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Populismo y legalidad: cuando las leyes se negocian

2013-03-31

Por POLICRATO PHILODEMUS

""Cuando el cumplimiento de la ley se
negocia el estado de derecho se vuelve
utilería de los intereses políticos"

Antes de abordar el análisis del tema sobre las características y contradicciones del populismo como política de coyuntura, se hace necesario dejar señalado que sin la existencia de normas de cumplimiento obligatorio es impensable la aparición de una sociedad organizada armónicamente, ya que la ausencia de reglas de convivencia provocan la incertidumbre y el caos social, que destruye el tejido social

Las normas de comportamiento traducidas en leyes de cumplimiento obligatorio, so pena de ser sancionados por la autoridad ( Poder responsable de hacerlas cumplir ), son la base fundamental que hace posible la existencia de cualquier organización social, así como su permanencia histórica.

De la misma manera la experiencia histórica nos muestra que la imposición de la normatividad tiene dos formas de aplicación, como son la que se logra por la fuerza en las tiranías y la que se obtiene por consenso democrático, como actualmente sucede en México.

Como complemento de lo anterior no es obvio señalar que en la naturaleza no ha existido, ni existe, sociedad alguna (humana o animal), en donde no se manifieste el poder y que éste se comporta igual que el agua durante una inundación en un terreno a desnivel, ya que nunca deja huecos sin llenar; En el ámbito del poder como relación social, los espacios vacíos que se dejan siempre van a ser ocupados por el primero que llegue, tal y como está sucediendo en la algunas partes del territorio de la república que han sido feudalizados por la delincuencia ante la no presencia o inactividad de las autoridades del Estado.

También cabe señalar que cuando el cumplimiento de las leyes se maneja de acuerdo a las conveniencias personales o partidistas del momento, se pierde de facto el estado de derecho y se abren las puertas hacia la ingobernabilidad, que debilita y/o nulifica la existencia y función de las instituciones del Estado, anulando el valor de las leyes hasta volverlo menor que el precio del papel en donde se encuentran escritas (Goebbels dixit), abriéndoles el camino a los antisociales, intolerantes, y/o fanáticos (existentes en toda sociedad), siempre dispuestos a entrar en acción a la menor oportunidad que se les presente para quebrantar el orden y la armonía, que debiera estar garantizada por el binomio leyes-poder legal.

Aquí no es óbice recordar que históricamente en nuestro país la simulación y el doble discurso sentaron raíces desde la época colonial (se acata pero no se cumple, era la respuesta a las órdenes reales que llegaban de ultramar), actitud que con el tiempo y la costumbre pasó a formar parte de nuestra idiosincrasia, incluyendo también al quehacer político, de cuyo comportamiento en la actualidad puede predecirse con facilidad si consideramos que generalmente va a ser opuesto a lo que prometen en los discursos. Lo trágico, para ellos es que también ha generado la desconfianza y el desprecio hacia toda la clase política, esta costumbre de simulación y engaño se confirma cuando observamos todo lo negocian por encima de la legalidad, siempre para obtener algún beneficio personal o de su facción, o en el menos dañino de los casos buscando el aplauso fácil y la convocatoria de incautos, siempre retorciendo el significado de los textos legales y el propio espíritu de las leyes, tal y como sucede cotidianamente con las autoridades judiciales durante las consignaciones de delincuentes y en los juicios penales, como recientemente sucedió con la secuestradora de origen francés de apellido Cassez, a la que la Suprema Corte de Justicia concedió la libertad con interpretaciones macarrónicas sobre anomalías en el "debido proceso", a pesar de su manifiesta y comprobada culpabilidad.

Actualmente mientras que los legisladores discuten en las cámaras con el fin de acotar legalmente el fuero a los funcionarios, para evitar el abuso que tradicionalmente han hecho de dicha canonjía (volviéndolos inmunes ante la ley al violar cualquier precepto jurídico), las autoridades responsables del orden constitucional hacen mutis ante el abuso de algunas minorías, ya sean de presuntos estudiantes y/o de jóvenes vándalos antisociales que buscan desahogar sus rencores enfermizos, quienes organizados en pequeños grupos armados y estridentes buscan privilegios económicos, políticos, o académicos, tomando instalaciones escolares y organizando paros de los ciclos escolares, sin que les preocupe en lo más mínimo el perjudicar al resto del estudiantado, o bien salen a vandalizar lo que encuentren y a saquear los comercios para "expresar sus inconformidades dañando el patrimonio o la integridad física de la ciudadanía.

La tolerancia que muestran las autoridades ante estos grupos que se han convertido en profesionales de la protesta, obedeciendo las consignas de quien o quienes los contratan para que se congreguen aduciendo cualquier pretexto, presentándose como "luchadores sociales" que salen a bloquear las principales calles en las ciudades importantes (especialmente en la capital de la república), provocando congestionamientos y caos vial con el fin de detener toda actividad ciudadana productiva, para doblar las voluntades de los actores políticos que les convengan.

Estas provocaciones que constituyen verdaderos delitos de orden penal quedan impunes por la connivencia de las autoridades responsables, que  ante los hechos flagrantes solo actúan como espectadores pasivos, según les convenga, generalmente en función de los tiempos políticos-electorales, eludiendo sus deberes de preservar el orden y proteger los intereses de la sociedad a la que deben servir, y no conformes con dicha pasividad, que en sí constituye un delito por omisión, todavía se prestan a negociar las demandas con dichos transgresores de la ley, demandas que generalmente son descabelladas�. Bajo este escenario cabría preguntarse� ¿A quienes están sirviendo realmente las autoridades con su omisión de cumplir y hacer cumplir las leyes?... ¿A la ciudadanía o a los transgresores de la ley, presuntos delincuentes?... como pasó el 1 de diciembre pasado durante la ceremonia del cambio de administración federal, y acaba de pasar en los recientes conflictos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y con el Colegio de Ciencias  y Humanidades (C.C.H.),  dependiente de la UNAM.

La gravedad de todos estos acontecimientos radica en que la lenidad de las autoridades, que a nombre de un sospechoso "respeto a las libertades y democracia", que parece complicidad, se han sentado graves precedentes de impunidad cuya consecuencia ha sido que entre la juventud, y los acarreados profesionales de las manifestaciones a modo, se ha creado la mentalidad de que, por derecho de facto y por "usos y costumbres",  han adquirido el fuero y la impunidad como "conquistas libertarias", que les permite violar las leyes sin consecuencia alguna, ni sanción de parte de las autoridades, dado que la ley es negociable y muy flexible en su aplicación, lo que constituye un caldo de cultivo para que los jóvenes de familias marginadas sin acceso a trabajos bien remunerados por carecer de alguna preparación técnica, vean como una alternativa fácil de desarrollo económico el camino del crimen y la delincuencia organizada como modus vivendi.

Por último y como colofón de todo lo anterior no se debe olvidar que los oportunistas y los fanáticos de cualquier ralea, ya sean ideológicos, religiosos, o desequilibrados mesiánicos de la política, son personas antisociales que creen poseer la verdad absoluta, por lo que  nunca quieren oír nada que no sea el tema de su predilección, así como tampoco quieren dejar de hablar y de discutir el tema del dogma que sostienen y han convertido en la justificación de su conducta, son individuos que carecen de conciencia de culpa, y se sienten ajenos al daño que provocan a sus víctimas, incluyendo en esto la consecución de delitos, condición que hace inútil cualquier intento de negociación con ellos, pues se consideran poseedores de la verdad y culpan a quienes no comparten sus dogmas como merecedores de los agravios que les infligen.