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¿Por qué en América Latina, una región que dice amar a las madres, reina la violencia obstétrica?

2019-03-13

Por VANESSA BARBARA, The New York Times

SÃO PAULO – Hace cinco años, una mujer brasileña en trabajo de parto fue detenida por la policía y obligada a parir por cesárea.

La mujer, Adelir de Goes, ya había tenido dos cesáreas previas (un procedimiento demasiado común en mi país) y esperaba parir a su tercer hijo vía vaginal, pero su bebé venía de nalgas. Los médicos pensaron que un parto vaginal podría poner en riesgo la vida del infante.

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Obtuvieron una orden judicial para practicar una intervención quirúrgica forzosa. De Goes había dilatado casi por completo y se preparaba para ir al hospital cuando nueve policías tocaron a su puerta para llevársela. En el hospital, fue anestesiada y operada sin su consentimiento. Los grupos que defienden los derechos de las mujeres denunciaron el procedimiento como un ataque a su autonomía y una violación de su derecho a tomar decisiones informadas respecto a su salud y la de su bebé.

El caso de De Goes fue especialmente conocido, pero está lejos de ser el único. De acuerdo con una encuesta de 2010, una de cada cuatro mujeres brasileñas ha sido maltratada durante el trabajo de parto. A muchas de ellas se les negaron analgésicos o no se les proporcionó información sobre el procedimiento que se les iba a practicar. El 23 por ciento de ellas fue violentada verbalmente por un profesional de la salud; uno de los insultos más comunes fue: “Na hora de fazer não chorou” (“No lloraste así cuando hiciste al bebé”).

Otra encuesta descubrió que, en 2011, el 75 por ciento de las mujeres en trabajo de parto en los hospitales de Brasil no recibió agua ni comida (el año pasado, me convertí en una de ellas), a pesar de que la práctica de no ingerir nada no está sustentada en evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres en trabajo de parto con embarazos de bajo riesgo coman y beban a voluntad.

Algunos médicos, sin embargo, no reconocen que el término “a voluntad” también aplica para las mujeres. Cuando los doctores se enfrentan a una mujer que rechaza algún procedimiento, lo practican de cualquier modo. “Yo mando aquí”, insisten.

Indignadas ante este abuso permanente, las latinoamericanas en las últimas décadas han contribuido a identificar y definir jurídicamente un tipo distinto de violencia hacia las mujeres: la violencia obstétrica. Este concepto se refiere al trato irrespetuoso, abusivo o negligente durante el embarazo, el parto, el aborto y el posparto.

La episiotomía es un ejemplo. Se trata de un corte quirúrgico en la vagina que se realiza durante el parto y que ha demostrado no ser efectivo e incluso perjudicial cuando se hace de forma rutinaria. Los médicos en Brasil la siguen practicando con o sin el consentimiento de la mujer. Cuando es momento de suturar, en ocasiones incluyen una puntada extra para, supuestamente, apretar la vagina para el placer del hombre: lo han llamado “el punto para el marido”. (Hace cinco años, en Río de Janeiro, un ginecobstetra fue captado en video preguntándole al esposo de una paciente: “¿La quieres pequeña, mediana o grande?”).

La lucha en contra de la violencia obstétrica en Latinoamérica comenzó en la década de 1990 con los esfuerzos de activistas para divulgar prácticas que sí fueran basadas en evidencias respecto al cuidado materno infantil. Tales esfuerzos se respaldaron en un documento de la Organización Mundial de la Salud en 1996 (Cuidados en el parto normal: una guía práctica), que advierte del peligro de convertir un suceso fisiológico normal en un procedimiento médico, por medio de “la adopción, sin crítica previa, de toda una serie de intervenciones inútiles, inoportunas, inapropiadas y/o innecesarias, además, con frecuencia, pobremente evaluadas”.

Unos años después de la publicación del documento, Uruguay (2001), Argentina (2004), Brasil (2005) y Puerto Rico (2006) aprobaron leyes que garantizaban el derecho de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Brasil y Argentina también desarrollaron una legislación más amplia que fomenta el llamado parto humanizado o respetado.

