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Citgo desdeña a ejecutivos de EU en cárcel

2019-03-22

Por JOSHUA GOODMAN

BOGOTÁ (AP) — Cuando el gobierno del presidente Donald Trump allanó el camino para que el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó nombrara una nueva junta directiva que operara la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela, surgió una inusual luz de esperanza para las familias estadounidenses de seis ejecutivos petroleros encarcelados por más de un año sin enfrentar un juicio en la nación sudamericana en plena turbulencia política.

Sin embargo, un mes después, las familias se quejan de que siguen estando desamparadas como siempre por parte del patrón de los hombres, la compañía Citgo, con sede en Houston, que hasta el cambio de control había sido la subsidiaria en Estados Unidos del gigante petrolero venezolano PDVSA.

Citgo, la octava refinería más grande en Estados Unidos y el mayor activo extranjero de Venezuela, se ha vuelto un premio importante en la batalla por el poder en Venezuela entre el presidente Nicolás Maduro y Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional controlada por la oposición y es reconocido por Estados Unidos y aproximadamente otros 50 gobiernos como el líder legítimo del país.

Las familias insisten que sus seres queridos son el daño colateral en esta pelea de alto impacto. _primero encarcelados bajo cargos inventados por el gobierno de Maduro y ahora ignorados por un gobierno estadounidense determinado a cambiar el régimen, mientras Citgo es acosado por acreedores y castigado por las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA.

Su penuria inició el fin de semana antes del Día de Acción de Gracias de 2017, cuando los seis ejecutivos recibieron una llamada de los altos mandos de PDVSA citándolos a Caracas para una reunión presupuestaria de último momento.

Una vez en territorio venezolano, agentes de seguridad armados y con el rostro cubierto irrumpieron en la sala de conferencias y los arrestaron bajo cargos por malversación a raíz de una propuesta nunca ejecutada para refinanciar cerca de 4,000 millones de dólares en bonos de Citgo a través de una participación del 50% en la compañía como garantía. El mismo Maduro los acusó de “traición”, si bien no les han presentado cargos por ese delito.

Las familias de los “seis de Citgo” _cinco de ellos ciudadanos estadounidenses y todos con profundas raíces en Texas y Luisiana_ denuncian que los hombres se encuentran en condiciones inhumanas, compartiendo celdas sobrepobladas en el sótano de una prisión de contraespionaje militar y padeciendo pérdida de peso grave en un país plagado de escasez de alimentos.

Peor aún, su caso no da señales de avanzar. Una audiencia preliminar ha sido pospuesta 13 veces por la jueza Rosvelin Gil por razones poco claras, y la más reciente sesión está programada para el viernes.

Cuando estuvo bajo el control de Maduro, Citgo prácticamente no apoyó a los ejecutivos encarcelados ni a sus familias pese a un acuerdo de inmunidad que la obliga a actuar en representación de los detenidos. En los meses posteriores a su arresto, la compañía incluso rescindió su paga, aunque nunca fueron despedidos.

Ahora, las familias se sienten desdeñadas también por los opositores a Maduro.

Los familiares explicaron que nunca tuvieron respuesta a varios correos electrónicos y a una carta enviada el 26 de febrero por correo certificado a la nueva presidenta de Citgo, Luisa Palacios, solicitando una reunión para discutir los planes de la compañía para ayudar a liberar a los ejecutivos y mitigar las dificultades económicas que han vivido las familias.

También han fracasado otros intentos por contactar a los miembros de la junta directiva de Citgo, incluso llamadas al vicepresidente Rick Esser, el único remanente de la junta anterior y alguien que, de acuerdo con las familias, está muy bien enterado de su situación.

“Ahora me siento burlada completamente”, dijo María Elena Cárdenas, quien ha tenido que solicitar cupones de alimentos para pagar las cuentas médicas después del encarcelamiento de su esposo, Gustavo Cárdenas, quien había estado trabajando como jefe de relaciones públicas de Citgo. “Es casi inhumano ni contestar”, agregó.

Citgo no respondió a una petición en busca de comentarios.

Las familias se reunieron brevemente en Houston la semana pasada con Carlos Vecchio, aliado de Guaidó y quien ha sido reconocido por el gobierno de Trump como embajador de Venezuela.

“Nuestras acciones siempre han tenido como política la liberación de presos políticos y la denuncia de tortura y malos tratos”, dijo Vecchio, quien huyó de Venezuela para escapar de lo que se consideraba ampliamente como cargos inventados de incitación a la violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014. “Si hay un partido en Venezuela que ha sufrido abusos de primera mano contra los derechos humanos, somos nosotros”, agregó.

Aun así, el propio Guaidó no ha abordado directamente el caso, ni siquiera al ser presionado por Trish Regan, de Fox Business Network, en un par de entrevistas el mes pasado.

Para frustración de los familiares de los ejecutivos, el gobierno de Trump ha asumido una postura silenciosa que contrasta con una abierta presión diplomática que contribuyó con la liberación el año pasado de Joshua Holt, un hombre de Utah que permaneció detenido durante más de dos años en una cárcel de Caracas bajo cargos relacionados con armas de fuego que también fueron considerados como inventados.

La decisión de Maduro de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la salida este mes de los últimos diplomáticos estadounidenses en Caracas probablemente dificultarán aún más la liberación de los ejecutivos y su acceso a atención médica.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que sigue monitoreando de cerca el caso y trabaja a través de otros países para garantizar el bienestar de los estadounidenses mientras permanecen en prisión.

Cárdenas, la esposa de uno de los ejecutivos detenidos, cree que a Guaidó, al igual que a otros, ha sido engañado con la creencia de que los ejecutivos encarcelados fueron cómplices de la corrupción generalizada de personas del gobierno que desmantelaron la industria petrolera venezolana bajo el gobierno de Maduro.

Sin embargo, la mayoría de las familias habían vivido en Estados Unidos desde hace años, incluso antes del inicio de la revolución socialista de Hugo Chávez hace dos décadas, y ocuparon cargos de nivel medio, lejos de los puestos altos donde los delitos presuntamente se llevaron a cabo.

Mientras tanto, ella está cada vez más desesperada. Con las cuentas médicas acumulándose por la salud de su hijo de 18 años, que sufre una rara enfermedad metabólica que frenó su crecimiento, Cárdenas trata de vender su casa en las afueras de Houston donde crio a tres hijos.

Sin el salario de su esposo, ella debe enviar a través de un costoso servicio de mensajería los alimentos que su esposo recibe en prisión: un gasto que ella cree que Citgo debería absorber como mínimo.

“Quizás Citgo no puede lograr su libertad, pero por lo menos debería decir que son inocentes”, dijo Cárdenas sobre la nueva junta directiva de Citgo. En cambio, “la única cosa que a Citgo le interesa es cubrirse la espalda”.