Formato de impresión

Terremoto y presupuesto; reconstrucción y promesas

2017-09-25

Carlos Fernández-Vega, La Jornada

Gobierno de infinidad de promesas y escasísimo cumplimiento, para el cierre sexenal el peñanietista se "comprometió" a ejercer un presupuesto federal "responsable y con sensibilidad social" (José Antonio Meade dixit). Eso dijo, y más le vale que lo cumpla, porque los furiosos terremotos y huracanes recién ocurridos en el país no sólo sacudieron la geografía y la infraestructura de algunas zonas, sino que hicieron lo propio con el paquete económico para el próximo año, amén de que la siempre solidaria sociedad civil retomó las calles.

El titular de la Secretaría de Hacienda entregó tal propuesta económica al día siguiente del megasismo del 7 de septiembre –los huracanes ya habían dañado poblaciones costeras de Baja California Sur y continuarían por esa ruta, así como al Golfo de México incluido–, y a partir de ese acontecimiento las promesas gubernamentales fluyeron en un volumen más allá de lo "normal", en la creencia de que el daño quedaba allí y siempre recordando que 2018 no sólo será un año electoral, sino el de la sucesión en la residencia oficial. Y para estos efectos, las promesas –junto con el incumplimiento– son la especialidad de la clase política.

Pero dos semanas después, en plena fecha conmemorativa del registrado en 1985, otro terremoto acabó con la ilusión de Los Pinos, porque los daños se incrementaron, y de qué forma, y no hay presupuesto gubernamental que cubra siquiera la mínima parte de la oferta oficial de reconstrucción de las zonas devastadas. Cuando mucho alcanzaría para mantener los albergues medianamente en operación y a los damnificados sin tantas carencias. Pero no más.

Tras el sismo de 1985, el apanicado Miguel de la Madrid prometió lo mismo y más de tres décadas después una buena cantidad de los damnificados de entonces se mantiene en esa circunstancia, aunque integrantes del gobierno, sus amigos de la iniciativa privada y los partidos políticos hicieron pingües negocios políticos, económicos y electorales con el pretexto de la "solidaridad", la "ayuda" y la "reconstrucción".

¿Qué hará el gobierno peñanietista para cumplir con aquello de ejercer un presupuesto "responsable y con sensibilidad social"? ¿Modificará el paquete presupuestal? Dudoso. No hay dinero para la reconstrucción, aunque sí, y un mundo de billetes, para cubrir el costo financiero de la deuda pública. Y de siempre la "responsabilidad" y "sensibilidad" sociales es lo primero que el gobierno tira a la basura.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2017 el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con un remanente de 7 mil millones de pesos. En 2018 se sumarían 9 mil millones y está en veremos la "activación" del llamado "bono catastrófico", que en el mejor de los casos ampararía un monto de 150 millones de dólares. En total (sin considerar que la magnitud del terremoto del pasado día 19 no "cumplió" el requisito de ser de ocho grados o más) alrededor de 18 mil millones de pesos, en números redondos. Ni para arrancar, pues.

Sólo para dar una idea de qué se trata, en 2018 de las arcas nacionales saldrán alrededor de 664 mil millones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública, un monto casi 37 veces superior al que, eventualmente, se destinaría a la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos y huracanes. Ello, con el agravante de que el presupuesto para el débito es intocable, y el destinado a los damnificados una verdadera quimera.

Y el grueso de los presupuestos de los estados afectados por los sismos y huracanes depende en grado sumo de los dineros que canalizados desde el "centro", es decir, del llamado "gasto federalizado", sin olvidar que las entidades de la República se mantienen endeudadas hasta la coronilla y puntualmente pagan exorbitantes cantidades por los intereses generados.

Oaxaca, por ejemplo: de acuerdo con información de la Cámara de Diputados, el "gasto federalizado" representa aproximadamente 90 por ciento de los ingresos brutos totales del estado y alrededor de 69 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios. Y por si fuera poco, Gabino Cué heredó al nuevo gobierno una deuda cercana a 15 mil millones de pesos y alrededor de 2 mil millones por el pago de intereses y comisiones (estas últimas insignificantes si se comparan con los réditos), amén de los casi 9 mil millones que pagará a proveedores y contratistas, más las obligaciones a corto plazo.

Lo mismo sucede en Chiapas, donde 90 por ciento de los ingresos brutos totales del estado y alrededor de 83 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios son aportados por la "Federación". Y está el caso de Morelos: de la misma procedencia es 85 por ciento de los ingresos estatales brutos totales y 66 por ciento de los municipales, y Graco Ramírez de Duarte, su esposa, Elena Cepeda, y su banda de rapiñeros siempre están como viles zopilotes sobre los dineros de la entidad y de la "Federación".

En Puebla la relación es 91-52 por ciento; estado de México 84-71 por ciento y la Ciudad de México –la "más independiente" en esta materia– 53 por ciento (la deuda de la CDMX se acerca ya a 100 mil millones de pesos).

Ese es el triste panorama, y si la "Federación" no tiene con qué cumplir su rosario de promesas en torno a la reconstrucción en las zonas dañadas por terremotos y huracanes, como tampoco la "responsabilidad" y la "sensibilidad social", mucho menos los eternamente dependientes estados de la República, especialmente los más depauperados.

Entonces, ¿de dónde, y sobre todo con quién?, porque, además, ha sido fehacientemente documentado el sucio cuan jugoso negocio entre "autoridades" (federales, estatales y municipales) y constructoras, los miles de permisos otorgados a cambio de jugosas "mordidas", sin importar las consecuencias, que están a la vista de todos. La creciente corrupción en el sector inmobiliario es un verdadero delito de lesa madre, pero ni de lejos desperdiciará la oportunidad de "reconstruir" para hacer más chanchullos.

Las rebanadas del pastel

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, denunció, "y no de oídas", que "elementos del mando único retuvieron tres camiones con víveres que venían a Cáritas (Morelos) y los obligaron a trasladarse a las bodegas del DIF estatal, a cargo de Elena Cepeda, esposa de Graco Ramírez (de Duarte), para que ahí descargaran", lo que "sobrepasa cualquier lógica moral mínima". El error del prelado es suponer que este tipo de ruin fauna nociva tiene "moral mínima"; simplemente no la conoce.