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Mitos y verdades del Plan de Paz y Seguridad 

2018-11-23

Ernesto Villanueva | Proceso

La decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de incluir de manera protagónica a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y a los delitos de alto impacto ha generado reacciones de todo tipo, desde las que condenan a priori todo lo que provenga del nuevo régimen –que no gobierno– hasta las que aceptan en silencio esa polémica decisión. Ni todo está mal ni tampoco está todo pensado y procesado. Veamos.

Primero. Es una mentira reiterada por los detractores de AMLO que el Plan de Paz y Seguridad propuesto es muestra del autoritarismo que viene y que delega en las Fuerzas Armadas la integración del grupo de combate al delito. De entrada el concepto de Guardia Nacional está previsto en los artículos 89, fracción VII, y 76, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con antelación a la referencia que hace del concepto el próximo titular del Ejecutivo. 

Los artículos referidos le otorgan atribuciones al presidente de la República, en acuerdo con el Senado, de tomar esa decisión. Así, la medida se ajusta en estricto derecho al mandato constitucional sin violación normativa alguna, pero puede perfeccionarse mediante reformas constitucionales si el poder reformador de la Constitución lo considera pertinente.

Segundo. Se dice –y también se falta a la verdad con esa afirmación– que serán los militares, no un civil, quienes dirijan esa Guardia Nacional. ¿Quién, con un mínimo de instrucción, podría ignorar que el presidente de la República, que es un civil, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto en el Artículo 89, fracción VI, de la Constitución? A mayor claridad, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece: “El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”. 

El Plan prevé 266 coordinaciones regionales, teniendo como titular a un civil y participación de autoridades civiles, militares e invitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos civiles. 

Tercero. Según un reporte preparado para el Congreso de Estados Unidos sobre el crimen organizado en México, sólo parcialmente tres estados no tienen una presencia dominante de cárteles: la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. En otras palabras, en 29 de 32 entidades federativas dominan o cogobiernan con las autoridades las diversas expresiones de empresarios de este giro de negocios que día con día no sólo atiende el relativo al tráfico de drogas, sino que se ha diversificado incluyendo secuestros, extorsiones, tráfico de órganos y de personas y el denominado cobro por derecho de piso (https://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf, p. 12). Sobra decir que ni Morena ni AMLO intervinieron en el reporte referido. 

México es ya un narcoestado. Bien dice la conseja: a grandes males grandes remedios. Y López Obrador propone el plan porque puede y la empresa privada y la economía seguramente lo aplaudirán. Llama la atención cómo el viernes 16 el diario Reforma publicó en portada la nota “Rompen ONG’s con AMLO”, como si ello tuviera una trascendencia para la gobernabilidad o la estabilidad del país. En cambio, los diarios financieros y Excélsior ponderaron el apoyo empresarial al plan, tanto que empresarios prominentes aceptaron formar parte del consejo asesor anunciado por AMLO. 

 Cuarto. Nadie puede probar que genéticamente los agentes de policía son menos corruptos que los militares. Tampoco que las convicciones éticas de unos y otros se anteponen a la eventualidad (es un decir) de obtener ingresos económicos al margen de la ley. Sí es posible probar que las Fuerzas Armadas tienen mayor entrenamiento, recursos materiales y capacidad de combate que cualquier policía, incluida la del inconstitucional mando único. 

Y de cara a la realidad que AMLO desconocía a fondo cuando estaba en campaña, tiene el deber de actuar en consecuencia para recuperar la paz que se ha perdido en los últimos años en el país. Por supuesto, recurrir al Ejército no es la primera opción, sino la última, que se antoja justificable ante la gravedad del diagnóstico sobre la colusión entre los empresarios del ramo y la autoridad civil, militar e incluso religiosa, periodística y social.

Quinto. Es verdad, y hay que reconocerlo, que las Fuerzas Armadas no fueron diseñadas para mantener la seguridad pública de un estado o municipio. La formación en los objetivos que animan a la policía y al Ejército son complementarios, pero diferentes. El policía debería prevenir y detener a presuntos delincuentes y ponerlos en manos del Ministerio Público. El Ejército está pensado para abatir al enemigo.

Será todo un reto entreverar derechos humanos con el combate a los miembros del crimen organizado que han escalado a tal magnitud que han dejado de ser delincuentes comunes para asimilarse a terroristas que ponen en peligro no sólo la seguridad pública, sino la seguridad nacional en el mejor de los sentidos; es decir, el mantenimiento razonable del estado de derecho. 

De cualquier forma deberán –como así apuntan las cosas– prepararse unidades operativas del Ejército con nuevas habilidades, aptitud y actitud para llevar a cabo esa nueva tarea, con los mínimos daños colaterales que esa iniciativa tendrá.

Sexto. México no es el primero ni será el último que haga uso de sus Fuerzas Armadas para preservar sus rasgos distintivos como nación. El famoso milagro del desarrollo económico de varios países asiáticos se explica por sus bajas tasas delictivas y por mantener bajo control la seguridad de personas, bienes e inversiones directas. A mayor seguridad mayores posibilidades de crecimiento es un principio demostrado por países como Singapur, que no sólo ha podido salir del subdesarrollo, sino que está en la lista de las primeras economías del mundo, el llamado Tigre Asiático donde el Ejército tiene divisiones dedicadas a la seguridad pública.

Y vaya que hay diferencia: mientras que Singapur es el cuarto país más rico del mundo, México ocupa el lugar 68, algo que no es para presumir (https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/richest-countries-in-the-world?page=12).

Séptimo. He insistido en otras ocasiones, y ahora lo hago de nuevo por su importancia capital, que toda vez que no hay en México perfiles genéticos impermeables a la corrupción y a la impunidad, deben practicarse con toda seriedad exámenes de control de confianza por terceros expertos independientes con la totalidad de elementos que implica semejante ejercicio (estudio toxicológico de vello, estudio de entorno social, polígrafo y eye-detect, al menos; y todos, no sólo alguno de ellos) que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en el nuevo modelo que busca que al final del día se pueda encontrar la seguridad perdida para el bien de todos.