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Las mujeres de América Latina, al alza


2018-03-09

JOAN CAIVANO Y JANE MARCUS-DELGADO | Política Exterior

En las últimas dos décadas, el avance de la participación política de las mujeres en América Latina ha sido espectacular. La región, sin embargo, registra las mayores tasas del mundo en violencia contra las mujeres y mortalidad maternal a causa de abortos ilegales.

Dibujada desde hace tiempo en la mente de muchos por las crisis económicas, el machismo y el tradicionalismo católico, la América Latina de hoy desafía cualquier estereotipo. El continente ha capeado la recesión que estalló en Estados Unidos en 2008, mientras muchos otros países –incluido el gigante norteamericano– tropezaban. El protestantismo evangélico se extiende y gana la partida a la grey católica, al tiempo que desafía la doctrina tradicional del catolicismo sobre el papel de cada sexo. La mujer ha hecho incursiones de enorme peso en espacios tradicionalmente dominados por los hombres –salas de conferencias, tribunales y palacios presidenciales– en todo el continente. El progreso de las mujeres en el escenario político ha sido tan rápido que ha alcanzado cifras con las que en otras partes del mundo solo pueden soñar.

Pese a los impresionantes avances en el ámbito del liderazgo y la élite política, la situación de las mujeres de a pie en otras facetas de la vida sigue plagada de dificultades que tienen su origen en la discriminación por género o que, por alguna otra razón, afectan a las mujeres de manera desproporcionada.

Poder político en femenino

Las mujeres de América Latina y el Caribe han dado pasos de gigante hacia el liderazgo en todas las esferas. Hace poco más de una década, The Inter-American Dialogue publicó un informe acerca de un congreso de mujeres políticas en el que se concluía que en América Latina y el Caribe “las cúpulas del poder siguen dominadas por hombres”. Pero esto ha cambiado. 

En 2007, Michelle Bachelet, Portia Simpson Miller y Cristina Fernández presidían Chile, Jamaica y Argentina, respectivamente. Hoy, Bachelet tiene muchas opciones de resultar elegida de nuevo, mientras que Fernández y Simpson Miller cumplen un segundo mandato. 

Por su lado, Dilma Rousseff en Brasil y Laura Chinchilla en Costa Rica son las primeras presidentas de la historia en sus respectivos países. En todo el continente el número de diputadas ha aumentado un 50 por cien, del 16 al 24, entre 2000 y 2013. Hay mujeres liderando partidos políticos, en consejos de ministros y compitiendo entre sí en elecciones locales y nacionales.

América Latina es la segunda región del mundo por representación femenina en las cámaras bajas (alrededor del 24 por cien), solo por detrás de Escandinavia (42 por cien) y por encima de la media mundial (20 por cien).

Las mujeres también alcanzan cifras récord en los ministerios. Desde 2000, la representación femenina en los consejos de ministros de América Latina ha crecido un 100 por cien, desde el 14 del total de ministros en 2008 al 28 por cien en la actualidad. Este aumento se debe en parte a esfuerzos particulares, como el de Bachelet, que en un primer momento nombró a tantos ministros como ministras en su gabinete, o de la clase política colombiana, el único país del continente con una ley de paridad aplicable también al consejo de ministros. En 2000, Colombia aprobó una ley que obligaba a que la mitad de los cargos políticos fueran ocupados por mujeres.

Asimismo, las mujeres ocupan cada vez más ministerios distintos a los que tradicionalmente se les han reservado, como salud, educación y asuntos sociales. Desde 1985, 22 han ejercido como ministras de Asuntos Exteriores en países de América Latina y el Caribe y 13 han sido ministras de Defensa. Rousseff fue ministra de Energía bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, las mujeres han hecho más progresos en el poder legislativo que en el ejecutivo, tanto a nivel local como nacional. Esto se debe principalmente a las leyes de cuotas diseñadas en toda la región para aumentar el número de mujeres en las cámaras legislativas. En este sentido, 13 países han adoptado leyes de cuotas que establecen un mínimo de entre el 20 y el 50 por cien de participación femenina en las candidaturas de elecciones nacionales. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela han aprobado leyes de este tipo. 

Para su efectividad, las leyes de cuotas deben ser de obligado cumplimiento y han de existir mecanismos de aplicación y un mandato que garantice que las mujeres ocupan candidaturas susceptibles de ser ganadas. Por esta razón, las cuotas son muy adecuadas en sistemas de listas cerradas. Por ejemplo, la Ley de Paridad argentina establece una cuota del 30 por cien y exige que uno de cada tres candidatos incluidos en la lista electoral sea mujer. Dicha cuota alcanza el 50 por cien en Ecuador, Bolivia y Costa Rica.

