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Estados Unidos esperaba detener a 2000 migrantes, pero solo 35 fueron arrestados

2019-07-23

Por Miriam Jordan | The New York Times

Más de dos mil migrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización fueron los objetivos de las redadas ampliamente publicitadas que se desarrollaron en todo el país la semana pasada. Pero las cifras que el gobierno le proporcionó a The New York Times el lunes muestran que solo 35 personas fueron detenidas durante la operación.

El presidente Donald Trump promocionó las redadas como una demostración de fuerza en medio de la afluencia de familias centroamericanas a través de la frontera sur. Después de posponer las redadas en junio, Trump anunció que empezarían la semana pasada.

Dos funcionarios actuales y un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional también confirmaron que el 14 de julio se ejecutaría esa operación.

Pero es probable que el anuncio público haya hecho que muchos de los inmigrantes que eran el blanco de la operación —2105 personas en más de una docena de ciudades que habían recibido órdenes de deportación definitivas, pero que no se habían reportado con los agentes de Inmigración y Control de Aduanas— abandonaran temporalmente sus hogares o se mudaran para evitar ser arrestados.

El aviso anticipado de la operación también dio tiempo a los defensores de personas inmigrantes a aconsejar a las familias sobre sus derechos, que incluyen no abrir la puerta o responder preguntas. En las redes sociales, los grupos comunitarios compartieron información detallada sobre cómo debía manejarse la llegada de los agentes de migración.

En una entrevista realizada el lunes, Matthew Albence, director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), responsable de arrestar, detener y deportar a las personas inmigrantes no autorizadas que se encuentran en Estados Unidos, reconoció que el número de detenciones era bajo.

“No conozco a ninguna otra población donde la gente les diga cómo evitar el arresto como resultado de una actividad ilegal”, dijo. “Sin duda, nos hace más difícil ejecutar las órdenes emitidas”.

“No escuchabas a la gente de ICE hablando de eso antes de que se llevara a cabo la operación”, agregó.

Las casi tres docenas de migrantes arrestados, diecisiete de los cuales eran miembros de familias que cruzaron la frontera juntos y otras dieciocho fueron detenciones colaterales de personas indocumentadas, se encuentran entre las más de novecientas personas que las autoridades migratorias han detenido desde mediados de mayo, explicó Albence.

Desde el 13 de mayo hasta el 11 de julio, ICE arrestó a 899 adultos que tenían órdenes de deportación definitivas, en una estrategia llamada Operación Cross Check. La mayoría tenía condenas penales, según dijo Albence.

La acumulación de casi un millón de casos de inmigración significa que podrían pasar años antes de que un expediente sea procesado en los tribunales. Los procesos de las personas incluidas en las redadas de la semana pasada fueron acelerados, con el objetivo de resolver sus casos dentro de un año. Un juez de inmigración ordenó que la mayoría fuera expulsada del país.

“Lo que descubrimos es que la mayoría ni siquiera se presentó a su primera audiencia”, dijo Albence. “Además les enviamos cartas para que tuvieran la oportunidad de entregarse y organizar un proceso de salida más ordenado”, lo que incluía el tiempo para organizar sus asuntos y programar vuelos en aerolíneas comerciales.

Como parte de un enfoque múltiple para frenar la inmigración ilegal, Albence dijo que el gobierno también intensificó las inspecciones de las compañías sospechosas de contratar inmigrantes sin documentos. El funcionario comentó que la semana pasada se le pidió a 3282 empresas de todo el país que enviaran sus documentos de nómina para una revisión.

“Parte de nuestro objetivo es reducir las oportunidades económicas”, dijo Albence. “No podemos tener individuos que ingresen ilegalmente al país y luego vayan a buscar trabajo de manera ilegal”.

Las auditorías de empresas y formularios de nómina, también conocidas como “redadas silenciosas”, afectan a los restaurantes, las cadenas de procesamiento de alimentos, la manufactura de alta tecnología, la agricultura y otras industrias que emplean a miles de trabajadores, según los abogados que representan a algunas de esas compañías. Los empleadores suelen perder una cantidad sustancial de trabajadores como resultado de las auditorías, lo que también puede originar multas y cargos penales contra las empresas.

