�, que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sólo tienen carácter "orientador", y no obligatorio. No obstante, los ministros determinaron que sus sentencias sí deben ser acatadas por el Estado mexicano.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, consideró que tras la reforma constitucional en materia de garantías individuales, ese debate ya debería estar superado, puesto que dicha iniciativa deja claro que los instrumentos internacionales están al mismo nivel que la Carta Magna.

"El riesgo es que empecemos a escamotear el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias, que debería ser claro, indiscutible y garantizado por la Suprema Corte. El discurso de cumplir o no considera al tema una cuestión legal light, cuando se trata de compromisos que ya asumió el Estado", subrayó.

Contra la idea de que las leyes nacionales y las internacionales se contraponen, habría que retomar experiencias de otros países en donde ambas legislaciones conforman un "bloque de constitucionalidad", cuyos mecanismos legales coexisten y se complementan.

Sergio Méndez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que al considerar los lineamientos de la CIDH sólo como orientadores, el gobierno está contraviniendo el espíritu de la reciente reforma al artículo primero de la Constitución, e incurriendo en faltas con el derecho internacional. Las autoridades deberían acatarlos y frenar la tendencia de otorgarle a cada juez la facultad de interpretar dichos mecanismos a su voluntad.