Las mujeres también ganan terreno en la rama judicial. Como analizaba Sital Kilantry en Americas Quarterly (2012), el porcentaje de mujeres en los tribunales superiores de América Latina ha aumentado radicalmente durante la década pasada, creciendo como media de cero en algunos países en 2000, a entre el 20 y el 35 por cien en 2010. 

La región es la segunda del mundo en número de juezas, superando la media mundial en casi un 10 por cien. Con una representación del 33 por cien, Latinoamérica se equipara con Canadá y EE UU, donde el 32 y el 30 por cien de los jueces federales son mujeres, respectivamente. En el Tribunal Supremo del Caribe Oriental (cuya jurisdicción se extiende a nueve países) el aumento ha sido mucho mayor, pues está compuesto en un 60 por cien por mujeres.

El incremento en la representación femenina en el poder político ha traído consigo un gran volumen de nueva legislación en asuntos como la paridad electoral, la violencia doméstica, la familia y la discriminación laboral. Igualmente se ha producido una mayor sensibilidad en los tribunales hacia las alegaciones fundamentadas en los derechos de la mujer.

Los esfuerzos de movimientos y ONG han sido también vitales a la hora de fomentar la aplicación de leyes que conciernen a las mujeres. En la actualidad, 13 países de la región tienen defensores del pueblo y de los derechos humanos: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. En varios de ellos existen agencias dedicadas específicamente a abordar las violaciones de los derechos de las mujeres.

Además, las convenciones internacionales promovidas por los movimientos de mujeres que suelen citar los jueces han ayudado a asentar una cultura legal más progresista en lo relativo a los derechos de la mujer. Los ejemplos más prominentes son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Inter­americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (convención de Belem do Pará). Las declaraciones de principios internacionales, como la Plataforma de Acción de Pekín, si bien no son vinculantes, suelen ser citadas por los jueces al justificar sus decisiones.

Del dicho al hecho…

Aunque América Latina testimonia un avance sin precedentes en los derechos y la representación política de la mujer, aún quedan por delante muchos desafíos. Las mejoras citadas anteriormente no se dan en todos los países y son fácilmente reversibles. Ningún país ha alcanzado jamás la paridad de sexos en el gobierno. En alrededor de un tercio de los países de la región, las mujeres ocupan todavía menos de un cuarto de los cargos electos en las cámaras legislativas nacionales. Además, muchas mujeres indígenas, afrodescendientes o sin recursos siguen excluidas de la plena participación democrática.

Un problema persistente en América Latina es la brecha entre la ley escrita y su aplicación: el desafío es aplicar las leyes. Existen todavía muchas áreas de desigualdad, como la discriminación laboral, la pobreza y la marginación de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Si bien todas ellas merecen una atención y acción exhaustivas, nos centraremos en dos áreas específicas para ilustrar el trabajo pendiente: la violencia contra las mujeres y los derechos reproductivos, asuntos críticos que demuestran los obstáculos a afrontar para conseguir la igualdad real de género.

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema de derechos humanos y salud pública en todo el mundo. Se trata de un delito especialmente extendido en América Latina. Desde el acoso sexual en el lugar de trabajo al feminicidio, su forma más extrema, los ataques contra las mujeres se producen en las esferas tanto pública como privada. Las cifras varían entre países, dentro de cada uno y de un estrato socioeconómico a otro. En cualquier caso, no hay ningún área o población femenina completamente libre de violencia.

Por desgracia, América Latina es una de las regiones del mundo con mayores tasas de violencia contra las mujeres. Con demasiada frecuencia, aparece en el hogar: el problema va del abuso psicológico a las agresiones físicas. Las embarazadas son especialmente vulnerables a estos abusos, a menudo con graves consecuencias médicas para sus futuros.

Las mujeres latinoamericanas se enfrentan a dos obstáculos crónicos a la hora de escapar de la violencia en sus vidas: la muy extendida pobreza y la ausencia de apoyo por parte de las autoridades. Otros factores son el desplazamiento por culpa de conflictos armados (y la violencia contra las mujeres asociada a ellos), los ataques dirigidos contra indígenas y afrodescendientes, los ataques contra mujeres que ejercen determinadas profesiones y, cada vez más, el tráfico de seres humanos. 

