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Por los cielos': Cómo se disparó el cultivo de coca en Colombia

2018-09-21

Por NICHOLAS CASEY

MEDELLÍN — En Colombia hay más tierra apartada para producir la planta de la cual se deriva la cocaína que nunca antes en su historia, de acuerdo con un nuevo informe de Naciones Unidas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dijo en su reporte que los cultivos de coca sumaron 171,000 hectáreas en 2017, un área mayor que toda la que ocupa la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Eso representa un aumento de 17 por ciento respecto al año anterior y se añade a una tendencia alarmante: cada año desde 2013, la tierra usada para el cultivo de coca ha crecido; en promedio, 45 por ciento según el reporte. El cultivo también es tres veces más productivo que en 2012, de acuerdo con la agencia.

Son cifras que provocan una “preocupación inmensa”, dijo el ministro de Defensa Guillermo Botero. “Es una curva que va en ascenso permanente y que no ha encontrado su punto de inflexión. Eso es lo que más nos preocupa”.

Las cifras son similares a las compartidas en un informe de Estados Unidos en junio y ponen presión sobre el presidente Iván Duque para ir contra los campesinos de la coca mientras se enfrenta a una paciencia cada vez menor desde Estados Unidos. (Ese gobierno es el mayor aliado colombiano en la guerra contra el narcotráfico; le ha dado más de 10,500 millones de dólares desde 2000).

Los hallazgos son un golpe a la percepción de que Colombia ha empezado a salir de sus batallas dobles contra las drogas y los grupos armados que las trafican. Los niveles de producción cocalera muestran que el gobierno nunca terminó de recuperar el control de los territorios ocupados por grupos rebeldes cuando firmaron los acuerdos de paz de 2016, a decir de expertos. Además, si la producción cocalera aumenta, los grupos criminales que gestionan el comercio tienen financiamiento con el cual enfrentarse al Estado.

El aumento se da incluso cuando ha habido avances importantes en el combate a los narcotraficantes en Colombia.

Han pasado más de veinticinco años desde que el capo Pablo Escobar fue abatido en Medellín, con ayuda de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y en 2016, la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmó un acuerdo de paz con el gobierno y prometió dejar el narcotráfico.

Adam Isacson, quien estudia temas de seguridad para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que aunque Colombia ha asestado golpes contra las organizaciones de tráfico, no ha podido invertir lo necesario para que miles de colombianos pobres dejen de depender del cultivo de coca.

“El Plan Colombia estuvo demasiado enfocado en soluciones a corto plazo”, dijo. Entre ellas, la fumigación aérea de cultivos ilícitos y la captura de dirigentes de carteles para su extradición.

Duque, quien asumió el mandato en agosto, ahora enfrenta mayores presiones para atender la explosión en el cultivo ilícito. El presidente estadounidense, Donald Trump, visitará el país en diciembre, su primer viaje de Estado a un país latinoamericano. Y Trump envió a Nikki Haley, embajadora de su país ante la ONU, para reunirse con Duque en la toma de posesión. Haley llegó con el mensaje de que la principal preocupación de Washington para la relación es detener la producción de drogas en Colombia.

Duque dijo que en los próximos días presentará un nuevo plan para combatir el narcotráfico que “fortalezca las capacidades de interdicción aérea, marítima y terrestre” y con el cual se buscará “desarticular por completo las redes de suministro tanto de precursores como de insumos”.

Hasta ahora no ha dado más detalles, pero muchos están pendientes de si aumentará el uso de fumigaciones aéreas, técnica que fue suspendida por un tiempo por su antecesor Juan Manuel Santos por las preocupaciones de que el agente, glifosato, pudiera ser cancerígeno. (Santos, ante presión estadounidense, dijo poco antes de dejar el cargo que permitiría reanudar las fumigaciones).

Los grupos de defensa de derechos humanos y campesino colombianos han criticado desde hace mucho tiempo fumigaciones, no solo por preocupaciones de salud sino porque arrasan con todos los cultivos en una zona, no solamente los ilícitos, y dejan sin comida a campesinos.

Muchos funcionarios, sobre todo en Estados Unidos, han hecho notar que el aumento en la producción cocalera se dio por los momentos en los que Santos detuvo las fumigaciones y aseguran que es una herramienta clave para detener los cultivos ilícitos.

Jeremy McDermott, codirector de la fundación InSight Crime, que monitorea actividades delictivas, dijo que reanudar las fumigaciones reduciría la producción de hoja de coca en el corto plazo, pero que podría ser contraproducente al orillar a los campesinos a retomar alianzas con grupos rebeldes disidentes, que han regresado a procesos de narcotráfico desde que se firmó el acuerdo.

“Si quieren reclutar y reforzar sus bases territoriales de nuevo, no hay mejor herramienta que la fumigación aérea de cultivos”, dijo McDermott.

Los grupos disidentes que se han rearmado parecen envalentonados: el jueves los luchadores disidentes mataron a tres empleados de la empresa minera colombiana Continental Gold, según reportó el gobierno.

McDermott dijo que también será difícil atajar los cultivos de coca en Colombia porque los matorrales plantados en años previos se encuentran en su punto de maduración.

“La cosecha por hectárea está por los cielos” en este momento, dijo.

Los expertos también dicen que el prometido programa de sustitución de cultivos, parte de los acuerdos de paz, ha producido consecuencias imprevistas. Cuando los campesinos que cultivaban otras cosas notaron los beneficios de los subsidios que recibían quienes antes plantaban coca, muchos comenzaron a hacerlo solamente para que el gobierno les pagara por sustituir el cultivo.

Y en los casos en los que el gobierno no cumplió totalmente con los subsidios, muchos continuaron con el cultivo ilícito.

“Una de las razones por la cual esto creció tanto a partir de 2013 fue, sin duda, el proceso de paz”, dijo Hernando Zuleta, profesor de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Asimismo, conforme el gobierno intenta recuperar el control de tierras de las que se retiraron los guerrilleros con el pacto de paz, se ha topado con el reto de que muchos de los cultivos no son de grupos ahora desarmados, sino de grupos de sociedad civil y de sindicatos campesinos.

En ocasiones, los enfrentamientos resultantes han sido mortíferos. En octubre pasado, por ejemplo, campesinos bloquearon el paso a militares que querían ingresar a zonas de cultivo en la ciudad sureña de Tumaco y un oficial abrió fuego; murieron varios civiles.

Y hay quienes estiman que esos choques podrían empeorar si hay intentos de acelerar la erradicación de la coca.

“Habrá más incidentes violentos”, estimó Isacson, el analista de WOLA.