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Debemos ayudar a los refugiados venezolanos

2018-08-30

Geoff Ramsey y Gimena Sánchez-Garzoli, The New York Times

Una mañana reciente de agosto, en un comedor comunitario administrado por una iglesia de Cúcuta, Colombia, Carolina, una refugiada venezolana, describió su apremiante situación. Su tono de voz dejaba ver su conmoción y agotamiento.

En Venezuela, dijo: “Tenía un buen trabajo como archivista y mi esposo tenía terrenos”. “Nunca nos imaginamos que podríamos terminar así”. Sentada, con ropa desgastada y la mirada perdida en la distancia, sostenía un pan y una pequeña taza de café con leche.

Nicolás Maduro, el presidente venezolano, ha puesto a su país en una posición preocupante. Este verano, la crisis política y social alcanzó nuevas dimensiones. Dado que no se ve una solución próxima, los venezolanos están huyendo de su país de manera masiva para asentarse en las naciones vecinas. En la Casa de Paso Divina Providencia —donde hablamos con Carolina—, del lado colombiano de la frontera, unos 2500 venezolanos hacen fila todos los días para recibir un desayuno y almuerzo sencillos. Para muchos de ellos, estas son sus únicas comidas regulares.

En respuesta a la crisis que se vive en Venezuela y las necesidades de quienes salen de su patria, como activistas defensores de los derechos humanos, hemos viajamos con regularidad a la frontera entre Colombia y Venezuela. Se calcula que más de un millón de venezolanos han entrado a Colombia, por lo que el país se ha convertido en un punto central en esta crisis humanitaria.

La situación de los venezolanos que atraviesan la frontera es cada vez más desesperada; venden todas sus posesiones con tal de escapar de condiciones insostenibles. La hiperinflación que sufre Venezuela ha reducido sus ahorros a un puñado de monedas y lo poco que logran reunir no es suficiente para vivir. Algunos padres que solían trabajar para mantener a sus hijos tienen que recurrir a medidas extremas: hemos visto a varias mujeres vender su cabello en la frontera a cambio de dinero en efectivo.

Los problemas de salud urgentes de muchas de las personas que cruzan la frontera se deben a que no pueden conseguir medicamentos ni vacunas en casa. Una encuesta identificó 16.812 casos de afecciones crónicas de salud entre los venezolanos que se encuentran en Colombia y reveló que más de una tercera parte de las familias venezolanas afirman que en algún momento en los últimos tres menos no tuvieron alimentos.

Como las instituciones venezolanas no funcionan, solo consiguen pasaportes quienes pueden pagar hasta mil dólares en el mercado negro a un gestor ilegal con conexiones oficiales. Debido a las restricciones fronterizas que implementó Colombia en febrero, ahora muchos venezolanos ingresan al país sin documentos.

El gobierno colombiano se ha resistido a ofrecer alojamiento temporal a los venezolanos que carecen de recursos para trasladarse a otro lugar. Solo existe un albergue administrado por el Estado en la frontera y, aunque tiene capacidad para 240 personas, está casi vacío. Como advertimos en un informe reciente, este albergue solo está abierto para una pequeña minoría de venezolanos que tienen pasaporte y pueden demostrar su intención de que continuarán su viaje a otro país.

Algunas misiones católicas ofrecen ayuda, pero solo pueden cubrir las necesidades más urgentes. En consecuencia, los venezolanos que se encuentran en la frontera colombiana duermen en las calles o pagan renta por un espacio en el piso de las viviendas hacinadas de algunos residentes emprendedores. Las tensiones van en aumento y, cada vez más, los venezolanos son víctimas de ataques motivados por la discriminación.

Por si fuera poco, la ley colombiana no otorga la ciudadanía a los hijos de extranjeros que no son residentes legales. Muchos de los refugiados no pueden demostrar su ciudadanía venezolana, por lo que sus hijos nacidos en Colombia corren el riesgo de no tener patria. Si no cuentan con alguna nacionalidad, todos los derechos humanos fundamentales están amenazados.

Después de llegar a Colombia, muchos venezolanos prosiguen su viaje a Ecuador, Perú y otros países del Cono Sur. Otros también se dirigen al este para cruzar la frontera brasileña o bien al norte, rumbo al Caribe. Sin embargo, Colombia sigue siendo el principal destino de inmigrantes y refugiados venezolanos, por lo que el país se ha convertido en una especie de guía regional sobre cómo reaccionar a la crisis. Desde hace algunos días, Ecuador y Perú siguieron el ejemplo de Colombia y les cerraron sus fronteras a los venezolanos que no tienen pasaporte. Las autoridades del estado brasileño fronterizo de Roraima solicitaron a su gobierno nacional que haga lo mismo.

A medida que se prolonga el éxodo, también aumentan las probabilidades de debilitar el proceso de paz colombiano. Como parte del acuerdo con las Farc, Colombia se comprometió a mejorar los servicios que tanto necesitan las comunidades marginadas; la llegada de los refugiados venezolanos complica su concreción. A la comunidad internacional y el gobierno colombiano les conviene encontrar una solución que cubra las necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos, y que se complemente con el proceso de paz.

Antes de abandonar el cargo el 7 de agosto, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos anunció un plan para otorgar el estatus de residentes temporales a 400,000 venezolanos inscritos en un registro nacional, gracias a lo cual podrían tener acceso a seguro de salud, educación y empleo. Tal medida es un paso importante, pero no cubre las necesidades de todos los venezolanos que se encuentran en el país, y mucho menos de las 5000 personas que, se calcula, han cruzado la frontera hacia Colombia cada día desde el anuncio del plan.

En el nuevo gobierno del presidente Iván Duque, Colombia puede darle un giro a la situación con una actitud compasiva hacia los venezolanos que deciden huir del infortunio. Con más ayuda de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, el gobierno colombiano podría encabezar proyectos regionales de protección y ayuda a los venezolanos que han abandonado su país. Tras años de lidiar con problemas de derechos humanos y desplazamiento a raíz de su propio conflicto interno, Colombia ha acumulado una enorme experiencia que puede aportar a esta intención.

El gobierno de Duque propuso la creación de un enviado especial de las Naciones Unidas dedicado a las necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos. Es un paso importante, pero Colombia no tiene que esperar a que la Organización de las Naciones Unidas le ponga el ejemplo. Concederles la calidad de residentes legales a los venezolanos que no pudieron aprovechar el proceso de registro reduciría el grave riesgo de que algunos niños no tengan nacionalidad. Colombia también podría volver a emitir tarjetas de movilidad fronteriza que les permitan a los venezolanos ingresar de manera temporal para comprar artículos esenciales y medicamentos.

Demostrar liderazgo en esta crisis no será fácil para Colombia, y requerirá más financiamiento de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de la comunidad internacional. Colombia también debe estar preparada para convocar a la sociedad civil y a las organizaciones de ayuda humanitaria a ampliar sus operaciones en la frontera. Con esa idea, las autoridades colombianas y los donadores internacionales también tendrán que garantizar que los recursos esenciales destinados al proceso de paz no se desvíen a estos otros proyectos.

El apoyo a los venezolanos que atraviesan una emergencia humanitaria no se limita a denunciar las condiciones de las que escapan. Debe combinarse con el compromiso de defender y restaurar sus derechos dentro del país y en los lugares a los que llegan. La aceptación que Colombia y el resto del hemisferio les demuestren a los migrantes y refugiados pondrá de manifiesto que el compromiso adquirido con los venezolanos no termina cuando salen de su patria.