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Oligopolio tecnológico


2019-10-10

POLÍTICA EXTERIOR

El choque entre Bruselas y grandes compañías de Silicon Valley, como Google, fue un hilo conductor de la anterior Comisión Europea, en la que Magrethe Vestager ocupó la cartera de Competencia. En la nueva Comisión, Vestager retiene este cometido, al que se añade una vicepresidencia desde la que coordinará áreas como big data, inteligencia artificial y servicios digitales. Preguntamos a diversos expertos si las leyes antimonopolio europeas son suficientes para hacer frente al auge de los gigantes tecnológicos.

Joaquín Almunia | Exvicepresidente de la Comisión Europea y exministro

En muchos países, empezando por Estados Unidos y los miembros de la UE, se hacen esa pregunta. Los grandes actores de la economía digital -sobre todo Google, Apple, Facebook y Amazon- han logrado en pocos años dominar los mercados en los que actúan. La Comisión Europea está liderando la actuación de las autoridades de defensa de la competencia en el mundo para salir al paso de los abusos que cometan aprovechando su poder económico. Pero cada vez más, se debate cuál es el papel de la regulación económica para afrontar respuestas que van más allá de las multas y de las decisiones referidas a casos concretos.

La defensa de la privacidad frente a la utilización de las grandes bases de datos en poder de esas compañías o las normas para evitar que actividades criminales puedan aprovecharse sin control de las redes sociales ya están siendo utilizadas en defensa de los ciudadanos y del ordenamiento jurídico. Ahora mismo, se está abriendo el debate sobre la posibilidad de obligar a esas grandes compañías a separar, por un lado, la prestación de determinados servicios, y, por otro, la propiedad de las enormes redes que poseen con el fin de hacerse con un ingente volumen de información acerca de los gustos, preferencias y características de sus millones de usuarios. El poder que esa información, obtenida gratuitamente cada vez que hacemos un “click”, no solo les permite aumentar en progresión geométrica su poder de mercado en detrimento de la libre competencia, sino que les capacita para ejercer una influencia exagerada y a veces peligrosa. Así que la UE debe seguir haciendo lo que ya hace -aplicando las reglas de la competencia y aprobando reglamentos y directivas para proteger nuestra privacidad y evitar actividades ilícitas- y, si se considera adecuado, debe aprobar nuevas normas que podrían llegar, incluso, si fuese necesario, a ordenar la división de esas empresas.

Javi López | Eurodiputado español en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas

El papel de las grandes compañías tecnológicas en nuestra economía y en la sociedad de la información es uno de los grandes retos que afronta la política institucional y un buen ejemplo de cómo las fronteras del Estado-nación no son suficientes para abordar de forma eficaz algunos de los grandes retos actuales. La UE debe impulsar medidas que amortigüen su impacto en nuestra economía, fiscalidad y derechos individuales.

En primer lugar, necesitamos armonizar un impuesto de sociedades que concierna a las empresas tecnológicas para evitar el dumping desleal y garantizar que paguen impuestos donde generan sus beneficios. Mientras se avanza en esa armonización, necesitamos también un impuesto ad-hoc hasta que logremos incluir este sector en el marco general fiscal comunitario.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que las compañías tecnológicas de forma natural son un sector oligopólico, que generan un mercado cuyo primer actor en llegar se convierte en dominante, y que esto se agrava con la agresiva política de absorción de nuevos proyectos tecnológicos por parte de grandes gigantes tecnológicos, la UE debe desarrollar políticas de competencia que limiten este poder y penalicen prácticas abusivas, llegando si es necesario a dividir corporaciones.

En tercer lugar, debemos actuar con respecto a la propiedad intelectual en Internet y la privacidad y protección de datos, con el objetivo de proteger a consumidores y creadores. Los gigantes tecnológicos acumulan una ingente cantidad de datos que utilizan en su interés o venden a otros actores, algunos de ellos con intereses de dudoso beneficio público. Es necesario tener un control sobre el uso de nuestros datos y, al mismo tiempo, garantizar una protección de la propiedad privada en Internet. Los creadores deben obtener un beneficio de su trabajo, que genera substanciales beneficios a las grandes plataformas.

