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La política migratoria, la batalla legal más reciente de los bufetes estadounidenses

2018-11-26

Por Annie Correal\The New York Times

Los abogados corporativos del prestigioso despacho Paul Weiss, con oficinas en Manhattan, por lo regular se dedican a revisar las letras pequeñas en los documentos de sus clientes y las regulaciones del gobierno. Sin embargo, desde hace algunos meses, se han abocado a otro tipo de investigación.

En las oficinas del despacho ubicadas en el centro de Nueva York, la tarea de unos 75 abogados ha sido buscar a más de cuatrocientos padres de familia que este año fueron separados de sus hijos en la frontera sur y deportados sin los menores.

Los socios de Paul Weiss, cuyos honorarios superan los 1000 dólares por hora y cuentan entre sus clientes a la Liga Nacional de Fútbol Americano y Citigroup, están buscando a estos padres sin cobrar, como parte de un juicio federal promovido por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en contra del gobierno de Trump por su política de separación de familias.

Los grandes bufetes —un grupo de poder de entre cuyos socios con frecuencia se seleccionan candidatos para cubrir los principales cargos gubernamentales— han sorprendido al convertirse en temerarios antagonistas de las acciones del presidente Donald Trump en materia de inmigración. Si bien no es ninguna novedad que se realice este tipo de trabajo altruista, desde hace dos años los despachos de abogados más importantes se han manifestado más como opositores a las políticas del gobierno.

Los mejores consorcios legales se han ganado a pulso la fama de ser cautelosos defensores de la clase dirigente; las cuestiones migratorias, en general, se consideran un área segura para realizar trabajo de voluntariado porque casi nunca generan conflictos con los clientes corporativos. Sin embargo, tanto los críticos como los partidarios de las acciones del presidente estadounidense han observado que los despachos han participado en varios de los enfrentamientos más destacados ante tribunales.

“Lo que ha cambiado es que los despachos se oponen en masa, y drásticamente, al comportamiento de la Casa Blanca”, subrayó Stephen Gillers, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y experto en ética legal.

Hogan Lovells, que cuenta con más de 2500 abogados y cuyos ingresos superaron los 2000 millones de dólares el año pasado, objetó la prohibición impuesta a los viajes y es uno de los muchos bufetes que se oponen al plan del gobierno de hacer recortes a los fondos federales asignados a las llamadas ciudades santuario.

Covington & Burling, una firma establecida desde hace un siglo en Washington que presta servicios a clientes como Uber y JPMorgan Chase, ha luchado en defensa del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA. WilmerHale, otro despacho de prestigio en Washington, entre cuyos clientes se encuentra Facebook, representó a Chicago en su propio caso sobre las ciudades santuario, con un resultado positivo, y promovió un juicio para obligar al gobierno a divulgar información sobre la separación de familias.

Este mes, el bufete internacional Arnold & Porter, que ha asesorado a clientes como el Banco Mundial, representó en Nueva York a algunas organizaciones sin fines de lucro que tenían como objetivo bloquear el plan del gobierno de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de Estados Unidos.

“Los principales despachos de abogados han redoblado esfuerzos”, comentó Becca Heller, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP).

Paul Weiss se incorporó al juicio de la ACLU este verano, después de que el gobierno reveló que entre las más de 2500 familias separadas en la frontera había cientos de casos en los que se había enviado a casa a los padres, pero sus hijos permanecían en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia, que ha defendido la postura del gobierno en los tribunales, se negó a hacer comentarios.

Los abogados de estas firmas señalan que su intención es defender el Estado de derecho, no oponerse al gobierno de Trump. No obstante, los críticos destacaron de inmediato que los principales despachos jurídicos, al igual que las escuelas de Derecho más prestigiosas, tienden hacia la izquierda en política. El número de sus abogados que apoya a los candidatos demócratas es desproporcionado, según muestran los registros de donaciones.

“Casi puedo garantizarles que si Hillary Clinton hubiera ganado la Casa Blanca, estos despachos no presentarían tantos juicios en contra de su gobierno con fundamento en el Estado de derecho”, enfatizó Hans von Spakovsky, investigador jurídico del grupo conservador de expertos Heritage Foundation en Washington.

Según Von Spakovsky, los socios republicanos casi nunca cuentan con respaldo en casos con tendencia conservadora.

En algunos de los bufetes que han promovido acciones también trabajan grandes opositores a las políticas del gobierno de Trump, como Eric Holder Jr., uno de los socios de Covington que también fungió como fiscal general durante el gobierno del expresidente Barack Obama.

De cualquier forma, en el sector con fines de lucro, algunos han representado a miembros del gobierno de Trump y a colaboradores del presidente. Covington defendió a Michael Flynn, el antiguo asesor de seguridad nacional. WilmerHale, quien representó al fiscal especial Robert Mueller III, también prestó servicios el año pasado a Jared Kushner, Ivanka Trump y Paul Manafort, expresidente de campaña de Trump.

Más despachos comenzaron a dedicar su trabajo altruista a temas migratorios durante el mandato de Obama, cuando una gran cantidad de menores sin compañía comenzaron a atravesar la frontera, indicó Gary Wingens, presidente de Lowenstein Sandler en Nueva Jersey. “No se consideraba un trabajo muy controvertido ni especialmente de izquierda o caritativo”, puntualizó.

Sin embargo, tras la elección de Trump, el tema migratorio se ha convertido en un asunto importante que genera divisiones.

