Formato de impresión

Una solución para el "choque de poderes"

2018-12-12

Luis Miguel Cano López | Proceso

Para cerrar este año nos toca presenciar un enfrentamiento entre instituciones del Estado sin precedentes. De un lado pudieran estar todos los Poderes Judiciales del país, más los órganos constitucionales autónomos que decidan agregarse. Del otro, las mayorías de múltiples Congresos, especialmente la de la Cámara de Diputados, y en lo que decida sumarse, el Presidente de la República.

La lucha no es por cambiar las políticas públicas para enfrentar la pobreza en la que vive la mayor parte de la población, tampoco para buscar solucionar la grave inseguridad que vivimos, acabar con la corrupción o la impunidad, ni para darle la vuelta al orden económico que tenemos. No, el choque es por un tema de remuneraciones.

Existe una forma más elegante de describirlo, contraria a una percepción social de que el detonante de este choque es un tema de dinero y privilegios: la batalla que atestiguamos es por una cuestión de independencia y autonomía de las instancias que sirven de contrapeso al gobierno electo, las cuales se enfrentan a los Poderes controlados por las mayorías triunfantes en las pasadas elecciones. Como sea, la forma más sencilla de presentarlo es que estamos ante un choque del Poder Judicial federal, encabezado por la Corte, contra los otros dos Poderes federales.

Podemos por supuesto ser un público inerte ante este enfrentamiento, podemos alentar a uno de los bandos o podemos contribuir a ponerle un alto a este choque que al país no le conviene. Opto por lo último porque pienso que una de las grandes transformaciones sociales que necesitamos pasa por recordarle a toda la clase gobernante, incluida la de los Poderes Judiciales, que los recursos públicos no son de su propiedad y que los puestos públicos que les confiamos no son su patrimonio personal. En una idea, la Patria es primero y quien manda es el pueblo.

Cabe aclarar que los treinta millones de votos para el Presidente y su partido, no le dan a él ni a las mayorías legislativas la capacidad de decidir cualquier cosa. Al menos no para pactar impunidad, ni para militarizar la seguridad pública, ni para acordar finiquitos con recursos públicos para los malos negocios de las grandes empresas, mientras que las personas comunes sufrimos y pagamos las consecuencias. Dicho eso, obvio que comparto la idea de austeridad republicana.

Cambio de lado y me enfoco en la defensa de la que se tiene noticia por parte del Poder Judicial federal. Cientos de titulares y personal de los juzgados y tribunales han iniciado juicios de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones. Y lo más reciente, se ha ordenado suspender su aplicación para que no condicione el Presupuesto de Egresos de 2019, por la sola determinación del Ministro Alberto Pérez Dayán –que es uno de los cuatro contendientes para presidir la Corte por los siguientes cuatro años–. A las personas que les gusta adular a este bando no les faltarán elogios para destacar la “audacia” de la defensa de su independencia, mucho más si la Cámara de Diputados cumple sin mayor debate esta suspensión.

Opino distinto. Ambas acciones, los amparos iniciados y la suspensión otorgada, me parecen insensatas porque comprometen su imparcialidad. Aunque en el discurso reiteren que todo lo que hacen lo hacen por necesidad y para defender la independencia judicial –que en última instancia requieren para defendernos a las personas y nuestros derechos–, me queda la impresión de que sus intereses personales desplazaron el interés público. Por supuesto que es comprensible: por mucho que gane alguien, de un semestre para otro es muy complicado que pueda ajustarse para ganar mucho menos. Pero les faltó estrategia y conciencia política.

De entrada, cada persona de este Poder Judicial que juzgue uno de esos amparos o las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la minoría del Senado y la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos –cuya cúpula también está afectada por el ajuste a la baja de las remuneraciones–, tiene impedimentos legales que debieron sopesarse, pero sobre todo, cada persona que ya presentó esa demanda de amparo se ha colocado en posición de impedimento para juzgar otros casos en los que participen los Poderes a los que combaten, según su propia Ley Orgánica.

