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Engendros caprichosos

2019-02-23

Por Alejandro Zapata Perogordo | Revista Siempre

Uno de los principales anhelos de los mexicanos es contar con policías confiables, preparados y profesionales, que nos protejan de la ola de inseguridad y violencia que desde hace años impera en el país, pues estamos a merced de la delincuencia, la corrupción y la impunidad.

Cuando el presidente Calderón propuso el mando único nacional, la idea fue rechazada, en algunas entidades donde implantaron el modelo, los resultados no han cambiado, incluso, la gendarmería anunciada en su momento con bombo y platillo no pasó a otra cosa que un evento de corte mediático.

Ahora presentan como la panacea la creación de la Guardia Nacional, policía que pretenden que se componga de civiles y militares, con un gran cúmulo de facultades pasando por encima de las policías estatales y municipales. Han llovido las críticas esencialmente por el modelo planteado al establecer un mando militar.

El argumento medular consiste en la militarización de la seguridad pública, es evidente que las funciones, objetivos y operatividad son completamente diferentes, mientras a las fuerzas armadas se les encomienda la defensa de la soberanía nacional, en materia de seguridad pública, la persona, su integridad y patrimonio son los ejes centrales, por consecuencia al poner en una misma canasta ambas cuestiones, la señal de endurecimiento es clara, poniendo en peligro inminente los derechos humanos.

Lo verdaderamente inusitado es el origen de la iniciativa, regularmente la izquierda se ha destacado en la defensa de las libertades y los derechos humanos, pugnando por la desmilitarización, razón por la cual parece inconcebible que una administración que presume tendencia socialista ahora asuma la paternidad de una reforma digna de regímenes de corte totalitario.

Es injustificable combatir el mal con un diseño viciado de origen cuyos resultados son previsibles, inconvenientes y perjudiciales.

Es cierto que se requieren adecuaciones y ajustes para enfrentar la embestida de la violencia e impunidad a través de instituciones sólidas y confiables, lo que no es dable en construir amalgamas desnaturalizadas, engendros caprichosos cuyo precio como siempre correrá a cargo de los ciudadanos.

Por el contrario, en materia de seguridad pública son las personas y sus derechos el objetivo a cuidar, preservar, proteger, salvaguardar y respetar. Ese es el punto que debió debatirse, intercambiar impresiones, experiencias y buscar soluciones en el Congreso, lamentablemente lo que observamos fueron acuerdos en la obscuridad, presiones para conseguir votos y argumentos ramplones para justificar incongruencias.

El asunto no es menor y por lo tanto es merecedor de especial cuidado y atención, el modelo actual no funciona con la eficacia necesaria; las policías locales han sido rebasadas y además infiltradas, las municipales prácticamente extraviadas en sus objetivos de proximidad y prevención, aunado a la carencia de voluntad política de los gobernadores para dar solución al problema, escudándose en el garlito de ser competencia federal.

No obstante es injustificable combatir el mal con un diseño viciado de origen cuyos resultados son previsibles, inconvenientes y perjudiciales.