Formato de impresión

La consulta sobre el NAIM y su significado real

2018-11-01

Por Mauro González Luna, Proceso 

Alarma sin duda la forma en que algunos editorialistas e intelectuales abordan el tema de  la decisión tomada por el poder Ejecutivo entrante de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM), a raíz del resultado arrojado por la  consulta popular convocada para que el pueblo eligiera entre Texcoco o Santa Lucía. El análisis que hacen ellos es en unos casos ingenuo, en otros, zalamero, y en ambos, superficial en extremo.

Veamos. La interpretación que le dan algunos a dicha decisión es que sirvió para saber quién manda efectivamente, es decir, que se trata de un “round” ganado por los convocantes en la pugna entre gobierno entrante y cúpulas empresariales. Otros señalan que la reacción de tales cúpulas descalificando la medida, es con el fin táctico de calar a la autoridad electa, ya en funciones reales de gobierno aun antes de tomar posesión formalmente.

El problema de fondo no es saber quién manda, o si es un “round” de una pugna entre rivales, o si los empresarios están calando al entrante. No, esa no es la cuestión, sino otra muy distinta de gravedad crítica. Los tiempos que corren exigen una reflexión objetiva, seria y honda del sentido de la decisión tomada en el contexto de las circunstancias.

Son tiempos convulsos por la actitud insolente de los energúmenos racistas del país norteño, por la inseguridad, la violencia, el hambre, la desigualdad, prevalecientes en México, por el éxodo de migrantes forzados a dejar su tierra natal y a buscar refugio y porvenir, porque sus vidas peligran, porque si se quedan en su patria, sus hijas son violadas, sus hijos enrolados en las maras o sacrificados por el crimen organizado, porque sus condiciones económicas son de miseria.

No se trata de ver quién manda. Eso es evidente en un régimen que se considere medianamente democrático. Se trata de ver cómo se ejerce el poder obtenido a través del voto, si democráticamente o no, si conforme a derecho o no.

Esa es la cuestión que se resume en el principio de la legitimidad de ejercicio del poder político frente al de la legitimidad de origen. Muchos regímenes han llegado democráticamente al poder mediante el voto tantas veces emocional de las masas mayoritarias, y después al ejercerlo de manera facciosa contraria al bien común, esos regímenes se deslegitiman para desgracia de la nación.

El derecho legitima al poder político; si al primero se le hace a un lado con desprecio, se está ante la pura fuerza, ante el mandato desnudo. Si el poder político se subordina al derecho, entonces lo político entra, dice Recaséns Siches, en el ámbito de los valores de la cultura, y se transforma en autoridad, en ordenamiento racional, justo, por lo que el pueblo le otorga su consentimiento. La coerción solo sirve de auxiliar de la ley, en casos de resistencia al ordenamiento, pero no es lo esencial del mismo, sino su justicia que persuade y justifica la obediencia libre.

Por eso, no basta que un gobierno cuente con la legitimidad de origen, necesita, invariablemente, convalidarla con la del ejercicio del buen gobierno.

“Hay que gobernar bien para lograr el único orden posible, el de la justicia”, sentenció Camus en 1945. Para ejercer el poder democráticamente primero que nada debe ceñirse éste al derecho y a sus fines: justicia, seguridad y bien común o solidaridad. Un ingrediente fundamental de la gestión del bien común por parte de la autoridad, es el fomento del ambiente propicio para que, a través del discurso racional, no del capricho o de la ocurrencia o del interés particular, se resuelvan los grandes problemas de un país, con el fin de que el argumento más sensato para resolverlos, sea el que prevalezca (Habermas).

Pues bien, la consulta convocada por el poder entrante no fue democrática, no fue conforme a derecho. Se incumplieron flagrantemente los requisitos mínimos establecidos por las leyes federales sobre consultas públicas. No fue legal precisamente porque las autoridades electas deben ajustarse al régimen constitucional de obligaciones mínimas y derechos máximos. Ello significa que solamente pueden actuar estrictamente conforme a las facultades que el derecho les otorgue en su caso. Y no se ajustaron.

