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Mandar al diablo las instituciones

2019-02-24

Por Claudia Aguilar | Revista Siempre

DESDE LA LEY

En estos tiempos en que cada mañana desde Palacio Nacional el presidente parece desconocer toda institución que le incomoda, es imposible no recordar aquella ocasión en que habiendo perdido en la elección presidencial dijo “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! ¡Vamos a tener un gobierno de la República!”. Al parecer, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador entiende por gobierno de la República es un gobierno sin contrapesos. Y, no debemos pasar por alto, una enorme diferencia; esto es, que ahora es presidente de México y, por si fuera poco, tiene el control del Poder Legislativo.

Quienes en ese entonces defendían a AMLO justificaban su dicho señalando que contrario a lo que sus detractores querían hacernos creer, él no había mandado al diablo las instituciones, sino sus instituciones; es decir, aquellas instituciones del Estado usadas por los funcionarios públicos en su particular beneficio y en el de su grupo; interpretando las leyes a su antojo, manipulando los procedimientos legales en perjuicio de su contraparte y llegando incluso a dictar sentencias en su favor. Todo esto, lo justificaban puesto que AMLO como exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, tenía conocimiento de que las instituciones son las que hacen posible que el Estado funcione, y que los hombres y mujeres que están al frente de ellas deben ser en todo momento respetuosos de la ley, evitando actuar por consignas políticas. AMLO ha sostenido que su vocación (misión) es servir al pueblo, a los ciudadanos, a la población, sin distingo alguno, privilegiando siempre a los más pobres y destinando todos los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles a estos efectos, pero sobretodo con absoluta honradez. Si bien el uso faccioso de las instituciones para beneficios, prebendas o revanchas personales que se dio en muchas ocasiones en los gobiernos de nuestro país es lamentable, es igualmente atroz lo que se pretende hacer en la actualidad con toda instancia u órgano de poder que no se alinee a la causa del presidente.

En este escenario, si bien van poco menos de tres meses de gobierno, hemos podido observar un embate continuo por parte del presidente en contra de quienes piensan distinto a él. No se trata solo de “adversarios políticos” sino, a mi parecer, se enfoca en general en quienes no han llegado a su posición pública por él. López Obrador ha expresado con claridad su desprecio a todo servidor público cuyo bono de legitimad, si pudiera existir, no hubiere surgido a partir del 1o de julio de 2018. Lo peor es que, ante dicha batalla, el presidente sabe que por ahora la tiene ganada; sirva de ejemplo el hecho de que a los gobernadores que deciden compartir con él un acto público, “el pueblo” los abuchea; pero también sabe que esto no será permanente durante su sexenio y por eso debe aprovechar este momento. Por eso el ánimo de extirpar toda capacidad en el ejercicio del poder de aquella persona que no le es afín, así como de toda posición de ventaja que ostente la oposición.

López Obrador ve en la sociedad civil una amenaza a su hegemonía pública. Porque además parece que no la conoce, no la palpa ni la entiende, por eso le teme.

Como un puente entre su dicho y los hechos, estimo pertinente poner atención en su concepción de nuestro diseño estatal y, por ende, en la configuración que desde la Constitución de la República se dicta a todas las instancias públicas y órdenes de gobierno. A mi parecer, el titular del Ejecutivo Federal ve nuestra Carta Magna como un texto maleable y adaptable a sus intenciones y pretensiones políticas. Es así que la Constitución, parece formar parte de esas instituciones que por convicción ha mandado al diablo.

En ese contexto, veo con especial preocupación su interés por llevar a cabo reformas a la Constitución Federal que no solo la debilitan sino que además tienen el objetivo claro de centralizar el poder en su persona o generar factores reales de poder que le rindan pleitesía. Tal es el caso de la reforma que busca crear la Guardia Nacional, militarizada, atemporal, con una ficción que no hace más que viciar nuestra Constitución de una contradicción insalvable. Otro ejemplo es la contrarreforma en materia educativa, que no hará sino traer de vuelta el clientelismo en el ejercicio de la docencia. Además, y no menos alarmante, se tiene la modificación al artículo 19 de la Constitución General que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por parte del juez penal. Basta tener el más mínimo conocimiento de derecho internacional de los derechos humanos para tener presente que la prisión preventiva como medida cautelar debe ser excepcional y que el texto de tal artículo de por sí ya era considerado contrario a las convenciones de derechos humanos suscritas por el Estado Mexicano. Es por esto que, ampliar ese catálogo constituye un fracaso por partida doble, esto es, un fracaso tanto frente a la reforma en materia de derechos humanos, como a la que llevó aparejada la implementación del sistema penal acusatorio en México.

A este respecto, lo cierto es que a partir del régimen que está siendo instaurado por el presidente de la República, la famosa “cuarta transformación”, se puede afirmar que nuestra Constitución se perfila como una que viola los derechos humanos, por lo menos un texto a todas luces inconvencional. Esto es especialmente grave en la medida que allana el camino hacia el autoritarismo y/o hacia el presidencialismo absoluto. Porque, si es cierto que la Constitución es un pacto político, también es límite y contrapeso en favor de los más vulnerables, en favor de las minorías y, en términos generales, de la sociedad frente al poder del estado. Pero, si se da un ataque a los órganos encargados de los pesos y contrapesos o peor aún, sucede una renuncia por parte de estos entes públicos a sus facultades constitucionales, como se perfila acontecerá en las próximas semanas, entonces no hay mayor freno que el escrutinio de los particulares. De ese ente indeterminado, acéfalo y con una estructura difuminada que la teoría denomina sociedad civil.

Por tal razón no es coincidencia que López Obrador ve en la sociedad civil una amenaza a su hegemonía pública. Porque, además, parece que no la conoce, no la palpa ni la entiende, por eso le teme.

En consecuencia, es nuestra obligación y deber como ciudadanía defenderla. Porque en el ejercicio de la sociedad civil organizada está el punto más fino de la vida democrática, en ese actuar que se da sin favor político ni ánimo económico, ajeno al lucro y al interés personal.