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Pensiones: de mal en peor

2017-07-06

Carlos Fernández-Vega, La Jornada

El primer día del presente mes se cumplieron dos décadas de la entrada en vigor del "nuevo esquema pensionario" –propuesto por el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, y aprobado, sin más, por la mayoría prianista en el Congreso–, y al dar el banderazo de salida para el jugoso negocio privado el citado personaje se regocijaba, porque –decía– "se salvaron las pensiones presentes y futuras de los trabajadores".

Veinte años después, el sistema "moderno, ágil y, sobre todo, justo" que Ernesto Zedillo cacareaba aquel primero de julio de 1997 ha colapsado, y a estas alturas el esquema "redentor" de las pensiones "presentes y futuras" de los trabajadores sólo está disponible para cuatro de cada 10 mexicanos en edad y condición de laborar, amén de que las que paga resultan verdaderamente miserables, en vía de empeorar.

En días pasados el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que "la presión que ejerce sobre el gasto público la necesidad de financiar el creciente déficit para el pago de pensiones es uno de los factores que determinarán la magnitud del recorte en el gasto público para el próximo año". El financiamiento de las pensiones, el renglón presupuestal que –según datos oficiales– tuvo el mayor crecimiento dentro del gasto federal en los años recientes, requerirá casi 700 mil millones de pesos en 2017.

Sin embargo, el costo financiero de la deuda pública (fundamentalmente pago de intereses) engullirá un presupuesto similar al que oficialmente se destinará a las pensiones en el transcurso del presente año. El gobierno peñanietista ha endeudado al país hasta la coronilla y, por ende, el pago de intereses es brutal y creciente, pero en Hacienda afirman que el "gran problema" para las finanzas públicas es el pago de pensiones.

¿Cuál es el panorama en este asunto? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados hizo un ejercicio temático (Sistema de pensiones en México, finanzas públicas y mercado de trabajo: pensión digna para quienes trabajaron toda su vida) del que se toman los siguientes pasajes.

Para que una persona registre tiempo de cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro es necesario contar con un empleo formal. Sin embargo, desde hace más de 10 años México tiene una tasa de ocupación en el sector informal de 32.5 por ciento (la tasa de informalidad laboral es cercana a 60 por ciento), prácticamente la misma desde cuando menos 2005.

Sin embargo, cuando menos 12 estados de la República registran una tasa mayor al promedio nacional. Tal es el caso de Oaxaca, donde tal indicador se eleva a 55 por ciento; Guerrero y Tlaxcala, más de 45 por ciento; Chiapas e Hidalgo, 42 por ciento; Puebla y Morelos alrededor de 40 por ciento.

Entre más alta sea la densidad de cotización mayor será el monto acumulado en la etapa de retiro. El salario mensual promedio de un trabajador en el sector formal es de 7 mil pesos mensuales. No obstante, 51 por ciento de los trabajadores dados de alta en el IMSS reportan ingresos de entre 2 mil 400 y 4 mil 800 pesos mensuales (entre uno y dos salarios mínimos). Con esos niveles de ingreso, el gobierno federal debe destinar recursos fiscales para pagarles una pensión mínima garantizada, equivalente a un minisalario mensual.

El principal problema de la economía informal, en el sistema de pensiones, tiene que ver con el hecho de que los trabajadores informales también tienen derecho a una vejez digna. Para los trabajadores informales existen las pensiones no contributivas.

La mayor cantidad de trabajadores que cotizan en el SAR se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, seguidos por los derechohabientes del Issste, en tanto que los que han decidido pagar sus aportaciones tan sólo suman 267 mil. El sistema de pensiones se nutre de la actividad económica atendiendo la clasificación del IMSS. En este sentido, la industria de la transformación, los servicios y el comercio son los sectores que más empleos formales generan (73.4 por ciento del total).

Como resultado de la aplicación de impuestos a las personas físicas y morales, así como de la generación de aprovechamientos y derechos, el gobierno federal ha obtenido cierto volumen de ingresos, que entre 1990 y 2015 han sido siempre menores a 25 por ciento del producto interno bruto. En promedio, el ISR ha representado alrededor de 27 por ciento de los ingresos del gobierno federal, mientras el IVA sólo cerca de 16 por ciento. Debe reconocerse que es necesario ampliar la base gravable mediante una reforma fiscal que no impacte a los mismos de siempre, los empleados formales.

Los recursos acumulados por el SAR son invertidos en los mercados financieros, de acuerdo con la normatividad. Los rendimientos que pagan a los trabajadores por la inversión de sus ahorros han venido a la baja en los últimos cinco años. Actualmente es de 3.92 por ciento para la Siefore básica 1. Los rendimientos están en función de la edad en la que se empezó a cotizar.

Por ejemplo, entre las opciones de inversión de las Siefore se cuenta el papel privado (acciones) y la renta variable. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no da información sobre los proyectos que fueron financiados a través de estos vehículos de deuda y su impacto en el PIB. Sin embargo, cuantitativamente, a partir del análisis de los estados financieros de las empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, ha sido posible determinar que existe una amplia brecha entre las utilidades netas y el pago efectivo de ISR de las empresas altamente capitalizadas, que incluso no siguen una tendencia similar.

¿Cuánto dan a los trabajadores? Más de 28 millones de ellos recibirán una pensión de 2 mil 412 pesos mensuales. Más de 2 millones y medio obtendrán una pensión cercana a 7 mil pesos mensuales. El resto (29 millones) recibirán el monto ahorrado más los rendimientos de sus ahorros menos 1.03 por ciento (correspondiente a la comisión promedio que cobran las Siefore por administrar sus recursos).

Entonces, como se observa el "nuevo" sistema ni lejanamente es "justo" ni garantiza "las pensiones presentes y futuras" de los trabajadores. Eso sí, jugoso negocio para los "administradores" de recursos ajenos.