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Jueces en la línea de fuego 

2019-10-16

Laurence Pantin y Alejandra Quezada | Proceso

El pasado 4 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, pues se ha vuelto una constante en sus conferencias matutinas, la necesidad de “no permitir la corrupción en jueces, en magistrados”.

Y contrastó la falta de ética de ciertos juzgadores con la entrega y compromiso de algunos elementos de las fuerzas de seguridad: “Imagínense el esfuerzo que hacen, el sacrificio. Arriesgan hasta la vida quienes detienen a delincuentes, muchos reciben amenazas; y van a la cárcel y salen porque tienen muy buenos abogados, muy buenos para sobornar (…) Muchos de ellos ni siquiera aplican la teoría del derecho, más que nada son influencias y dinero. Entonces, liberan a presuntos delincuentes”.

Este discurso se ha vuelto muy popular entre una población harta de la impunidad e indignada por los “privilegios” de los que gozan los responsables de la impartición de justicia. Sin embargo, creemos que obvia una parte de la realidad. ¿Por qué?

Partamos del hecho de que muchas veces los juzgadores acaban “soltando” a presuntos delincuentes porque su detención no cumplió con los estándares legales, porque se violó el debido proceso o porque la investigación que la respalda no es lo suficientemente sólida.

Pero, cuando no parece ser ése el caso y un juez emite una resolución que podría ser cuestionable –y no lo dudemos: todos los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar el trabajo de un juez–, es válido preguntarse si el fallo se debe a una falta de ética y profesionalismo o a una posible amenaza en contra del juzgador o de su familia.

Lamentablemente tal escenario no es imaginario. Basta recordar al juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, asesinado el 17 de octubre de 2016 a plena luz del día con un arma de fuego en el municipio de Metepec, Estado de México, y quien manejaba varios casos contra el crimen organizado. Resolvió, por ejemplo, la medida de arraigo en contra uno de los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación y la intervención de las conversaciones de Emma Coronel (esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera). Frenó una petición de extradición del propio Chapo y le negó un amparo, además de impedir el traslado del presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Pero la amenaza no ronda sólo a nivel federal, sino también estatal y municipal. De diciembre a la fecha, fueron asesinados un juez penal de Tamaulipas, un juez calificador del municipio de Celaya en Guanajuato y otro del municipio de Huauchinango en Puebla. También fue atacado un juez civil de Jalisco y recibieron amenazas un juez de control de Chihuahua y otro de Zacatecas.

Estos altos picos de violencia motivaron a algunos tribunales superiores de justicia a implementar protocolos de seguridad, como fue el caso en Guanajuato. Sin embargo, en la mayoría de los estados, los poderes judiciales no cuentan con los recursos suficientes para poder garantizar la seguridad de sus integrantes.

Llamada de auxilio

No es casualidad, entonces, que para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya solicitado 756.8 millones de pesos para “garantizar la protección y seguridad de jueces y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada”, y señalado este tema como uno de sus cinco grandes retos para 2020. De hecho, llama la atención que dicho Consejo no haya incluido este punto dentro de sus ejes prioritarios antes.

Ahora bien, por desgracia, el CJF no detalla de qué manera piensa reforzar la seguridad de jueces y magistrados. Por el modo en que el Poder Judicial Federal presenta su política de gasto y reporta el ejercicio de su prespuesto, tampoco es posible saber cuánto solía gastar en este rubro en años anteriores, ni mucho menos cómo.

Lo que se sabe es lo que el CJF reporta en sus informes anuales de labores. Así, en el más reciente, el último presentado por el entonces ministro presidente Luis María Aguilar, se reportó, como parte de las actividades encaminadas a salvaguardar la integridad de los funcionarios de la institución, que la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación realizó 244 evaluaciones de riesgo y gestionó la instalación de 68 servicios de protección. A su vez, la Comisión de Vigilancia determinó 30 asignaciones, 115 continuaciones y 27 conclusiones de autos blindados; así como 38 asignaciones, 110 continuaciones, 25 conclusiones, siete modificaciones y dos sustituciones de servicios de escolta, en diversos estados de la República. Estos datos, que no son muy detallados, permiten asumir que cerca de 150 de los 48 mil 775 funcionarios del Poder Judicial Federal[1] gozaron el año pasado de cierto grado de protección personalizada. Pero no queda claro si el CJF pudo atender todas las necesidades existentes o si algunos fucionarios se quedaron sin protección por falta de presupuesto.

También se sabe que existe un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con Excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, aunque no se encuentra publicado en el apartado de normatividad de la página web del CJF, ni en su portal de transparencia, ni en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por supuesto, se puede entender que, tratándose de cuestiones de seguridad, a lo mejor no es conveniente difundir ese tipo de información. Sin embargo, sería deseable que el CJF explicara con mayor detalle por qué incrementaron las necesidades en materia de seguridad de los jueces y magistrados y de qué manera planea ejercer el monto que está solicitando al Congreso para estos efectos, para evitar que éste le niegue los recursos por falta de una apropiada justificación.

El tema no es menor. No se puede esperar una impartición de justicia imparcial e independiente si la vida de los juzgadores y sus familiares está en la línea de fuego. Por ello, es urgente el despliegue de una política detallada, estudiada y pública en este ámbito, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal.