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Una nueva disposición del gobierno de Trump permitiría detener indefinidamente a las familias migrantes

2019-08-21

Por Michael D. Shear y Zolan Kanno-Youngs | The New York Times

WASHINGTON—El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer el miércoles una regulación que permitirá detener indefinidamente en la frontera a las familias migrantes y reemplazará así un acuerdo de la corte que desde hace décadas impone un límite al tiempo que el gobierno puede tener bajo custodia a niños migrantes y establece los cuidados que deben recibir.

Por más de un año, la Casa Blanca ha presionado al Departamento de Seguridad Nacional para que remplace el acuerdo de la corte, conocido como el Acuerdo Flores, un cambio que, según el gobierno es crucial para detener la migración en la frontera suroeste de Estados Unidos.

La nueva regulación, que requeriría de la aprobación de un juez federal antes de que entre en vigor y que se espera sea inmediatamente impugnada en una corte, específicamente aboliría el límite máximo de veinte días que pueden pasar las familias detenidas en las prisiones migratorias. Este límite temporal ha motivado al presidente Trump a quejarse en repetidas ocasiones de la estrategia de “capturar y liberar” en Estados Unidos a las familias centroamericanas y de otros países.

“Esta regla permite que el gobierno federal aplique las leyes migratorias tal como las aprobó el congreso”, dijo en un comunicado Kevin K. McAleenan, el secretario en funciones de Seguridad Nacional. Dijo que se trataba de “una regla crítica” que permitirá que el gobierno detenga a las familias y mantenga la “integridad del sistema de inmigración”.

El gobierno propuso la regla el otoño pasado, lo que permitió al público opinar sobre la posible regulación. Está previsto que se publique de forma oficial el viernes en el Registro Federal y tendría efecto sesenta días después, aunque los funcionarios del gobierno admiten que lo más probable es que la impugnación en la corte cause retrasos en su aplicación.

Con la nueva regla, el gobierno tendría libertad de enviar a las familias capturadas al cruzar de manera ilegal la frontera a uno de los centros familiares residenciales y mantenerlas ahí durante todo el tiempo que demore la resolución de sus casos migratorios. Los funcionarios dijeron que algunos casos familiares se deciden en tres meses, aunque muchos de ellos demoran más tiempo.

Pero los funcionarios del gobierno —que informaron la noche del martes a los reporteros con la condición de anonimato —dijeron que ya no habría un límite de tiempo para el periodo que padres e hijos migrantes pueden estar detenidos.

Desde 2015 existe este límite de tiempo, una extensión de un decreto mandado por la corte en 1997, después de que una demanda colectiva federal argumentó que pasar periodos extendidos en instalaciones de detención podía dañar física y emocionalmente a los niños migrantes.

Los gobiernos previos han intentado cambiar las reglas de detención de menores y los funcionarios de Seguridad Nacional de Trump repetidamente han dicho que limitar el tiempo de detención de familias migrantes enteras ha llevado al aumento de familias centroamericanas que han cruzado la frontera este año.

Los funcionarios dijeron el martes que la nueva regulación mandaría un poderoso mensaje a las familias centroamericanas de que viajar con niños a Estados Unidos “no es un pasaporte” para que se les libere una vez detenidos.

También anticipan que el efecto de la regla será una disminución dramática en el número de familias que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos, lo que reduciría la necesidad de construir más centros familiares residenciales.

Retirarse del decreto también ha sido una meta personal de Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria de Trump. Los retrasos en la formulación de esta regla han llevado a que Miller se quejara de altos funcionarios de Seguridad Nacional que después serían despedidos del departamento.

En abril The New York Times informó que Miller había reñido al exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Ronald D. Vitiello, por no terminar las nuevas reglas. Posteriormente, Trump retiró la nominación de Vitiello al cargo, porque consideró que no era suficientemente estricto para el puesto.

El Acuerdo Flores también ha estado en la base de los debates partidarios sobre la inmigración. Los demócratas han dicho que las reglas son imperativas para asegurar el bienestar de los niños detenidos, especialmente después de que se les estaba reteniendo en celdas hacinadas y algunas veces no se les permitía acceder a duchas, cepillos de dientes o comida caliente.

McAleenan le dijo al comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja en mayo que el Acuerdo Flores había incentivado la migración a Estados Unidos al declarar que “si un adulto llega con un niño, tienen probabilidad de quedarse en Estados Unidos”.

El congresista demócrata por Misisipi Bennie Thompson, presidente del comité, le recordó del propósito original de las regulaciones establecidas por la corte.

“Eran porque se había comprobado que la detención prolongada de niños es dañina para su salud”, dijo Thompson. “Creo que la corte lo vio desde esa perspectiva, más que como una decisión punitiva respecto del departamento”.

La regulación del gobierno en turno tiene varios cientos de páginas y elimina el requisito de que los centros de detención federales para familias migrantes cuenten con licencia de los estados, la mayoría de los cuales no contaban con dichas licencias.

Más bien, con esta nueva regulación, los tres establecimientos construidos para albergar a cientos de familiasi nmigrantes —como los de Dilley y Karnes City, en Texas, y Leesport, en Pensilvania— solo tendrían que cumplir con los estándares de ICE, el organismo federal que opera los centros.

El martes los funcionarios del gobierno insisieron en que las instalaciones son y seguirán siendo, mantenidas al más alto estándar de cuidado para los inmigrantes detenidos. Dijeron que las instalaciones incluían espacio para atención de salud, escuelas y comida “de primera”.

Pero los críticos del gobierno hace tiempo que aseguran que dichas instalaciones no son adecuadas para que los niños pasen largos periodos. Y los ejemplos recientes de las terribles condiciones en centros de detención de la Patrulla Fronteriza han subrayado su preocupación en torno a los centros residenciales.

“No estamos en desacuerdo con la detención de niños cuando es necesario, es decir, cuando presentan riesgo de fuga o son un peligro para sí mismos o para otros, estamos de acuerdo”, dijo Peter Schey, un abogado que presentó el caso original y desde entonces ha seguido defendiendo los términos del acuerdo. “Es con la detención innecesaria de niños que este acuerdo quería acabar. Así que estas regulaciones realmente reflejan una indiferencia flagrante de parte del presidente Trump y su gobierno por la seguridad y el bienestar de los niños al cuidado del gobierno federal”.

El verano pasado, el gobierno de Trump empezó a separar a los niños de sus padres como un modo de eludir el Acuerdo Flores. A los niños se les ponía bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos mientras que a los adultos se les encarcelaba durante el tiempo que esperaban su juicio por haber violado las leyes migratorias.

Una violenta reacción política forzó a Trump a abandonar públicamente la política de separación, aunque defensores de los derechos migratorios dijeron que algunas familias seguían estando separadas incluso después de que se hiciera el anuncio.

Los funcionarios dijeron el miércoles que el esfuerzo para permitir que las familias estuvieran detenidas indefinidamente era un intento, ya sea para no tener que separar a las familias o liberarlas mientras esperaban la audiencia de sus casos.

Incluso antes del anuncio el miércoles de la regulación, los activistas migratorios dijeron que era un esfuerzo cruel para encarcelar a las familias —algunas con bebés o niños pequeños— muchas de las cuales huyen de la violencia y la corrupción de sus países de origen.

Bajo los términos del decreto de consentimiento de 1997, la regulación debe aprobarla la jueza del caso original, Dolly M. Gee del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. El gobierno tendrá siete días para presentar un expediente en su corte solicitando que apruebe la regulación.

Si ella se niega, el gobierno posiblemente apele a la decisión en un caso que puede demorar meses e incluso años ante los tribunales, dijeron los expertos legales.