Las condiciones económicas con frecuencia obligan a miles de mujeres a permanecer en ambientes domésticos en los que sufren acoso o a buscar trabajo en situaciones precarias o peligrosas. A menudo arriesgan la vida en la búsqueda de trabajo pero no encuentran apoyo ni protección de las fuerzas de seguridad del Estado.

El ejemplo más extremo de esa violencia son los asesinatos de cientos de mujeres en la frontera entre México y EE UU desde los años noventa. En esa década se estableció un constante flujo migratorio de mujeres, en su mayoría jóvenes, que acudían a trabajar en las maquilas del norte. Muchas cayeron en las redes del crimen organizado, las bandas y la violencia relacionada con el narcotráfico, así como en el abuso intrafamiliar. Pronto quedó claro que esas muertes no eran sucesos aleatorios propios de un territorio fuera de la ley: se trataba de asesinatos de género. Publicados los primeros informes sobre feminicidios en México, la atención se centró en la propagación de estos crímenes en toda la región.

El feminicidio se ha definido estrictamente como el asesinato de mujeres por compañeros actuales o pasados, cónyuges y también, en su sentido más básico, el del “asesinato de mujeres y niñas por su condición femenina” (la feminista Diana Russell acuñó el término en su trabajo Feminicidio: una perspectiva global, 2001). Aproximadamente la mitad de los 25 países del mundo con tasas de feminicidio más altas (al menos tres por 100,000 mujeres) son latinoamericanos. 

El desglose de datos muestra que la situación es aún más cruda: El Salvador encabeza la lista, con 12 feminicidios por 100,000 mujeres entre 2004 y 2009; Jamaica y Guatemala le siguen de cerca, con 11 y 10, respectivamente. Como informó la secretaría de la Declaración de Ginebra en 2011, en todos los países hay zonas donde se da una tasa de asesinatos de género excesivamente altas, como Ciudad Juárez, en México, donde alcanzó el 19 por 100,000 mujeres en 2009, o el Estado de Espirito Santo en Brasil, que en 2008 alcanzó una tasa de 11.

En los últimos años, los gobiernos y cuerpos de seguridad del Estado han reconocido la gravedad de los feminicidios, gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, las organizaciones de derechos de las mujeres y otras ONG, así como a la cada vez mayor concienciación social. Varios gobiernos de la región han comenzado a elaborar y publicar estadísticas sobre asesinatos de género y hay indicios de que poco a poco las denuncias se toman más en serio y los responsables son llevados ante la justicia.

En general, no obstante, los delitos que ponen en peligro la salud y seguridad de las mujeres no reciben la atención adecuada. La región ha adoptado una impresionante batería de leyes y políticas para proteger a las mujeres, que sin embargo no cuentan con recursos humanos, financieros ni herramientas educativas suficientes, toda vez que las autoridades no garantizan en todos los casos el cumplimiento de la ley.

El debate acerca de los derechos reproductivos presenta un reto similar. La defensa de estos derechos abarca un amplio espectro de cuestiones que van de la planificación familiar a la salud maternal, pasando por todo lo relativo a fecundación y embarazo. En América Latina, dada su relación histórica con la iglesia Católica y el extendido conservadurismo cultural, el derecho al aborto sigue siendo una cuestión controvertida. 

Cada vez más mujeres interrumpen su embarazo por razones diversas, y la gran mayoría se somete a intervenciones ilegales que se realizan en condiciones inadecuadas. La mortalidad maternal derivada de abortos ilegales en América Latina es la más alta del mundo, pero la mayoría de los líderes políticos de la región se obstinan en no despenalizar la práctica del aborto.

El derecho a elegir de las mujeres brilla por su ausencia a lo largo y ancho del continente, pero se estima que anualmente abortan más de cuatro millones y que el 95 por cien de las intervenciones son ilegales y poco seguras. En Chile, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua, el aborto constituye delito en todos los casos, incluso los de violación, incesto o cuando la vida de la madre corre peligro. 

Según el Guttmacher Institute, aproximadamente un millón de mujeres latinoamericanas son hospitalizadas cada año debido a complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones poco seguras. Es también conocido que en áreas con leyes restrictivas el número de mujeres que buscan abortar es mucho mayor, a pesar de que la morbilidad también lo es.