Y por lo que se refiere a la medida cautelar ordenada por el Ministro Pérez que busca frenar la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones en la confección del Presupuesto, la crítica que puede hacerse es que es expresamente contraria a la ley que rige las acciones de inconstitucionalidad y no tiene precedente. Aunque para ser preciso, en realidad tiene un precedente de su propia autoría, solamente que en otro tipo de juicio constitucional. Un precedente que también da que pensar, porque la otra suspensión de una norma general de que se tiene noticia se dictó en una controversia constitucional –contrario a lo indicado por la ley que las rige–, en la que se buscaba que el personal de los tribunales de la capital no tuvieran que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.

No es que todas las leyes tengan que seguirse al pie de la letra, porque de hecho los Poderes Judiciales están para defendernos de ellas si contravienen las normas de la Constitución y los tratados internacionales que resulten más favorables. No es que sea equivocada la postura de ordenar la mayor protección de las personas y tener en mente que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben salvaguardar los derechos humanos. Lo que resulta inconsecuente es que en veinticuatro años de controversias y acciones de inconstitucionalidad, sea hasta los casos que benefician a los Poderes Judiciales que se apele a la primacía de los derechos para darle la vuelta a una prohibición expresa de suspender leyes.

Aparte de la inconsistencia, la insensatez de colocarse en una posición en la que desde una sede política, el Congreso federal, se puede acusar de parcialidad a la Corte y colocarla en un escenario de descrédito. Aquí los dos bandos pueden llegar a extremos de pesadilla. Desacatar una orden judicial puede costarles el puesto a las mayorías legislativas, pero éstas pueden emprender juicios políticos. Un escenario que nadie debiera buscar. Menos drástico, el Presupuesto se puede armar sin necesidad de la Ley Federal de Remuneraciones porque el mandato de ajustar a la baja las remuneraciones está en dos disposiciones constitucionales transitorias de la reforma de 2009 del artículo 127 constitucional –lo entienden bien las personas que hicieron la demanda modelo para el Poder Judicial federal–.

¿Quién entonces, en su sano juicio, querría presenciar un choque de trenes? Por eso es mejor buscar soluciones. Así que cierro esta opinión con una propuesta y anuncio una acción. Quienes usamos el sistema de justicia podemos presentar una demanda de amparo para equilibrar esta situación. Si pensamos que la Ley Federal de Remuneraciones no necesita de otro acto para aplicarse, tenemos hasta el 18 de este mes. Como personas que usamos las instancias judiciales federales nuestro interés para demandar es diferente del interés del resto de la población que atestigua muda esta batalla. Y como es notorio, las remuneraciones a la baja han comprometido el accionar de los juzgados y tribunales desde ahora.

En este contexto, aquella Ley menoscaba, entre otros, nuestro derecho al acceso a la justicia. Si más adelante otras leyes la sustituyen u otros actos se suman para comprometer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial federal, entonces podremos ampliar las demandas. Somos las personas que defendemos derechos humanos las que debemos ir más allá de simples declaraciones y entrar en acción. Nuestros juicios no pueden ser desatendidos y ellos sí justifican un principio de necesidad para que los tribunales los resuelvan. Es nuestra acción la que debe poner fin a los choques entre los Poderes que nos sirven. La austeridad republicana debe llegar porque es nuestro dinero público el que se disputan, pero debe llegar gradualmente sin afectar el funcionamiento de los aparatos judiciales.

A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de poner sobre todas sus diferencias nuestro derecho a la protección judicial, nos conviene recordar su otra cara: abrazar las cosas que nos unen, no las que nos dividen. Sería el colmo que mientras se propone “punto final” frente a quienes sistemáticamente han lastimado al pueblo de México, se camine sin sentido a un pántano en el que el Poder Judicial federal se enfrente al resto del gobierno. Si el pueblo manda y la Patria es primero, entonces debemos encontrar un justo medio.