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¿Han funcionado las medidas migratorias de Donald Trump?

2019-06-03

Por Miriam Jordan | The New York Times

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que impondrá aranceles a México como el intento más reciente de su gobierno para frenar la oleada de familias de migrantes que han estado llegando diariamente por miles a la frontera suroeste de Estados Unidos.

Es la medida más reciente de Trump para buscar detener la inmigración de manera ilegal, que le sigue a una serie de decretos, regulaciones nuevas, refuerzos de la seguridad fronteriza y amenazas diplomáticas por parte del presidente, las cuales no han podido disuadir a los migrantes centroamericanos, que principalmente huyen de la pobreza y la violencia, de viajar hacia el norte. De hecho, las familias de migrantes de esa región han seguido llegando en cantidades nunca antes vistas.

Casi 110,000 personas fueron detenidas en la frontera o cerca de ella en abril, la cifra más alta desde 2007. Tan solo el 29 de mayo, la Patrulla Fronteriza en El Paso se topó con un grupo de 1036 migrantes, la detención grupal de migrantes más grande de la que hay registro en Estados Unidos.

Desde su campaña, el presidente ha hecho de la inmigración ilegal un tema central de su agenda: la ha presentado como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense que genera competencia desleal para los trabajadores de ese país. El anuncio del 30 de mayo de que impondría aranceles aduaneros a México hasta que el gobierno mexicano reduzca de manera significativa la cantidad de personas que entran a Estados Unidos provocó reacciones varias: advertencias de que eso obstaculizaría las cadenas de suministro del sector manufacturero, que pondría en riesgo el nuevo acuerdo comercial de América del Norte y dificultaría la cooperación con México en temas migratorios.

La respuesta a la pregunta más importante —si su amenaza de aranceles funcionará— se desconoce. Lo que sí se sabe desde ahora es que pocas de las medidas que ha impulsado el gobierno de Trump han funcionado como frenos migratorios, en algunos casos debido a que estas iniciativas han sido tan constitucionalmente cuestionables que los tribunales las han frenado y no se han puesto en marcha.

Estas son algunas de las políticas que el gobierno ha intentado promover:

Separaciones familiares

En julio de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional puso en marcha un programa experimental en El Paso, Texas, zona donde presentó denuncias penales contra todas las personas adultas que cruzaban la frontera de manera ilegal y envió a sus hijos a albergues gubernamentales.

Esta medida funcionó: para octubre de ese año, el último mes del programa de prueba, la cantidad de familias detenidas en el cruce fronterizo se había reducido en casi dos terceras partes. Ese supuesto éxito sentó las bases para instaurar esa política a nivel nacional en 2018, en el llamado programa de tolerancia cero.

Para el 7 de mayo de 2018, el fiscal general anunció que todas las personas que cruzaran la frontera de manera ilegal serían procesadas penalmente, lo que resultaría en la separación de miles de familias. La medida causó indignación pública y se aplicó hasta que Trump emitió un decreto presidencial para ponerle fin el 20 de junio. Posteriormente, siguió en aumento la cantidad de familias de migrantes que llegaban a la frontera.

Amenazas de cierre de la frontera

En marzo de este año, Trump amenazó con cerrar la frontera con México, total o parcialmente, si el país vecino no detenía “de inmediato” el flujo de migrantes que atravesaban su territorio para llegar a Estados Unidos.

“Si México no detiene de inmediato TODA la migración ilegal que entra a Estados Unidos por la frontera sur, la próxima semana CERRARÉ la frontera, o grandes secciones de la misma”, publicó el presidente estadounidense en Twitter.

La amenaza quizás haya empeorado el problema: se difundieron informes de que los traficantes de personas que transportan a migrantes centroamericanos por el territorio mexicano les decían a quienes estaban considerando irse a Estados Unidos que se apuraran, antes de que el presidente cumpliera su promesa.

La frontera nunca fue cerrada.

Restringir el derecho de asilo

Trump ha criticado el sistema de asilo, con el cual algunas categorías de personas que son perseguidas en su país pueden buscar refugio en Estados Unidos. A decir del presidente estadounidense, muchos migrantes sin reclamos legítimos se están aprovechando del sistema para entrar al país y hacer una nueva vida mientras un juez de inmigración dictamina sobre su solicitud.

A finales de 2018, Trump emitió una orden para impedir que cualquiera que cruzara la frontera entre los puertos de entrada oficiales pudiera presentar una solicitud de asilo.

Un juez federal en San Francisco bloqueó la implementación de esta política, una de las muchas resoluciones judiciales que han impedido que el gobierno ponga trabas al derecho de asilo.

En febrero, la Casa Blanca envió nuevas indicaciones para los oficiales en la frontera que revisan las peticiones de asilo y que hacen las entrevistas de temor creíble, las cuales forman parte de la primera etapa por la que deben pasar los solicitantes; les ordenó a esos funcionarios endurecer los criterios de elegibilidad.

No obstante, a la mayoría de los migrantes que entran al país ya no se les hacen entrevistas para obtener asilo en la frontera. Se saltan esta etapa y piden asilo una vez que los han liberado en el interior del país, cuando empieza el proceso de deportación; por lo tanto, el endurecimiento de los criterios para las entrevistas iniciales fronterizas se volvió irrelevante.

