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Encapuchados: delincuentes que escoden su cobardía
Almirante Manuel Rodríguez Gordillo "Cuando alguien confunde la tolerancia "El rencor embozado para actuar en el anonimato" La violencia ha estado tomando un giro ascendente durante las diferentes manifestaciones de protesta callejera, debido a la aparición de grupos vandálicos y de saqueadores de comercios que han secuestrado, de facto, las protestas, sin importar el color político o social que las origine, ya sea que se justifiquen con diferentes argumentos de inconformidad, por actos u omisiones del gobierno, de reivindicaciones sociales, o de denuncia política, el caso es que a la sombra de ellas han aparecido en escena estos grupos, que buscando la impunidad en el anonimato de la multitud y en el ocultamiento de su identidad bajo una máscara, o en el embozamiento, aprovechan la algarada para cometer delitos y dislocar la tranquilidad de la ciudadanía, ante la indiferencia de las autoridades y el temor de que esos mismos delincuentes la tilden de "represora" al aplicar la ley (misma que juraron respetar y hacer cumplir cuando asumieron el cargo de servidores públicos). Dentro de este escenario cabe señalar también la existencia de grupos políticos radicales, y de autoridades cómplices de la delincuencia organizada, quienes acostumbran contratar hampones y sicarios para infiltrarlos en las manifestaciones, ya sea para reventarlas o con el fin de provocar a las autoridades agrediéndolas, buscando que estas reaccionen de manera violenta, ya que cualquier intento de los guardianes de la ley para hacerlas cumplir, es para ellos una "represión" que merece acusaciones delirantes, dentro de este guión y estrategia que practican en las zacapelas que organizan a la sombra de cualquier tipo de manifestaciones y protestas públicas, también buscan fabricar víctimas o mártires para "la causa", que después utilizarán como bandera de lucha política, siguiendo una secuencia y secuela muy manoseada en el perverso juego de la política de canallas que practican, sin que les importe el daño que puedan ocasionar al país, en su infame búsqueda de debilitar al gobierno constituido sembrando el caos en contubernio con el periodismo cómplice. La lenidad de las autoridades ante las situaciones descritas es inaceptable e inexplicable bajo cualquier ángulo desde el que se le examine�. a menos que exista complicidad criminal de quien tiene el deber de proteger a la sociedad�. ¿O acaso esperan que la ciudadanía asuma la defensa de su seguridad física, así como la protección de sus bienes y derechos, por propia mano y riesgo ante la agresión de la turbamulta? De la misma manera que se critica sobre la inexcusable tolerancia política y policiaca (que bajo las presentes circunstancias la ciudadanía interpreta como connivencia o franca complicidad con los criminales), hacia quienes bajo el pretexto de salir a ejercer su derecho a manifestarse, aprovechan para efectuar la catarsis de sus patologías antisociales, así como dar rienda suelta a su predisposición al saqueo y a la destrucción (cometiendo verdaderos delitos que bajo condiciones distintas serían severamente contenidos por la fuerza legítima del estado, y castigados de acuerdo a las leyes que nos rigen), así mismo se señala la blandengue aplicación de la ley por el aparato encargado de impartir la justicia, llámense ministerio público o jueces, quienes traicionando los valores (inherentes a su cargo y funciones), utilizan argumentos retorcidos y mañosos, aunque convenientes a sus intereses personales, para declarar inocentes y dejar en libertad y sin castigo a los delincuentes, como ha sido el reciente y paradigmático caso del señor Raúl Salinas. Volviendo al tema inicial de análisis sobre los vándalos y embozados, que ya se han convertido en "fauna de acompañamiento", asistentes a toda clase de manifestaciones y algaradas, se pueden señalar dos factores dignos de estudiarse para encontrar soluciones al problema que está agobiando a la ciudadanía en México, mismo que de no ser atendido y resuelto podría escalar hasta convertirse en uno de seguridad nacional cuando, de facto y como consecuencia de la omisión gubernamental sea anulada la funcionalidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes de la república por medio de la fuerza legítima del Estado Mexicano. A.- En primer lugar estaría encontrar respuesta a la siguiente pregunta� ¿Qué lleva a un individuo a embozarse, o a disfrazarse, para participar en una manifestación de carácter cívico legal y de legítima protesta, para hacer oír sus demandas ante las autoridades responsables de satisfacerlas? Analizándola cuidadosamente se puede responder que quien acude embozado, o disfrazado, a una manifestación pública, lo hace porque está buscando ocultar su identidad para no ser reconocido, además de que aprovecha confundirse en la multitud refugiándose en el anonimato, para eludir responsabilidades, y en consecuencia alcanzar la impunidad en la consecución de algún delito, ya que de no tener intenciones de delinquir no necesitaría ocultar su identidad ni buscar el confundirse dentro del tumulto, dado que el manifestarse públicamente es un derecho ciudadano establecido en nuestros códigos y no constituye un delito, derecho que además se encuentra protegido por las mismas autoridades. Lo anteriormente expuesto nos lleva fácilmente de la mano a la respuesta de la pregunta inicial, cuyo enunciado lógico sería: Un individuo se emboza y/o disfraza para cometer actos ilícitos sin ser reconocido, buscando la impunidad. B.- El segundo factor a señalar para su estudio sería� ¿La libertad de manifestarse, sancionada y legalizada por nuestra constitución, debiera tener su ley reglamentaria para definir sus límites, a fin de proteger los derechos de terceros y mantener la paz social? Para contestar semejante pregunta habría que partir ateniéndonos al principio jurídico que establece��"las libertades y derechos de un individuo terminan donde empieza los derechos y libertades de los demás"�.� que es una regla de oro para la convivencia pacífica, cuyo espíritu ha prevalecido en todas las legislaciones nacionales de los países civilizados, que lo han inscrito e integrado en sus códigos torales. De la misma manera tendremos que aceptar que en nuestro país no existe legislación alguna que otorgue algún tipo de fuero para violar la ley, y sí está establecido un castigo para quien las infrinja, aunque habría que considerar que existe una aparente contradicción entre las libertades de expresión, manifestación y de reunión, sancionadas en nuestras leyes, que es aprovechada en los juicios por los delincuentes sociales para eludir el castigo, por lo que parece ser necesaria la elaboración de una ley reglamentaria, en la que se establezcan claramente los límites y conducta que deben asumir, tanto los manifestantes como las autoridades, sin que esto signifique coartar derechos a la manifestación ni a la protesta, sino proteger y garantizar, sin excepción alguna, las libertades y derechos de todos los mexicanos y evitar los abusos, los delitos, y el vandalismo de quienes siendo delincuentes o sociópatas, se disfrazan de "luchadores sociales" para delinquir. EEM |
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