En 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en tener una ley específica para atender la violencia obstétrica. Dos años después, Argentina promulgó una ley similar; le siguieron Panamá, varios estados en México, Bolivia (con una ley que aborda la “violencia en contra de los derechos reproductivos” y la “violencia en servicios de salud”) y El Salvador (cuya ley hace un llamado a un trato digno en los servicios de salud maternos y de salud reproductiva).

El caso de De Goes fue especialmente conocido, pero está lejos de ser el único. De acuerdo con una encuesta de 2010, una de cada cuatro mujeres brasileñas ha sido maltratada durante el trabajo de parto. A muchas de ellas se les negaron analgésicos o no se les proporcionó información sobre el procedimiento que se les iba a practicar. El 23 por ciento de ellas fue violentada verbalmente por un profesional de la salud; uno de los insultos más comunes fue: “Na hora de fazer não chorou” (“No lloraste así cuando hiciste al bebé”).

Otra encuesta descubrió que, en 2011, el 75 por ciento de las mujeres en trabajo de parto en los hospitales de Brasil no recibió agua ni comida (el año pasado, me convertí en una de ellas), a pesar de que la práctica de no ingerir nada no está sustentada en evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las mujeres en trabajo de parto con embarazos de bajo riesgo coman y beban a voluntad.

Algunos médicos, sin embargo, no reconocen que el término “a voluntad” también aplica para las mujeres. Cuando los doctores se enfrentan a una mujer que rechaza algún procedimiento, lo practican de cualquier modo. “Yo mando aquí”, insisten.

Indignadas ante este abuso permanente, las latinoamericanas en las últimas décadas han contribuido a identificar y definir jurídicamente un tipo distinto de violencia hacia las mujeres: la violencia obstétrica. Este concepto se refiere al trato irrespetuoso, abusivo o negligente durante el embarazo, el parto, el aborto y el posparto.

La episiotomía es un ejemplo. Se trata de un corte quirúrgico en la vagina que se realiza durante el parto y que ha demostrado no ser efectivo e incluso perjudicial cuando se hace de forma rutinaria. Los médicos en Brasil la siguen practicando con o sin el consentimiento de la mujer. Cuando es momento de suturar, en ocasiones incluyen una puntada extra para, supuestamente, apretar la vagina para el placer del hombre: lo han llamado “el punto para el marido”. (Hace cinco años, en Río de Janeiro, un ginecobstetra fue captado en video preguntándole al esposo de una paciente: “¿La quieres pequeña, mediana o grande?”).

La lucha en contra de la violencia obstétrica en Latinoamérica comenzó en la década de 1990 con los esfuerzos de activistas para divulgar prácticas que sí fueran basadas en evidencias respecto al cuidado materno infantil. Tales esfuerzos se respaldaron en un documento de la Organización Mundial de la Salud en 1996 (Cuidados en el parto normal: una guía práctica), que advierte del peligro de convertir un suceso fisiológico normal en un procedimiento médico, por medio de “la adopción, sin crítica previa, de toda una serie de intervenciones inútiles, inoportunas, inapropiadas y/o innecesarias, además, con frecuencia, pobremente evaluadas”.

Unos años después de la publicación del documento, Uruguay (2001), Argentina (2004), Brasil (2005) y Puerto Rico (2006) aprobaron leyes que garantizaban el derecho de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Brasil y Argentina también desarrollaron una legislación más amplia que fomenta el llamado parto humanizado o respetado.

En 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en tener una ley específica para atender la violencia obstétrica. Dos años después, Argentina promulgó una ley similar; le siguieron Panamá, varios estados en México, Bolivia (con una ley que aborda la “violencia en contra de los derechos reproductivos” y la “violencia en servicios de salud”) y El Salvador (cuya ley hace un llamado a un trato digno en los servicios de salud maternos y de salud reproductiva).