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Seguridad ciudadana y Fuerzas Armadas

2016-02-17

Alm. Manuel Rodríguez Gordillo

"La corrupción se institucionaliza cuando
constituye parte de la naturaleza de los
miembros que la componen, ya que se la
instalan como procedimiento operativo"

Actividades y riesgos

Ante la incompetencia y falta de decoro profesional de las policías estatales para garantizar el orden constitucional y la seguridad ciudadana, y ante el escalamiento de la inseguridad que ha alcanzado niveles cercanos  a los de un estado fallido, se tomó la decisión de incorporar como refuerzos a unidades de las fuerzas armadas, para que actuaran como auxiliares de dichas policías, que por sí solas no garantizaban la seguridad de la ciudadanía.

Sin embargo a casi diez años de haberse integrado dicha medida, el problema de la inseguridad no ha mejorado sino incrementado, debido a que el personal militar adscrito a estas tareas, carece de un marco legal que autorice sus intervenciones como policías, circunstancia que limita y margina el cumplimiento de las tareas que les han asignado y que deben cumplir.

Este problema de legalidad ha sido manoseado por las legislaturas desde hace tiempo, a pesar de la insistencia de los altos mandos de la Armada y del Ejército, pidiendo que se legisle al respecto, sin que hasta la fecha hayan hecho algo al respecto.  

Lo cierto es que la actuación de los elementos militares adscritos a estas tareas de seguridad se encuentra en un vacío legal, dada la poca importancia que le han dado los legisladores, ya sea por sus diferencias partidista e intereses políticos, o peor aún, para proteger a la delincuencia organizada, a la que algunos de ellos parecen servir, según lo publicado por los medios de comunicación masiva, así como por denuncias de miembros de los propios partidos políticos,  sobre este tema existen casos documentados y video grabados que son del dominio público, en el que aparecen diputados y munícipes ligados a los cárteles.

Continuando con el análisis encontramos que el personal militar comisionado en labores de seguridad ha sufrido un desgaste debido al tiempo transcurrido, así como una continua descalificación por intervenir en tareas policíacas, sobre todo de parte de los grupos interesados en defender y/o proteger las actividades del crimen organizado, al igual que por algunos periodistas a sueldo de ellos, o por miembros de alguna de estas bandas delincuenciales, así como las descalificaciones de grupos de presión (en ocasiones con acarreados), que protestan por una supuesta militarización del gobierno y de la sociedad, pidiendo el "regreso de los militares a sus cuarteles", lo que se suma a la desproporcionada (por delirante y exagerada en ocasiones),  injerencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusando a militares de supuestas violaciones a los derechos humanos de los criminales, ya que siempre han estado a favor de los delincuentes y nunca a favor de sus víctimas, todo ello en un permanente esfuerzo protagónico y  publicitario, para hacer visible su existencia (y la permanencia en sus cómodos puestos públicos).

Ante estos hechos los miembros de la CNDH dan la impresión de que tratan de justificar su existencia a como de lugar, pasando por alto que las tareas que dicen desarrollar duplican la letra y el espíritu de las "Garantías Individuales", establecidas en los primeros artículos nuestra Constitución, cuya violación constituye delitos competencia de las autoridades judiciales, y no de una comisión que solo parece buscar hacerse indispensable a través del protagonismo, para así mantenerse vigente en el presupuesto.

El caso es que el personal militar solamente es requerido para el trabajo sucio, como es el de enfrentarse y capturar a los delincuentes, marginándolo en tareas de prevención del delito (que la policía tampoco realiza), así como en tareas de inteligencia, o en las investigaciones conducentes como sería conveniente, cuando verdaderamente se trata de anular las actividades del crimen organizado incluyendo al de cuello blanco, como son quienes están incrustados en dependencias gubernamentales, y amparados por la corrupción que les otorga impunidad.

