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Involucrar a Peña Nieto

2019-08-20

Por Tere Mora Guillén e Irma Ortiz | Revista Siempre

Entrevista a Eduardo Huchim y Mario Fernández

Aunque las opiniones están divididas, la mayoría apuntan a que el gobierno federal debe sancionar a todos los actores involucrados en el caso de la Estafa Maestra, ya que Rosario Robles es sólo un eslabón de la cadena. Así lo señala a Siempre! El ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim, mientras que el penalista Mario Fernández, de la Barra Mexicana de Abogados BMA reconoce que Robles enfrenta un Tribunal de Estado

Eduardo Huchim afirma que a condición de que llegue a materializarse la probanza por parte de la Fiscalía General de la República, si eso ocurre y Robles es finalmente sentenciada, –tiene una prisión preventiva–, porque la Fiscalía prueba lo que se presume, será  claro y nítido examen de la lucha anticorrupción que es una bandera del actual gobierno, y muestra de que el presidente va en serio.

Agregó que no hay que perder de vista que Robles, es un eslabón importante en esa enorme corrupción, de lo que se llama genéricamente la estafa maestra, “hubo ahí una asociación para sustraer dinero público del presupuesto federal, pero que eso no lo pudo hacer sola, ni pudo hacerlo sin conocimiento de su jefe que se llama Enrique Peña Nieto”. La tarea de la Fiscalía debe involucrar al ex presidente de México, como le ha pedido el juez que lo precise, si está involucrado o no. Pero no sólo eso, recordemos que en esa trama de la estafa maestra, están inmiscuidos una serie de rectores de universidades que se prestaron a esa gigantesca defraudación. Los rectores, igual que el ex presidente Peña Nieto, y cuanto ciudadano ha estado involucrado, deben responder por sus actos.

En opinión de Eduardo Huchim, los siguientes ex funcionarios que deberán ser sujetos a proceso son fundamentalmente el ex presidente de la República, el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, en su momento Emilio Zebadúa, y los rectores.

No veo, dijo, “el caso de Rosario como un chivo expiatorio, lo veo como un eslabón de una cadena que tiene otros nombres que deben ser llamados a cuenta”.

El ex consejero dice tener certeza que la administración Peña Nieto, está vinculada necesariamente a la estafa maestra, porque hubo una red delictiva, dice, “para robar dinero del erario, en esa red no se debe excluir a nadie, todos deben ser llamados a cuentas y no sólo eso, para que sea socialmente útil este tipo de procesamientos de funcionarios públicos, debe haber una acción resarcitoria, es decir, que los delincuentes devuelvan a la nación lo que le robaron a la misma, no basta con que vayan a la cárcel, deben resarcir lo que indebidamente sustrajeron de las arcas públicas. Asimismo niega que haya un acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña”.

Por otra parte, el ex comisionado agregó que el ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, es uno de los principales sospechosos de haber cometido una serie de depredaciones: «No sólo ahora, sino desde que fue este personaje secretario de Comunicaciones también del gobierno del Estado de México, encabezado por Peña». Y añade “no creo que Peña Nieto esté en este momento en posición de  proteger a nadie, quizá ni a sí mismo, porque es tan grave, hay tantas evidencias de esa depredación de la que hablábamos, que difícilmente podrá sustraerse de la acción de la justicia».

Por otra parte indica que Peña Nieto sí le entregó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. «No le quedó más remedio, cuando López Obrador dice que no metió las manos en la elección, es una ingenuidad, por supuesto que metió las manos en la elección, porque hubo compra y coacción del voto, lo que pasa es que fue tan masiva la votación, que se produjo un tsunami que hizo imposible concretar el fraude que querían hacer, esto se debe a ese gran electorado que hay en México que se manifestó en las elecciones».

Por su parte, el penalista Mario Fernández, de la Barra Mexicana de Abogados BMA, reflexiona que independientemente de los cargos, Rosario Robles enfrenta a un Tribunal de Estado. Refiere que en México, los imputados de algún delito tienen garantizados sus derechos humanos por la Constitución, acorde al nuevo Sistema de Justicia Penal, “el primero es la presunción de inocencia y el segundo es el debido proceso. Partiendo de ese supuesto, a Robles se le debe respetar ambos derechos, tanto desde la parte judicial como desde la parte mediática, que no haya un prejuzgamiento sobre su culpabilidad no desde el lado judicial, y obviamente la responsabilidad del medio sería siempre hablar de ella como la imputada de un delito, mas no culpable del mismo, eso se va a definir hasta que haya una sentencia firme y definitiva”.

