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Las barricadas indígenas de Ecuador

2019-10-10

Francesco Manetto, El País

El humo de los gases lacrimógenos se mezcla con el de las hogueras improvisadas. Es una de las imágenes de las marchas que el martes llegaron a Quito desde varios puntos de Ecuador. De un lado, las fuerzas de seguridad y del otro, miles de manifestantes que reclaman al presidente, Lenín Moreno, que retire los últimos ajustes económicos o que se vaya. En el centro de la capital o en las proximidades de la Asamblea Nacional, en el llamado parque del Arbolito, los líderes indígenas se declaran dispuestos a radicalizar la protesta.

Sus comunidades vertebran desde hace una semana unas movilizaciones que se iniciaron tras el anuncio de un paquete de medidas que incluye un alza del precio de la gasolina de 50 céntimos de dólar por galón (casi cuatro litros). Este jueves, después de que el Ejecutivo ofreciera una agenda de diálogo, una concentración de agrupaciones mucho menor que la del día anterior retuvo a seis policías y casi 30 periodistas en la Casa de la Cultura, lo que las autoridades calificaron de “secuestro”. Unas horas más tarde, sin embargo, fueron liberados. Las protestas han dejado a varios centenares de detenidos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) busca aumentar la presión. El paro nacional del miércoles se desarrolló de forma pacífica hasta que la situación se precipitó y se produjeron duros enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes. El Defensor del Pueblo confirmó la muerte del dirigente Inocencio Tucumbi durante la marcha, aunque no detalló las circunstancias.

“Hemos vivido días de mucha agitación, nos hemos sorprendido de nuestra capacidad de lucha y resistencia, y hemos demostrado al mundo que el movimiento indígena y el pueblo ecuatoriano somos un solo puño, y el lugar que nos ha dado la historia. Hemos hecho temblar al poder. Nuestra palabra está puesta: esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador”, mantiene un comunicado de la organización suscrito por su presidente, Jaime Vargas, cabeza visible de las protestas. La referencia al Fondo Monetario Internacional tiene que ver con un préstamo de 4,200 millones de dólares [3.816 millones de euros] pactado en febrero a cambio de reformas estructurales.

En Ecuador, según datos de junio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, viven más de 1,4 millones de indígenas, es decir, algo más del 8% de la población total del país. Se trata de comunidades rurales especialmente golpeadas por la miseria. “Nosotros queremos que salga el Gobierno de aquí”, dice José Jacho, de 29 años, que viajó a Quito con su familia desde la provincia de Cotopaxi, en el centro del país. “Estamos cansados, con el combustible sube todo, también las semillas del abono. Por eso estamos organizando estos paros”, asegura.

Al margen del seguimiento real y visible de las protestas, unas decenas de miles de personas entre las que también se encuentran estudiantes, sindicalistas y activistas, los pueblos indígenas han sido en el pasado un actor decisivo en los equilibrios políticos de Ecuador. Hace dos décadas, fueron determinantes en la caída de los expresidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. La última víctima fue Lucio Gutiérrez en 2005. Dos años más tarde llegó al poder Rafael Correa, que también enfrentó duramente a los indígenas en la provincia amazónica de Morona Santiago a raíz de un conflicto minero. El Gobierno acusó entonces de terrorismo a unos líderes del pueblo Shuar y Correa los llamó "paramilitares", aunque hoy aplaude las protestas contra Moreno.

Todo depende ahora de la capacidad del Gobierno de negociar y de la voluntad de diálogo de los manifestantes, que apoyan en parte esa salida. “Está bien que se tomen medidas, pero no de una vez. Nosotros tenemos tractores, el combustible es pan del día para nosotros, por eso tenemos que llegar a Carondelet [sede del Gobierno] para dialogar”, dice Ezequiel Gómez, 40 años, de la parroquia andina de Angochagua.

El Ejecutivo ofreció unas medidas para “compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles”. Entre ellas, reestructurar las deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos de la financiación de sus terrenos o financiar el seguro agrícola. De momento, una propuesta insuficiente para los manifestantes.

Dos hombres sentados en el remolque de una furgoneta se quejan al unísono. “Este es el futuro de nuestros hijos”, dice Willy Díaz, de 28 años, que asegura trabajar “en el transporte”. “El presidente no se da cuenta, sube el transporte para nuestros hijos, para los productos de primera necesidad”, tercia Héctor, de 52 años.