Águeda Parra Pérez | Ingeniera, sinóloga y doctora en Ciencias Políticas

Uno de los principales desafíos que tendrán que afrontar las grandes economías mundiales en las próximas décadas se llama “revolución tecnológica”. El modelo actual donde Estados Unidos ha sido el precursor de la innovación y el desarrollo tecnológico como principal potencia hegemónica, con Europa como referente en determinados sectores industriales, corre el peligro de desaparecer. La creciente bipolaridad tecnológica que se está generando entre Estados Unidos y China como principales centros de innovación, marcando las directrices del futuro digital más próximo, puede conducir a que Europa corra el riesgo de quedarse descolgada de esta carrera por la tecnología puntera.

El consolidado modelo estadounidense de Silicon Valley para crear startups, y la adaptación del mismo que ha hecho China creando “ciudades de innovación” que se especializan en determinados sectores para convertirse en hubs tecnológicos mundiales, parece consolidarse como el mejor ejemplo a seguir para crear gigantes tecnológicos europeos con vocación de competir en mercados globales. Conseguir que las ciudades europeas se transformen en centros de innovación tecnológica llevaría asociado, asimismo, el impulso de tres factores determinantes. El primero de ellos sería impulsar el espíritu emprendedor, generando startups especializadas en el desarrollo de las nuevas tecnologías que van a protagonizar el futuro digital (inteligencia artificial, coches autónomos, FinTech…). En segundo lugar, sería recomendable fomentar nuevas medidas para mejorar la financiación de las empresas tecnológicas y, por último, sería necesario impulsar la cultura del mentoring de startups, a través de emprendedores tecnológicos y apoyando el desarrollo de talento tecnológico.

Marta Peirano | Periodista en El Diario y autora de El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención

Las plataformas digitales han ido ocupando los espacios de interacción de todos los aspectos de la sociedad. En los últimos años, su presencia virtual se ha ido endureciendo y convirtiendo en infraestructura. Hoy tiran cable submarino, experimentan con nanosatélites y llegan donde nunca llegaron las operadoras tradicionales, con programas como Free Basics de Facebook, que sustituye a Internet con su oferta imbatible de datos a coste cero, encerrando al usuario en su ecosistema de aplicaciones. El 80% del tráfico circula por los servidores de Google y Amazon, la mitad de la Nube se aloja en AWS. Son ubicuas y omniscientes, porque su negocio está basado en la extracción masiva y deliberada de datos de todos sus usuarios. Y, sin embargo, operan en la más completa oscuridad. Lo saben todo sobre nosotros y nosotros no sabemos nada sobre ellas.

Antes se decía que Norteamérica inventa, China copia y Europa regula. Incluso si todavía fuera verdad, para regular hace falta tener acceso, y Europa no lo tiene. Dos investigaciones gubernamentales sobre dos procesos democráticos de gran consecuencia han concluido que las plataformas digitales fueron el escenario de graves delitos a ambos lados del Atlántico. Pero seguimos sin saber exactamente qué pasó en Facebook y Youtube durante el referéndum del Brexit y la campaña presidencial estadounidense en 2016. Más grave aún: si las autoridades europeas tuvieran acceso a las plataformas, no tendrían capacidad. Su envergadura y complejidad garantiza que sean las únicas instituciones capaces de vigilarse a si mismas. Para acabar de complicar la situación, esta semana la administración Trump ha aprovechado sus acuerdos comerciales para proteger a las grandes plataformas de las demandas de reguladores externos, como la UE y sus multas post-GDPR. En esta circunstancia, es momento de ser proteccionista.

La UE tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos las protecciones que se han establecido con la GDPR, y no puede hacerlo sin tener el acceso y capacidad correspondientes.  Sin embargo, está permitiendo que la lógica de la extracción de datos de las grandes plataformas extranjeras se extienda a las administraciones y a la gestión de ciudades, recursos y servicios. Es el momento crucial de restringir el acceso de estos modelos de negocio e invertir en infraestructura que sirvan a la ciudadanía y no a las grandes plataformas. Y es urgente. No podemos enfrentarnos a los retos de la crisis climática sin tener soberanía sobre nuestras infraestructuras críticas, quedando a merced de empresas cuyos incentivos económicos están por encima de la seguridad de las personas y las instituciones.



JMRS


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