Asimismo, indica, que lo que obra en la carpeta de investigación hecha pública a través de los boletines en medios de comunicación e investigaciones periodísticas que dan origen a la investigación en contra de Robles, caso de la Estafa Maestra, determinan que hay indicios que sustentan que existe un hecho delictivo, en este caso, desvío de recursos públicos y un beneficio personal por parte de servidores públicos.

Mario Fernández afirma que la medida cautelar que se le impuso a Robles, “que consiste en la prisión preventiva justificada, garantiza que estará presente durante todo el proceso penal, desde la fase inicial que se inicia ante un juez de control, hasta la fase del juicio que va a ser ante un Tribunal de enjuiciamiento donde eventualmente le van a dictar una sentencia”.

El abogado menciona que lo debatible es que a Robles le pudieron haber puesto otras medidas que menciona el Código Nacional de Procedimientos penales, como el brazalete electrónico o arresto domiciliario, que pudieran haber sido medidas menos invasivas para su libertad personal, y que pudieron haber sido igualmente efectivas para garantizar su presencia durante el proceso penal.

“A mi juicio”, apunta, “al tratarse de un caso de alta relevancia y tomando en cuenta los antecedentes que han habido de otros políticos de alto nivel involucrados en casos de corrupción o desvío de recursos, la medida cautelar fue la idónea en razón de que este tipo de personajes tiende a darse a la fuga cuando hay una imputación en su contra como los casos de Javier Duarte y Tomás Yarrington, entre otros”.

Sobre el fondo del asunto, dice, la fiscalía le imputa un desvío de recursos, “pero legalmente el código penal lo tipifica como indebido ejercicio del servicio público, que tiene varias hipótesis normativas, son varias conductas que encuadran en ese tipo penal. ¿Cuál es el problema?, que las hipótesis que maneja son técnicamente complejas en comprobar porque requieren pruebas testimoniales, documentales y en el caso del servicio público, al regirse por el principio de legalidad deberán acreditar la responsabilidad de Robles, con alguna documental o testimonial directa que afirme directamente que ella sabía y conocía de toda la estructura de la estafa maestra y que consintió en el desvío de esos recursos para fines personales. Eso va a ser en alto grado complejo de determinar porque es muy raro que en este tipo de delitos exista algún documento que haya firmado la propia secretaria en donde ella haya autorizado ese desvío”.

El testimonio de los tres testigos colaboradores de la entonces secretaria señalan que ella conocía la estructura de la estafa maestra y no emitió los procedimientos sancionatorios dando aviso al órgano interno de control de la dependencia para que investigaran el asunto, “una testimonial, que tendría que robustecerse con documentales donde se acreditar la plena vinculación de la secretaria en el caso”.

Aseveró que existen miles de casos similares que duermen el sueño de los justos en la fiscalía y sorprende que en casos políticos de alto perfil, la fiscalía actúa casi inmediatamente, solicitando órdenes de aprehensión y luego dándole puntual seguimiento a los juicios. La procuración de justicia en México, en términos generales, advierte, funciona todavía con la presión política y social sobre el tema y como abogado lo que me interesa es que la fiscalía, que tiene una carga de trabajo muy importante pero en los últimos casos que involucran a políticos de alto nivel, derivados de una indebida integración de las carpetas de investigación, han logrado obtener su libertad, en algunos casos con mayor justificación que otros.

Resulta curioso, señala, que políticamente hablando el entonces jefe de gobierno y hoy presidente de la república, tuviera diferencias con Robles y a nivel político se puede presumir que sea una venganza política.

“Si hubiera una intención real de investigar a todos los imputados tendrían que empezar desde la cabeza como el ex presidente Enrique Peña y deslindar responsabilidades de los otros secretarios porque definitivamente no fue la única acusación que se hizo pública del anterior sexenio, es una especie de justicia selectiva.

“Como abogado resumiría tres cosas; presunción de inocencia, debido proceso y el tipo penal que en este caso, es muy complejo y existe la posibilidad de darle la libertad a la señora Robles porque está mal integrado el tipo penal y la evidencia que sustentan es débil e insuficiente para acreditar la responsabilidad penal a menos que las otras carpetas de investigación que ya a toro pasado, está iniciando la Fiscalía y que le entrega la Unidad de Inteligencia Financiera, van a fortalecer el caso”.