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Misión imposible resolver crisis forense 


2019-08-26

 

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 26 AGO - La salida a la crisis forense que afecta a México, derivada de la ola sangrienta iniciada hace más de 12 años, se perfila como una misión imposible que podría demorar décadas aún contando con muchos recursos y ayuda internacional.
    
El jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Jordi Raich, de visita en México, en compañía de otros expertos en la materia, señaló que, con miles de cuerpos en las morgues, la situación parece fuera de proporción.
    
"Incluso si mañana llegaran millones de dólares dedicados a este problema, se tendrían que encontrar los especialistas suficientes para afrontarlo, el cual es limitado, no sólo en México sino en todo el planeta", afirmó. Para Raich, "lo importante es la visión a nivel nacional de cómo se quiere hacer frente a este problema", para planificarlo "más allá de gobiernos, con una perspectiva de largo alcance".
    
Abrumado por esta pesada herencia de más de 40,000 desaparecidos y más de 8,000 cadáveres rebasando los depósitos de cadáveres del país, según datos oficiales, el gobierno del presidente Andrés López Obrador ha debido solicitar auxilio internacional para la identificación de cuerpos.
    
Con una cifra histórica de homicidios intencionales en el primer semestre del año (20,600), según estadísticas oficiales, que cada día aumenta, las instalaciones forenses se encuentran saturadas y no hay forma de que los cuerpos sigan rebasando la capacidad instalada por cuanto día a día aumentan los asesinatos.
    
En mayo pasado se anunció la creación del primer registro de fosas clandestinas, que hasta ahora contabiliza 222, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó en septiembre pasado que suman más de 1,300, de las cuales se exhumaron 530 cuerpos y sólo 54 habían sido identificados.
    
Desde que el gobierno del presidente Felipe Calderón lanzó en diciembre de 2006 su fallida "guerra contra el crimen" se registran al menos 260,000 muertos y un millón de víctimas directas e indirectas.
    
La crisis forense mostró su rostro más espeluznante cuando, en septiembre de 2018, un camión frigorífico fue visto dando vueltas en círculos por las principales calles de Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, y sus alrededores, con más de 150 cuerpos.
    
"No estábamos preparados para una situación de esta envergadura que es casi una crisis humanitaria", admitió hace poco la ministra de Gobernación, la ex juez de la Suprema Corte Olga Sánchez, quien dijo que se ha estado trabajando con organismos internacionales para solicitarles apoyo.
    
Andrés Rodríguez, coordinador regional forense del CICR, dijo que una de las peculiaridades que hacen más complejo este problema en México es que se recuperan "muchos cuerpos fragmentados o calcinados, que además están mezclados en fosas".
    
En otras naciones que han sufrido crisis semejantes como Colombia todavía no se resuelve el reto de la identificación de restos humanos a tres décadas de ocurridas las muertes, señaló. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, ha señalado que el personal pericial actual requiere mayor capacitación porque no está entrenado para enfrentar una situación extraordinaria como ésta.
    
"Falta personal, especialistas formados en el país como antropólogos y arqueólogos forenses y se requiere convencerlos de que vengan a trabajar con las fiscalías y las comisiones de búsqueda", señaló.
    
Para afrontar un desafío de esta naturaleza se requieren, entre otros, médicos, odontólogos, criminólogos, criminalistas, antropólogos, arqueólogos, genetistas y biólogos, expuso.
    
A fines de junio pasado, el viceministro de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, rindió un informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, en medio de protestas de organizaciones de desaparecidos.
    
Encinas anunció fondos por cerca de 21 millones de dólares para crear cinco institutos regionales forenses, crear una base de datos genéticos única y dotar de tecnología para huellas dactilares.
    
"Lo fundamental es garantizar el derecho a la identidad de las personas desaparecidas, el trato digno a los cuerpos y una sepultura digna y en paz", afirmó ante López Obrador. 


 



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