Aunque electas, son autoridades y ya no pueden apelar al principio que aplica a los ciudadanos particulares, de que lo que no está prohibido les está permitido, principio que deriva de que la Constitución establece para ellos, los particulares, deberes máximos y derechos mínimos. Y por otro lado, tampoco es legal porque de inicio, la materia de la consulta es de naturaleza técnica por lo que debió ser debatida en su momento, por expertos especializados en las diferentes vertientes del asunto, convocados por el nuevo gobierno. No debió ser ello objeto de una consulta popular, por evidencia inapelable.

A mayor abundamiento, en puridad, el gobierno entrante ya está ejerciendo el poder, fuera de tiempo, pero ejerciéndolo con decisiones de gobierno que tienen consecuencias jurídicas, políticas y económicas para todo mundo. Más cuando el resultado de dicha consulta fue la base para la decisión de gobierno de cancelar la obra del NAIM.

Entonces, debió cumplirse con la Constitución y la ley. Es patético al respecto, lo dicho en el Senado con motivo del debate sobre dicha consulta, por un expanista convertido ahora en fanático morenista: que dicha ley federal de consultas populares, es digna de ser pateada en palabras menos en palabras más. ¡Qué legisladores de pacotilla! ¡Que insolencia, la de la saciedad de poder que hace escarnio del ciudadano y de la ley!

Y no fue democrática porque no fue legal ni representativa por el número ínfimo de casillas y boletas en el contexto del padrón electoral.  Además, fue inducida, sin controles ni supervisiones al contarse los votos. Al ser la materia de la consulta al pueblo de índole técnica, altamente especializada, resulta ser la misma, un instrumento de adulación propio de los regímenes demagógicos tan bien estudiados por Aristóteles en su Política, hace dos mil quinientos años, pero vigente en todo su alcance en el tema que nos ocupa, ya que el poder y su naturaleza siguen en lo sustancial siendo lo mismo.

Se adula al pueblo en todo momento y para toda materia, con el propósito de que la masa irreflexiva al servicio del mito, reproduzca mansamente la voluntad y las decisiones del gobernante en turno. Y la consecuencia es que el derecho de verdad, es reemplazado por los plebiscitos populares que reflejan invariablemente la voluntad de los caudillos y sus aliados de siempre.

Los grupos oligárquicos por regla, tarde o temprano se doblegan ante el poder, pues su dios es el dinero, nunca por naturaleza el decoro. Al nuevo gobierno lo rodea celosamente un selecto grupo de neoliberales deseosos de encumbrarse en el escalafón del poder y ¡qué poder! Ya se palpa pues no hay contrapesos, es un poder prácticamente absoluto con sus fiscales no independientes y su Ley de Seguridad Interior a punto de estrenarse.

La consulta pasada sobre la viabilidad técnica del NAIM, en suma, es precursora de la convocatoria de muy factibles plebiscitos de otro alcance. De hecho, esa probabilidad -no desmentida. por cierto-,   ya la están señalando instituciones de dentro y fuera del país. Es imperdonable la ceguera e ignorancia culpable de tantos seudointelectuales y editorialistas. Y más detestable, la zalamera actitud de otros. Hay, no obstante, quienes, en los medios, han asumido una actitud inteligente, crítica y valiente, digna de elogio y esperanza.

Ojalá que haya una rectificación en la manera en que apunta el ejercicio del ya actuante poder electo, pero es remota, ya que como dice Francisco de Quevedo, en política, cuando así se comienza, así se acaba. Tiempo de penuria, de reflexión, de oración, de resistir con armas pacíficas, con la palabra y la conducta insobornables que no se suman al rebaño.  La filosofía es arma poderosa porque enseña a identificar y comprender los escollos, las negras sombras que se tienden sobre la libertad.