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México aprueba la prisión preventiva para los acusados de corrupción, delitos electorales y robo de combustible

2019-02-20

Por GEORGINA ZEREGA, El País

México 20 FEB 2019 - 13:18    CST El partido de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a enseñar su poderío político. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que cuenta con mayoría en el Congreso, sacó adelante la noche del martes en la cámara baja una reforma constitucional que suma nueve delitos al catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva automática. La reforma había sido aprobada en diciembre por el Senado, pero había sido debatida desde entonces por al menos 70 expertos que desfilaron ante el Parlamento para exponer sus observaciones a un dictamen que establece la medida cautelar de forma obligatoria para los delitos de corrupción, el uso de programas sociales con fines electorales y el robo de combustible, entre otros.

“Restablecer la paz social”. Esa ha sido la consigna del Gobierno de Morena para promover la reforma del artículo 19 de la Constitución tras seis horas de intenso debate en la cámara de diputados. El oficialismo justificó la propuesta en la necesidad de brindar al Ministerio Público herramientas para combatir el crimen. La oposición, junto con varias organizaciones como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido crítica con la modificación porque creen que esta puede violar la presunción de inocencia.

La reforma incluye, además de los delitos descritos, el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo al transporte de carga, el robo a una vivienda, la desaparición forzada de personas y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Con esta modificación, el juez tendrá la obligación de enviar a la cárcel a cualquiera que sea acusado de estos delitos sin derecho a fianza. El catálogo de delitos graves ya estaba integrado por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o atentado contra la seguridad nacional.

“Es muy grave y muy preocupante esta reforma”, asegura el abogado Gonzalo Alanis Figueroa, miembro del Colegio de Abogados mexicano y uno de los expositores que pasaron por el Congreso. “Tendremos un sistema judicial con aspectos más inquisitorios. Con una investigación mínima, un indicio razonable o un simple señalamiento, la gente puede terminar privada de su libertad durante dos años”. La última encuesta sobre población carcelaria del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que en 2016 una tercera parte de los presos en México no tenían una sentencia condenatoria. Alanis alerta que la facilidad para encarcelar a alguien podría terminar desmotivando las investigaciones policiales y judiciales.

Decenas de expertos que se posicionaron en contra del proyecto del Gobierno han señalado además que el uso de la prisión preventiva automática está relacionado a regímenes autoritarios y no democráticos. “Es una figura normal en regímenes autoritarios donde no hay diferencia entre las autoridades que investigan y las autoridades que sentencian, donde no hay independencia judicial y las personas están expuestas al ejercicio arbitrario del poder. En un estado democrático de derecho se considera que la privación de libertad es una medida excepcional", había advertido Jan Jarab, representante de la ONU en México, en un medio local.

La reforma constitucional implica un “castigo anticipado” que podría terminar generando un impacto negativo en la integración social, explica Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, una organización civil dedicada a defender los derechos de las personas en prisión. “Es una política completamente demagoga y absurda, que no va a tener ninguna implicación en la disminución de los delitos”, comenta.

Las repercusiones también las sufrirán las prisiones del país, señala Dorantes. “El sistema penitenciario en México no tiene las condiciones para dar un trato diferenciado a personas que están sometidas a proceso y a personas condenadas. Y esto significa dar un una pena anticipada a quienes no estén sentenciados”, menciona.

El debate de la reforma del artículo 19, junto con el de la Guardia Nacional, han motivado en el Congreso la discusión sobre cómo México afrontará la oleada de violencia durante el próximo sexenio. El incremento de los homicidios dolosos, que alcanzó los 34,000 durante el año pasado, dejó al 2018 como el peor en estadísticas. Las soluciones propuestas por López Obrador para atajar este problema, sin embargo, no han dejado de generar polémica.

Al tratarse de una modificación a la Constitución, el proyecto del Gobierno deberá ahora ser aprobado en al menos 17 de las 32 legislaturas estatales, en las que Morena tiene mayoría en al menos la mitad de ellas. Celebrada este miércoles por el presidente, la reforma estará bajo la mira de las decenas de expertos que advirtieron contra ella. “En unos años vamos a empezar a notar las repercusiones de esta decisión”, comenta Alanis Figueroa.