 Lo grave de esta situación para las FF. AA. ha sido el desgaste al que han estado sometidas durante largo tiempo, siendo reducidas a labores de enfrentamientos con la criminalidad, sin poder actuar en la raíz del problema y dando lugar a que ante los ojos de la sociedad hayan ido perdiendo prestigio y ganando descrédito, ya que debido al incremento de la inseguridad, la sociedad empieza a identificarlos y medirlos con el mismo rasero con que juzgan y califican al resto de las autoridades policíacas, que en su mayoría siguen siendo corruptas, como ha quedado en evidencia por su participación en el caso de los jóvenes secuestrados y asesinados en Tierra Blanca, Veracruz (por citar el caso más reciente, y sin olvidar el de Ayotzinapa, Guerrero), crimen perpetrado con la manifiesta y exhibida complicidad de la policía estatal.

Considerando el estado actual de las cosas, no es óbice señalar la urgencia de legalizar las tareas extracuartelarias que desempeñan nuestras FF. AA. a favor de la seguridad ciudadana, dadas las limitaciones legales con las que se ven obligados a actuar y cumplir sin ese respaldo.

Aquí cabe señalar que  la Ley de Secretarías de Estado, en su capítulo correspondiente a las de naturaleza castrense (Marina y Defensa Nacional), les impone la obligación de efectuar tareas de "Acción cívica", consistentes en auxiliar a la población en caso y zonas de desastre.

Haciendo un análisis del significado que se enuncia en el párrafo anterior, se podría inferir la siguiente pregunta�. ¿Qué no constituye un verdadero desastre el crítico estado de indefensión e inseguridad que priva en México?... dado que la actividad ciudadana se desarrolla permanentemente atemorizada por la amenaza de una criminalidad impune, que constituye un grave riesgo a su integridad física y patrimonial, creando un estado de sitio de facto, sobre todo en los territorios que han logrado feudalizar, gracias a la corrupción y complicidad, de la autoridad legal, o bien conseguida comprando las candidaturas a los partidos políticos para convertirse ellos mismos en autoridades.

Ocuparía mucho espacio en este análisis describir las diversas actividades ilícitas de quienes forman las asociaciones criminales (que convierten en zonas de desastre los lugares en donde operan), ya sea "Cobrando piso" a los comercios, "Traficando personas", "Secuestrando para extorsionar", fabricando o sembrando drogas estupefacientes (por señalar los más conocidos),  e imponiendo su ley como si fueran gobiernos paralelos, sobre todo en los poblados con escasa y deficiente comunicación, lugares en donde establecen su "santuario" y siembran mariguana o amapola.

Mientras ocurre lo anterior nuestras FF. AA. cumpliendo con las tareas encomendadas (de naturaleza secundaria al no poder atacar la corrupción rampante), se ven restringidos de actuar y cuando lo hacen es a la vista y conocimiento de las autoridades locales, quienes de antemano informan sobre sus operativos a los criminales, quienes la aprovechan para tomar la iniciativa y ponerse a salvo, o bien para emboscar a los miembros de las FF. AA., como ya ha ocurrido.

Ante estas circunstancias no es posible ganar la batalla contra el crimen organizado ni garantizar la seguridad ciudadana, ya que el enemigo al disponer de información siempre tendrá la iniciativa, provocando que los elementos de las FF. AA. queden a merced de la sorpresa y a la defensiva, todo ocasionado por la complicidad de autoridades traidoras, que parecen jugar al gatopardismo en el que la seguridad ciudadana es resuelta con declaraciones y discursos, sin llegar al meollo del problema que convenientemente no desean resolver,  especialmente en el combate a la corrupción, que mucho se asemeja a complicidad.

Finalmente y como síntesis de este análisis, se puede afirmar que el personal de las FF. AA. comisionado en las tareas de seguridad, actualmente se encuentra atrapado en el juego perverso de las simulaciones y el gatopardismo, instalado desde hace mucho tiempo por los miembros de la clase política, quienes le han asignado responsabilidades en la lucha contra el crimen organizado, pero sin otorgarles la autoridad que debe ser inherente a la responsabilidad que le han asignado, impidiéndoles, da facto y tramposamente, que puedan lograr su cometido dado que para efectuar sus tareas dependen de la coordinación con dichas autoridades, que en la mayoría de los casos, están vinculadas con el crimen organizado, cuyas actividades delictivas (junto con la corrupción, madre de la impunidad), son las responsables de la inseguridad que padece la sociedad mexicana.