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Sobre marchas y plantones


2013-05-09

Miguel Ángel Velázquez, La Jornada

Arrogantes e insuflados con aquello de que ningún gobierno puede hacer nada sin su dinero, los señores del capital exigieron a Miguel Ángel Mancera que prohibiera las marchas y los plantones en el Distrito Federal.

El jefe de Gobierno, experto en leyes, respondió con la ley en la mano y con algo más irrebatible: la capital de México es un sitio de libertades, aunque dejó en claro que eso no significa, por ningún motivo, que se vayan a solapar actos de violencia. A fin de cuentas, si la protesta está fundamentada y no rompe con el orden legal, no hay por qué impedirla.

Y es que se debe entender que desde hace ya buen tiempo, desde muchos frentes mediáticos se condena, unas veces sí y otras también, el resultado de las políticas de gobierno, porque se oculta cuáles son las raíces de la protesta. Se condena la marcha, pero no se dice qué la motiva; se maldice el plantón, pero nadie se atreve a buscar las formas de arreglar lo que los produce, y cada año, en el caso de los maestros, se repiten las marchas y los plantones, y los gritos de quienes sólo ven en la represión, en la cárcel o en los golpes la solución al problema.

Las marchas y los plantones en esta ciudad, por más que así se quieran presentar desde las pantallas de televisión, no nacen por generación espontánea; son, habitualmente, producto del proceso de descomposición que sufren las diferentes representaciones populares, que se alejan de sus electores y atienden sólo los intereses definidos de algunos grupos financieros hegemónicos.

El asunto tiene que ver ahora con el plantón que empezaron los maestros en el Zócalo, y el debate que se ha dado en los últimos días entre autoridades y mentores.

Aún no daban las 10 de la mañana cuando uno de los líderes de la sección 22 del gremio de maestros de Oaxaca llamó a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. La idea era comunicar a la autoridad que sí, que sí se instalarían en plantón. La respuesta de las autoridades, dicen los maestros, fue una invitación del secretario de Gobierno, Héctor Serrano, para entablar, minutos más tarde, una nueva plática, en la que se valoraran los efectos que podría traer esa acción.

Pero la ocupación del Zócalo ya estaba decidida. Los profesores, al término de su marcha, se metieron a la Secretaría de Gobernación para tratar de resolver los problemas que les aquejan, pero horas antes, desde esa secretaría –tal vez sólo en previsión– se pidió a las autoridades del Gobierno del DF que se colocaran, por ejemplo, sanitarios portátiles en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Por su parte, desde el gobierno de la ciudad se ordenó a la policía que se hiciera presente en el lugar, aunque se debería mantener en alerta, y en las calles aledañas, pero sin permiso para reprimir, y en cumplimiento con la idea que maneja Miguel Ángel Mancera, y que ha aplicado punto por punto Héctor Serrano, secretario de Gobierno.

Total, aquí eso es lo importante: mantener el DF como hasta ahora, pleno en las libertades de sus ciudadanos, pero aguas, la responsabilidad de las expresiones de disgusto por las políticas federales no debería pagarlas el gobierno de la ciudad. Que eso quede bien claro, para que nadie engañe al respetable.

De pasadita

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la intentona de la señora Esther Orozco para tratar de echar por tierra la decisión de la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que la retiró del puesto que ostentaba, y esto complica aún más las cosas para ella, porque, según nos cuentan, las averiguaciones judiciales en su contra siguen en pie.

Es más, la señora Esther Orozco pretendió, al enviar su denuncia a la SCJN, chantajear a las autoridades del DF. Hay quien dice que pidió que se frenaran todas las denuncias en su contra o seguiría con el proceso, que ayer rechazó la Corte. ¡La cosa va en serio!.



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