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Avasallamiento de los poderes constitucionales

2018-12-18

Por Carlos Alberto Pérez Cuevas | Revista Siempre

"Cuatro características corresponden al juez: 
escuchar cortésmente, responder sabiamente, 
ponderar prudentemente y decidir imparcialmente": 

Sócrates

Como no habíamos visto en la historia reciente de nuestra democracia, nos encontramos frente a un conflicto de choque entre los Poderes, por un lado los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, circunstancia derivada por la ley de remuneraciones que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión aprobaron, en la cual en esencia se impone la restricción de que ningún funcionario público, en ninguno de los órdenes de gobierno, pueda tener un salario más alto que el del presidente de la república, 108 mil pesos netos.

Derivado de una acción de inconstitucionalidad promovida por las bancadas opositoras en el seno del Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la recibió a trámite y estudio, determinando la suspensión de los efectos de esta, toda vez que se advierten hechos de inconstitucionalidad, con lo cual frenó en seco la entrada en vigor de la citada norma.

En un hecho sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se manifestaron clara y abiertamente por la reducción de su salario propuesta por el Ejecutivo federal. En el caso de algunos senadores y diputados de la bancada de Morena expresaron amenazas de desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de que cumplieran su determinación legislativa.

En la reforma de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la Presidencia de la República, emitió la determinación legislativa de cambiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y modificar su integración pasando de 26 a 11 ministros, pero las circunstancias políticas de aquellos tiempos eran diferentes, se vivía en un régimen totalitario, políticamente hablando, el PRI tenía mayoría en el Congreso y la Presidencia de la República —que por cierto, en cuanto a mayoría política, hoy tenemos la misma historia, solo que con Morena—, hoy vivimos en un régimen democrático y constitucional de derecho, en el cual cada una de las instituciones tiene su razón de ser.

Siempre en la teoría jurídica clásica se ha hablado de una división de poderes, aunque en realidad se trata de un mismo poder, el del Estado, dividido en tres funciones, legislativa, ejecutiva y judicial, que le dan forma; ninguno está por encima del otro, violar la autonomía judicial mediante la imposición de falsas medidas de austeridad es un atentado al Estado mismo y a sus instituciones con fines de control político.

Es muy peligroso para la democracia que el Poder Ejecutivo pretenda controlar los otros dos poderes, en el caso de nuestro país, el Ejecutivo ya controla el Legislativo y pretende en una lucha encarnizada controlar el Judicial. Algo que los mexicanos no debemos permitir nunca, bajo ninguna circunstancia y en ningún escenario.