Al estudiar el estado de la legislación sobre aborto en América Latina, apenas si se encuentra correlación entre el aborto legal y el nivel educativo, el estatus económico del país o el sexo o ideología política de su líder. Por ejemplo, en las últimas décadas los países que han tenido presidentas (como Argentina, Chile o Brasil) no han dado pasos más relevantes hacia la legalización del aborto que el resto de países. De igual modo, los presidentes “de izquierdas”, como el nicaragüense Daniel Ortega (exoficial sandinista) o el uruguayo Tabaré Vázquez (del Frente Amplio), adoptaron acérrimas posturas antiabortistas. Ortega ganó las elecciones prometiendo la prohibición total del aborto, la cual aplicó, y en 2010 Vázquez vetó una propuesta de ley sobre la legalización del aborto aprobada por el Parlamento de su país. 

Fue el sucesor de Vázquez, José Mujica (también progresista), quien despenalizó el aborto al poco de tomar posesión de su cargo. En octubre de 2012, firmó la ley que deroga las sanciones penales por abortar durante el primer trimestre de gestación, plazo que se prorroga hasta la decimocuarta semana en caso de violación. De esta manera, Uruguay se convertía en el segundo país latinoamericano (tras Cuba) en permitir abortos legales con escasas restricciones. No obstante, si bien la medida facilita el procedimiento, la ley estipula una serie de obstáculos que dificultan mucho el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo. 

Un informe publicado por Human Rights Watch en 2012 los resume así: “La ley exige que las mujeres que soliciten un aborto, informen a un médico en qué circunstancias se produjo el embarazo y cuáles son las dificultades económicas, sociales o familiares que les impedirían continuarlo. (…) El médico deberá consultar a un equipo interdisciplinario integrado por un mínimo de tres profesionales, incluido al menos un ginecólogo, un profesional de salud mental y un especialista en asistencia social. El equipo interdisciplinario debe reunirse con la mujer para brindarle información acerca de la ley, el procedimiento de aborto y (…) sobre alternativas al aborto y se le ofrecerá apoyo psicológico e información. (…) Después de esta reunión con el equipo, la ley establece un periodo de espera de cinco días para que la mujer pueda reflexionar antes de confirmar su decisión de llevar adelante el aborto”. Sin ser una ley prohibitiva, estas restricciones son difíciles de salvar para las mujeres, especialmente aquellas de áreas rurales o escasos recursos.

Al despenalizar el aborto, Uruguay se ha unido al escueto club de países y ciudades latinoamericanas que avanzan lentamente hacia la expansión de los derechos reproductivos. Las miles de organizaciones proabortistas del continente, los movimientos de base, los legisladores progresistas y los defensores de los derechos reproductivos han logrado que se aprueben leyes en algunas áreas clave. Entre las más notables figuran, por un lado, la decisión tomada en 2006 en Colombia, cuya Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos específicos, alegando que el país debe cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos de los que es signataria, y por otro la legalización del aborto en Ciudad de México en 2007, al calor de la decisión tomada el año anterior por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto del caso Paula Ramírez. Tras esa decisión se ordenó al gobierno mexicano indemnizar a una víctima de violación a quien se negó el aborto y obligó a adoptar pautas para la creación de reglamentos claros sobre el acceso al aborto en caso de violación.

En todos estos casos, sin embargo, las decisiones tomadas han suscitado las correspondientes reacciones: las fuerzas antiabortistas trabajan codo con codo con las parroquias y diócesis, que reciben apoyo de instituciones globales, principalmente la iglesia Católica.

Expectativa por unos derechos de la mujer incluyentes

El estatus de las mujeres en América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada. Han hecho una enorme conquista al acceder al poder político, debido en parte a las leyes de cuotas, a la reforma de códigos civiles discriminatorios y a la aprobación de otras leyes de género. Al mismo tiempo, las conquistas de las mujeres que ocupan el poder son difícilmente accesibles para otras menos privilegiadas, independientemente de sus ingresos o estatus social. 

Las desigualdades perduran para las mujeres de distintos sectores en el continente y amenazan su salud y bienestar. Por ejemplo, las consecuencias del aborto en condiciones poco seguras se ceban en las mujeres del medio rural o con pocos recursos. Tal injusticia debe ser estudiada a través del prisma de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

Los recursos, la educación, el impulso político a la hora de aplicar la ley y los servicios públicos en apoyo a las mujeres siguen siendo lamentablemente inadecuados en la región. El poder de las mujeres aumenta rápidamente en América Latina, pero no debe obviarse el próximo desafío: garantizar que sus considerables logros se emplean para beneficio de todo el mundo y que sus réditos son compartidos.



yoselin


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