La gestión de Trump ha aumentado significativamente las inspecciones empresariales, a menudo llamadas auditorías I-9, que es el formulario que los trabajadores deben llenar afirmando que están autorizados a trabajar en los Estados Unidos. Se realizaron 5981 auditorías de ese tipo en el año fiscal 2018, en comparación con las 1360 del año anterior.

“El gobierno de Trump ha sido más agresivo que cualquier otro con las investigaciones I-9”, dijo Kimberley Robidoux, una abogada de inmigración en San Diego que tiene varios clientes afectados.

Aún así, mientras lidia con un número récord de familias migrantes en la frontera sur, el actual gobierno ha deportado a menos personas, en promedio anual, que la gestión de Barack Obama.

En el año fiscal 2018, el gobierno de Trump deportó a 256.086 personas inmigrantes, un incremento del 13 por ciento con respecto al año anterior. En contraste, el presidente Barack Obama expulsó a 409.849 personas en 2012, un máximo histórico, y a 235.413 en el año fiscal 2015.

En los dos primeros trimestres del año fiscal 2019, la gestión de Trump deportó a 130.432 personas, en comparación con las 123.253 durante el mismo período del año anterior.

Obama enfocó a las autoridades migratorias en la detención y deportación de criminales convictos, migrantes que habían cruzado la frontera recientemente y aquellos que habían ingresado al país de manera ilegal en varias oportunidades. En cambio, Trump ha dicho que cualquier persona que se encuentre viviendo sin autorización en el país puede ser detenida y deportada por las autoridades.

De hecho, este lunes, el gobierno dijo que acelerará la deportación de inmigrantes indocumentados que no pueden probar que han estado en Estados Unidos por más de dos años, permitiendo a los agentes federales arrestar y expulsar a personas sin tener una audiencia ante un juez.

La expansión del “programa de deportaciones aceleradas”, que se espera que sea impugnado en los tribunales, ocasionaría la deportación de personas sin que tengan una audiencia en las cortes, lo que podría afectar sus posibilidades de buscar asilo en los Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno anunció que se negará a proteger a las personas inmigrantes que no solicitaron asilo en al menos uno de los países que atravesaron en su camino hacia el norte, en su último intento por disuadir a quienes provienen de Centroamérica y buscan vivir en los Estados Unidos. Esa política fue desafiada en la corte por una coalición de defensores de inmigrantes un día después de que fue anunciada.

En lo que va del año fiscal 2019, la Patrulla Fronteriza ha arrestado a 363,300 familiares de inmigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala en la frontera sur. Muchos de ellos están buscando asilo y huyen de la violencia de sus países de origen.

Como los niños no pueden ser detenidos por más de veinte días según los estándares establecidos, la Patrulla Fronteriza ha estado liberando a las familias, que generalmente se entregan a las autoridades después de cruzar la frontera, para esperar sus citas en los tribunales de inmigración.

“Eso muestra los desafíos que enfrentamos cuando no podemos detener a personas en la frontera y nos vemos obligados a liberarlas en el país”, dijo Albence.

La semana pasada, Trump consideró que la operación dirigida contra las familias el 14 de julio fue “muy exitosa”.

Los planes del gobierno cambiaron de último minuto debido a las noticias y reportajes que les informaron a inmigrantes sobre cómo actuar, según dijeron varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. En vez de efectuar una operación masiva, las autoridades optaron por trabajar en una escala limitada y más difusa de detenciones.

Las familias capturadas fueron ubicadas en centros de detención familiar, donde es difícil que puedan tener asistencia legal. Pero los abogados de inmigración dijeron que todavía podrían tomar medidas para detener su deportación inmediata, por ejemplo, al presentar una apelación o una moción para reabrir sus casos.

Según esos abogados, algunas familias tal vez no sabían que habían perdido una audiencia en la corte si no fueron notificadas o si se habían mudado.