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La corte y los calzones del presidente

2019-04-12

Por Beatriz Pagés | Revista Siempre

La iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal para reformar el Poder Judicial no es el primero “golpe de Estado” que se da a la división de poderes y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A principios de 1995, el periódico El Universal publicó la indignación que causó al constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela y a otros destacados juristas la renuncia masiva de los 26 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El país se quedó durante varias semanas sin ministros como consecuencia de la reforma que había enviado el presidente Ernesto Zedillo al Congreso —aprobada el 31 de diciembre de 1994— para modificar totalmente la integración de la SCJN.

Orihuela definió así los hechos: “Se quebrantó el orden establecido y se alteró radicalmente el Estado de derecho. La figura que procede es un juicio político”.

Esa iniciativa fue la primera que envió Zedillo al Congreso después de haber ganado las elecciones, y lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que se aprobó y el “forzoso retiro de la totalidad de los ministros”, como constatan las crónicas.

A ese caso se pueden sumar muchos otros en la historia de México. Cada presidente de la república busca tener una Suprema Corte de Justicia a la medida de sus necesidades.

¿Cuáles eran las necesidades de Ernesto Zedillo en ese momento y cuáles son ahora las de Andrés Manuel López Obrador?

Zedillo necesitaba que las investigaciones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu —en medio de la crisis económica provocada por el “error de diciembre” —le redituaran políticamente.

Milenio Diario acaba de reproducir en columnas un fragmento de la entrevista que San Diego Union Tribune hizo a Ernesto Zedillo, donde se advierte la importancia que daba el exmandatario al enjuiciamiento del sexenio salinista, y que la aprehensión de Raúl Salinas fue un mandato presidencial y no de un juez. “Con la misma fuerza y voluntad que ordené el arresto del hermano del expresidente Salinas, no haré nada que no esté basado en hechos sólidos…”

Para eso, exactamente, necesitaba Zedillo que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Para tener el control absoluto de los procesos que se llevaban a cabo sobre los casos Colosio y Ruiz Massieu.

Quienes acusaban al presidente de ser un resentido y de querer vengarse del menosprecio que había recibido de su antecesor, Carlos Salinas, aseguraban que el gobierno zedillista había pagado un millón de dólares y varios millones de pesos para que los testigos, en ambos asesinatos, cambiaran sus declaraciones.

Lo cierto, sin embargo, es que ambos asesinatos, además de no estar, hasta hoy, aclarados, contribuyeron por sí mismos y por la forma en que se torció la justicia a dar un golpe mortal a la credibilidad del sistema político mexicano encabezado por el PRI.

Hoy los escenarios son diferentes, pero el objetivo es el mismo: la reforma al Poder Judicial, propuesta por el senador Monreal, busca diseñar un sistema de justicia que sirva a los planes del Ejecutivo federal.

La propuesta de crear una Sala Anticorrupción como pretexto para aumentar de 11 a 16 los ministros de la SCJN, rompe —aunque se diga lo contrario— el equilibrio de poderes. Los cinco adicionales serán impuestos por el presidente de la república como sucedió con los impresentables consejeros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La corrupción en el aparato de procuración de justicia es una realidad. Ministerios públicos, jueces y magistrados han estado, durante sexenios, dedicados a fabricar y destruir pruebas, a suplantar testigos y a obtener declaraciones a través de sobornos.

También es cierto que hay jueces y magistrados coludidos con el crimen organizado, involucrados en desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, pero la reforma judicial de Andrés Manuel López tiene otro objetivo: tener una Corte que avale una nueva Constitución.

Para decirlo, en medio de la tragedia, con sentido humorístico: Andrés Manuel necesita una Corte y una Constitución a la medida de sus calzones.

A la luz de un doble discurso en el que, por un lado, se habla de transparencia y rendición de cuentas pero, por otro, se toman decisiones al margen de la ley; la lucha anticorrupción es una mera parafernalia.

La dependencia de la Fiscalía General de la República del Ejecutivo federal y el desinterés por consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción son muestra de que erradicar ese mal, antes que una prioridad, es un recurso meramente propagandístico.

La reforma judicial de este sexenio es la punta de lanza de un régimen que busca hacer más grandes los calzones de López Obrador. O para decirlo en términos más ortodoxos, se trata de colocar los cimientos fundamentales de una autocracia.