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López Obrador promete frenar la violencia y la corrupción


2019-09-02

Por AMY GUTHRIE

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el domingo que México enfrenta un desalentador panorama económico y un macabro incremento en la violencia durante el primer informe de gobierno de su mandato de seis años.

Luego de nueve meses de gobernar al país, los homicidios en México se encuentran en su máximo histórico y la economía se ha desacelerado. Sin embargo, López Obrador, quien hizo campaña con la promesa de acabar con la corrupción, continúa gozando de un índice de aprobación superior al 70% después de ganar los comicios presidenciales por amplio margen en julio de 2018, unas elecciones en las que su partido también obtuvo una mayoría casi absoluta en el Congreso.

Desterrar la corrupción y la impunidad continúa siendo la máxima prioridad, dijo López Obrador en su discurso ante miembros de su gabinete, generales, empresarios y periodistas reunidos en el Palacio Nacional.

Combatir la corrupción es una tarea exigente. México obtuvo una calificación de 28 puntos, de 100 posibles, en el Índice de Percepción de Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, en el que una cifra más baja equivale a niveles más altos de corrupción. Eso coloca a México a la par de Rusia y por debajo de naciones como Bolivia y Honduras en ese rubro.

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, y eso es la causa principal de la desigualdad económica y social, y de la inseguridad y la violencia, que padecemos”, afirmó el mandatario en tono sombrío.

López Obrador ha descrito su mandato como la “Cuarta Transformación”, señalando que representa un cambio similar al levantamiento de Independencia de 1810, el movimiento liberal de 1857 y la revolución de 1910. Asumió el poder en diciembre con la promesa de ayudar al país a recuperar sus valores morales.

La transición no ha sido tersa, con tres renuncias de altos miembros de su gabinete tan sólo en los primeros nueve meses de su gobierno. Las medidas de austeridad han asfixiado a instituciones fundamentales, como el sistema de salud pública, y contribuido a un creciente titubeo entre los mexicanos para invertir y gastar.

Valeria Moy, economista y directora del centro de investigación México ¿cómo vamos?, dijo que el gobierno ha estado impulsado principalmente por el ego y los intereses del mandatario. Indicó que eso ha llevado a la destrucción de programas, instituciones y proyectos valiosos únicamente porque fueron creados por gobiernos previos.

“No hay un proceso de toma de decisiones racionales”, declaró Moy.

Los inversionistas quedaron particularmente atemorizados por la decisión del presidente de cancelar un nuevo aeropuerto de 13,000 millones de dólares para la capital, proyecto que se encontraba avanzado en una tercera parte. Cuestionaron el compromiso del nuevo gobierno con las licitaciones y los proyectos a largo plazo.

El mandatario se jactó el domingo del ahorro de 145,000 millones de pesos, alrededor de 7.250 millones de dólares, en recortes de gastos y otras medidas que han entrado en vigor desde que asumió el mandato el 1 de diciembre. Su gobierno se ha enfrentado al robo de combustibles de la petrolera estatal Pemex, redujo los salarios de funcionarios públicos, eliminó un programa social importante y canceló oficinas de gobierno en el extranjero que promovían la inversión en México.

A medida que la economía parece acercarse a una recesión, López Obrador dijo que la estabilidad debería medirse por la felicidad del pueblo y no por el crecimiento del producto interno bruto. Y el mexicano es “feliz, feliz, feliz”, declaró.

Cientos de personas salieron el domingo a las calles de la capital a manifestar exactamente lo contrario. Portando pancartas con leyendas como “nada que presumir”, exigieron la renuncia del presidente.

Los mandatarios mexicanos están limitados a un solo periodo de gobierno, y López Obrador reiteró el domingo el deseo de realizar una consulta pública a la mitad de su presidencia, y en gobiernos a futuro, para determinar si los gobernantes electos deberían completar sus periodos.

Arremetió contra la opulencia y la acumulación de riquezas, señalando que ve un compromiso en el sector privado del país por crear empleos, pagar más impuestos y aceptar ganancias ligeramente más bajas.

“Por encima de todo, somos mexicanos”, señaló, y llamó por su nombre a líderes empresariales como el magnate Carlos Slim para agradecerles su respaldo.

Slim, quien estuvo presente en el informe, es el hombre más rico de Latinoamérica. El índice de multimillonarios de Bloomberg calcula la fortuna de la familia Slim en 54,000 millones de dólares, alrededor del 5% de la producción económica anual del país.

Amasó su fortuna en un país donde el 44% de la población es pobre, de acuerdo a la definición del Banco Mundial que utiliza indicadores tanto de ingresos como de carencias sociales. Uno de cada cuatro mexicanos vive con menos de 5,50 dólares al día.

López Obrador comparó el estatus quo de gobiernos anteriores con la “prostitución”, al decir que es antiético defender los intereses de unos cuantos mientras muchos luchan por sobrevivir. Repitió uno de sus lemas: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Sin embargo, su mensaje de optimismo está bajo la amenaza de las crecientes tasas de delitos violentos. El mandatario dijo que combatir la violencia es uno de los “principales desafíos” del país.

México impuso un nuevo récord de homicidios para el primer semestre del año, de 17.608, buena parte de ellos a manos del narcotráfico y el crimen organizado en varios estados del país. Para empeorar la situación, los delitos violentos parecen haberse expandido a la mayor parte del territorio nacional, cuando anteriormente se limitaban a unos cuantos puntos.

Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que la postura de López Obrador en el combate a la delincuencia “nos deja un montón que desear”. Afirmó que su gobierno no cuenta con una propuesta real para reformar el sistema de justicia penal, que está lleno de investigaciones mal hechas, pocos casos resueltos y colusión entre policías y delincuentes.

La sociedad desconfía de la policía a tal grado que se calcula que no se denuncian alrededor del 90% de los crímenes.

El presidente ha optado por no combatir de frente a los cárteles, diciendo que en lugar de ello dependerá de la recién creada Guardia Nacional para cuidar de los mexicanos. La guerra contra el narcotráfico en el país, iniciada en 2006, ha generado un efecto contraproducente de multiplicación de grupos criminales, por lo regular más violentos, después de que las autoridades abaten o arrestan a los líderes de cierta organización delictiva.

“Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada”, puntualizó.



Jamileth


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