Algunos bufetes jurídicos han aceptado casos polémicos con anterioridad; uno de los más notorios, cuando representaron sin cobrar honorarios a personas detenidas en la bahía de Guantánamo, Cuba.

Sin embargo, deben establecer límites. “No es conveniente hacer nada que ponga en peligro a tus clientes corporativos”, comentó Rebecca Roiphe, profesora de la Escuela de Derecho de Nueva York.

Aunque en materia migratoria no es común toparse con esos conflictos, sostener enfrentamientos públicos con la Casa Blanca involucra otros riesgos. Algunos clientes preocupados de su imagen pública o involucrados en procedimientos jurídicos con el gobierno pueden sentirse incómodos.

Varios de los clientes importantes de Paul Weiss se negaron a hacer comentarios.

Paul Weiss, uno de los despachos asociados con tendencias de izquierda, tiene fama de colaborar en causas de interés público, como el caso de 2013 ante la Corte Suprema que legalizó el matrimonio entre personas homosexuales. Brad Karp, quien ha ocupado la presidencia de este bufete desde 2008, ha destacado como un dirigente franco.

Hasta la fecha, los abogados de Paul Weiss han invertido más de 2 millones de dólares en horas de trabajo al proyecto de la ACLU, según el propio despacho. Paul Weiss no encabeza el caso, pero el tribunal le encomendó la tarea de ayudar a la organización sin fines de lucro a encontrar y representar a los padres deportados. Jeh C. Johnson, antiguo secretario de Seguridad Nacional en el gobierno de Obama, es socio del despacho, pero no colabora en este proyecto.

“Nos encargamos de reunir a familias destruidas por el gobierno”, señaló Karp en una entrevista.

Emily Goldberg, abogada voluntaria de Paul Weiss, organizó la respuesta del despacho a la separación de familias.

En junio, Goldberg recibió una lista de alrededor de 175 niños separados y enviados a agencias de Nueva York. Catholic Charities, la organización designada para ofrecer representación legal a los niños, no pudo encontrar a sus padres. Goldberg enlistó la ayuda de abogados de varias firmas importantes y, cuando no les fue posible encontrar a muchos de los padres, concluyeron que habían sido deportados. Se puso en contacto con el bufete internacional Dentons, que tiene oficinas en Centroamérica, y sus empleados comenzaron a buscar a los padres en esa región.

Unas semanas después, el gobierno reveló la existencia de los padres deportados. El juez en este caso, Dana Sabraw, ordenó al gobierno reunir a estas familias, pero pidió a ACLU dirigir la tarea. Lee Gelernt, director adjunto nacional del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, recurrió a Paul Weiss, despacho encargado de dirigir un comité que trabaja con tres organizaciones sin fines de lucro para encontrar a los padres, indicó.

“Creo que nos percatamos muy pronto de que sería una tarea de enormes dimensiones”, afirmó Gelernt. Los padres estaban en Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Brasil y Rumanía.

Durante más de tres meses, los abogados de Paul Weiss han buscado a los padres y han hecho llamadas telefónicas para preguntarles si prefieren que envíen al niño a casa o se le asigne un guardián en Estados Unidos.

Steven Herzog, uno de los abogados principales, señaló que ha habido obstáculos. Algunos padres son originarios de áreas rurales donde no hay teléfonos. Alrededor de un tercio hablan lenguas indígenas.

Unas cuantas familias acordaron enviar formatos por fax, pero después desaparecieron, y más tarde informaron que el pueblo más cercano con servicio de fax estaba a varias horas de distancia, explicó BJ Jensen, el abogado voluntario que funge como segundo responsable de la búsqueda.

Cuando no es posible encontrar a alguna familia, o esta desaparece, los abogados envían a un investigador de la organización sin fines de lucro Justice in Motion a buscarla. Eriberto Pop Can, investigador que trabaja en Guatemala, afirma que muchas veces puede deducir el paradero de los padres a partir de los apellidos indígenas, como Choc, Pop y Pec.

La primera familia que encontró vivía en Cobán, una ciudad ubicada en la zona montañosa central. La familia no había tenido noticias de su hijo de 7 años en tres meses, comentó.

La participación de despachos jurídicos importantes en juicios relacionados con el tema migratorio no ha pasado desapercibida para los partidarios de restricciones más estrictas.

“Consideran el ingreso de personas en busca de asilo como una especie de proyecto humanitario”, comentó acerca de los abogados Jessica M. Vaughan, directora de estudios políticos del Centro de Estudios Migratorios. “En cambio, un ciudadano estadounidense común y corriente lo considera una afrenta a nuestro sistema legal”.

Hasta este mes, a los abogados de Paul Weiss solo les falta encontrar a unos cuantos de los cerca de cuatrocientos padres deportados. El gobierno ya liberó a los hijos de unos 260, la mitad a padres en su país natal y la mitad a guardianes en Estados Unidos.

No obstante, quizá el trabajo se prolongue.

ACLU planea utilizar las notas del caso elaboradas por los abogados para demostrarle al juez Sabraw que muchas de las familias fueron víctimas de coerción para conseguir que firmaran las órdenes de deportación, a pesar del peligro que corrían en su país de origen, afirmó Gelernt. Si el juez coincide con esta opinión, debería permitirse a esas familias regresar a Estados Unidos para solicitar asilo, aseveró.

“Es lo que esperamos”, dijo Herzog. “No solo es lo que esperamos”, añadió. “Es lo que debemos hacer”.