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La justicia en México: dieciséis años en prisión preventiva sin sentencia

2018-11-13

Por PAULINA VILLEGAS, The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — El tiempo parece haberse detenido en el interior de la celda número seis del penal estatal de Barrientos, donde Daniel García ha estado recluso durante más de dieciséis años sin una sentencia.

Su percepción distorsionada del tiempo se hizo evidente hace más de una década, cuando les envió a sus hijas una casa de muñecas como regalo, aparentemente inconsciente de que habían llegado a la mayoría de edad desde 2002, cuando él fue acusado de homicidio y privado de la libertad.

García se encuentra inmerso en las trampas jurídicas del anticuado sistema de justicia penal mexicano, el cual permitió que los acusados de delitos que van del homicidio a las infracciones leves fueran retenidos de manera indefinida mientras sus casos tardaban años en procesarse.

El gobierno mexicano no lleva un registro del tiempo promedio que los presuntos culpables como García pasan en detención previa al juicio. No obstante, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que revisó su caso, ha catalogado su arresto como “arbitrario” y ha descrito el uso de la prisión preventiva en su caso como “totalmente excepcional”.

El grupo de trabajo ha exhortado al gobierno mexicano a que libere a García de inmediato, pero el gobierno ha ignorado la recomendación y ha culpado por el retraso a los más de quince recursos de apelación presentados por la defensa del acusado.

“El argumento del Estado es un disparate”, comentó José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “El sistema mexicano de justicia castiga a la gente por defenderse de ir a la cárcel”.

El caso de García es extremo, pero dista de ser el único. Casi el 40 por ciento de los 204.442 reos en México estaban en prisión previa al juicio desde marzo, según la base de datos World Prison Brief que compila el Instituto para la Investigación de Políticas Penales en el Reino Unido.

Una reforma del sistema de justicia, aprobada en 2008, dio esperanza a prisioneros como García, quienes languidecían en prisión sin juicios completados ni sentencias pronunciadas y habían sido arrestados conforme a las normas anteriores.

La meta era transformar un proceso lento y opaco en el que los juicios sucedían a puerta cerrada y en el que la evidencia se obtenía frecuentemente mediante tortura, confesiones forzadas o pruebas fabricadas, en un proceso basado en juicios que se llevan a cabo en audiencias públicas, con un estándar más elevado para las pruebas y un pronunciamiento más rápido de resoluciones y sentencias.

La reforma judicial también limitó el tiempo que los sospechosos podían estar en detención preventiva y permitió el uso de medidas alternativas como el arresto domiciliario o los brazaletes electrónicos.

Estados Unidos proporcionó cientos de millones de dólares para facilitar la transición al nuevo sistema, cuya finalidad era frenar la corrupción, aumentar la confianza popular en el sistema de justicia y ayudar a fortalecer el Estado de derecho.

No obstante, el caso de García, al igual que muchos otros que iniciaron antes de la reforma de justicia penal, continuará conforme a las normas anteriores, incluso aunque los defensores de los derechos humanos y los expertos en justicia penal digan que ejemplifica las fallas del sistema anterior.

El caso inició en febrero de 2002, cuando García fue arrestado en Atizapán de Zaragoza, un poblado en el Estado de México, 24 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, y fue acusado de ordenar el homicidio de María de los Ángeles Tamés Pérez, la regidora del municipio de Atizapán que había sido asesinada cinco meses antes.

Poco después de la aprehensión de García, y antes de que comenzara su juicio, Alfonso Navarrete Prida, quien entonces era fiscal general del estado y actualmente es secretario de Gobernación del país, apareció en televisión acusando a Antonio Domínguez, entonces presidente municipal de dicha población, y a García, su secretario privado, del homicidio y de narcotráfico.

Esto fue el comienzo de lo que García describió como un intento de usarlo para construir un caso contra Domínguez.

Las entrevistas con los abogados involucrados y una revisión de los documentos judiciales por parte de The New York Times dieron lugar a serias dudas sobre este caso.

García testificó ante un tribunal que, en el momento de su aprehensión, un agente del ministerio público local comentó que no había pruebas en su contra, pero exigió su colaboración para inculpar a Domínguez. Cuando García se negó a hacerlo, el agente del ministerio público amenazó con meterlo a él y a otros miembros de su familia a la cárcel.