Más recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que se capacitará a los agentes de la Patrulla Fronteriza para realizar la filtración inicial en casos de solicitud de asilo. Los detractores de esta medida señalan que es poco probable que los agentes estén calificados para un trabajo que normalmente hacen funcionarios de asilo, quienes suelen contar con licenciaturas o maestrías en Derecho. El gobierno no ha puesto en marcha ese plan.

Cuotas para jueces migratorios

A mediados del año pasado, el Departamento de Justicia, el cual supervisa a los tribunales de inmigración, impuso una cuota que requiere que todos los jueces atiendan setecientos casos al año.

Esta disposición no ha reducido los retrasos de casos pendientes en tribunales, uno de los principales motivos de demora en la deportación de migrantes que no son candidatos a permanecer en Estados Unidos. Actualmente, el retraso supera los 850,000 casos y aumentó de manera importante a principios de este año, cuando el cierre parcial de la administración —resultado de un punto muerto presupuestario debido a la solicitud de Trump para el financiamiento de un muro fronterizo— resultó en el cierre de los juzgados. De hecho, al retraso se han sumado más de 200,000 casos desde que Trump llegó a la presidencia.

El gobierno ha comenzado a incorporar a más jueces, pero no ha logrado invertir en modernizar el anticuado sistema de inmigración. Por el momento, los migrantes que se dirigen a Estados Unidos pueden llegar a vivir en ese país durante años antes de que concluyan sus procesos.

Limitar ingresos en estaciones fronterizas

El año pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzó a limitar la cantidad de solicitudes de asilo que procesaría en los puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera, lo cual dejó varados durante semanas en México a miles de solicitantes en espera de su turno para presentar la solicitud.

Esta política ha impulsado a decenas de miles de migrantes a esquivar los puntos de entrada oficiales que cuentan con el personal necesario y de cruzar por zonas remotas en la frontera para entregarse en vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza de ese lado.

Hacer a los solicitantes esperar en México

En enero, el Departamento de Seguridad Nacional divulgó una serie de protocolos para la “protección a los migrantes”, que en conjunto fueron fueron apodados “la política de permanecer en México” y obligan a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino mientras sus procesos avanzan por los tribunales migratorios. Desde sus inicios en partes de California, esta práctica se ha extendido a Texas y ha arrojado un resultado de más de seis mil solicitantes de asilo devueltos a México.

Algunos migrantes vulnerables —incluyendo mujeres embarazadas, padres de hijos con discapacidades y personas trans— están entre las personas que han tenido que regresar a México.

Grupos activistas y defensores de migrantes han presentado demandas para detener esta medida. Un panel de jueces de tribunales de distrito aún no emite un fallo respecto a la legalidad de esta política; mientras, ha permitido que siga aplicándose.

Recortar la ayuda

A finales de marzo, Trump recortó 500 millones de dólares de la ayuda anual para los países centroamericanos con el argumento de que esos países solamente estaban tomando el dinero sin “hacer absolutamente nada”.

Trump señaló que la medida pretendía obligar a los dirigentes de Guatemala, Honduras y El Salvador a detener la emigración desde sus países.

Sin embargo, muchos expertos afirmaron que esta política sería contraproducente; mencionaron que la ayuda era primordial para combatir las causas de origen de la migración, como la corrupción, la violencia y la pobreza.

Arrestar a familias de migrantes

En septiembre de 2018, el gobierno introdujo una propuesta para autorizar que se encarcelara a las familias de migrantes durante periodos indefinidos. Fue un intento de modificar un acuerdo judicial que limita aproximadamente a veinte la cantidad de días que los niños pueden permanecer encarcelados.

El tema se abrió a comentarios del público, lo cual es obligatorio por un periodo, y se espera que el gobierno publique pronto una reglamentación formal que estaría alimentada por esas opiniones. Es casi seguro que la medida sea impugnada en las cortes.

Desplegar al ejército a la frontera

En abril de 2018, el presidente le ordenó al Pentágono que desplegara en la frontera sur a cuatro mil miembros de la Guardia Nacional.

En octubre de ese año, más de cinco mil soldados del ejército en servicio activo también fueron enviados a la frontera, cantidad que desde entonces se ha recortado. Sin embargo, ni la Guardia Nacional ni el ejército tienen autorización de participar en la aplicación de medidas en la frontera. La mayoría de los miembros de la Guardia Nacional estuvieron realizando labores como levantar vallas y cortar el pasto.

Un muro fronterizo

Desde el inicio de su campaña para la presidencia, Trump ha manifestado su intención de construir un muro a lo largo de la frontera sur con México, pero los resultados han sido mínimos. El Congreso de Estados Unidos asignó 1375 millones de dólares para barreras fronterizas en el año fiscal de 2019, menos de los 5700 millones de dólares que solicitó el presidente. En febrero, Trump declaró una emergencia nacional para tener acceso a 3600 millones de dólares destinados a proyectos de construcción del ejército para levantar un muro. También solicitó que se transfirieran 3100 millones de dólares de los fondos para actividades de combate a las drogas y de un fondo del Departamento del Tesoro.

Un tribunal federal emitió una prohibición judicial contra la reasignación de esos fondos, y aún está evaluando el caso.