En los meses siguientes, cuatro familiares de García, incluido uno de sus hermanos y su padre —ambos empleados del ayuntamiento municipal—, fueron arrestados y acusados de ser cómplices del homicidio. Poco después se les exoneró y se les dejó en libertad.

El abogado de García, Simón Hernández, del Instituto de Justicia Procesal Penal, una asociación mexicana de la sociedad civil experta en los derechos humanos del proceso penal en Ciudad de México, mencionó que la intimidación de este tipo es común. El sistema de justicia penal en el Estado de México es uno de los más fallidos y corruptos del país, según World Justice Project.

En un inicio, el caso se basó en el testimonio de tres testigos que afirmaron que habían escuchado a un hombre llamado Jaime Martínez Franco declarar que García lo había contratado para matar a Tamés.

Meses después, un cuarto testigo, Reyes Alpízar, confesó que fue a la casa de la víctima con Martínez y vio el tiroteo. Se le acusó de haber participado en el homicidio.

Posteriormente, Alpízar y uno de los testigos iniciales se retractaron de su testimonio, al decir que habían sido torturados por la policía para firmar declaraciones falsas.

Alpízar fue golpeado con tal brutalidad que tuvo que ir a una sala de urgencias. Los exámenes médicos que se presentaron ante el tribunal confirmaron que había sido torturado. No obstante, también permanece en prisión sin una sentencia.

Casi un año después del arresto de García, un periodista local reveló que el supuesto tirador, Martínez, había estado en prisión en otro estado el día del asesinato.

Domínguez, el alcalde que enfrentó los mismos cargos que García, fue liberado cuatro años después de su arresto.

La histórica reforma judicial de México tardó ocho años en entrar en vigor en todo el país. García siguió el proceso muy de cerca, incluyendo la introducción de nuevas leyes que limitaban a dos años el tiempo que un sospechoso podía permanecer en prisión preventiva. Estaba seguro de que los cambios le favorecerían.

Las nuevas normas sí han acelerado los procesos, han mejorado la calidad de las pruebas admisibles y las protecciones para los indiciados, lo cual hace que sea mucho menos probable que un sospechoso sea retenido por tanto tiempo como García, comentan los expertos jurídicos. No obstante, a los sospechosos acusados de varios delitos graves, como homicidio, secuestro y narcotráfico, todavía se les envía a prisión de manera automática y pueden permanecer en custodia por más de dos años si deciden apelar las sentencias de los tribunales.

Los expertos en leyes argumentan que este elemento es contrario al espíritu de la reforma jurídica, así como a las normas jurídicas internacionales.

“Al dejar en la Constitución la prisión preventiva oficiosa, aunque esté limitada para algunos delitos graves, es como si nos quedáramos con un vaso de agua transparente y le dejáramos unas gotas de veneno”, comentó Jorge Gutiérrez, catedrático de derecho penal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Ciudad de México.

Sin embargo, esta medida tiene apoyo popular, mencionó, y agregó que en un país que lidia con violencia rampante e instituciones débiles, la gente tiende a favorecer esas leyes punitivas. En medio del aumento en los crímenes violentos, se están debatiendo varios proyectos de ley en este momento en el Congreso para aumentar el número de delitos graves que requieren de custodia preventiva obligatoria.

“Existe esta idea colectiva en México de que sin cárcel no hay justicia, y que detener a la gente es igual a la rendición de cuentas”, comentó Gutiérrez.

Ahora las esperanzas de García están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tomado su caso y el 30 de octubre recomendó su liberación.

Para aliviar el dolor de la soledad y la desesperación, García pasa sus días estudiando las leyes que lo mantienen tras las rejas y perfeccionando el arte de hacer que el tiempo se detenga, dijo en una reciente entrevista en prisión.

“Tengo perdida en algún lado, como en el espacio, la cantidad de tiempo que he pasado aquí”, comentó. “A lo mejor algún día me va a caer el veinte, y realmente voy a entender cuánto tiempo fue, pero espero que cuando llegue ese día yo ya no esté aquí”.