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Groseras grietas en la lucha anticrimen


2019-10-21

Por Marcos Romero | ANSA

El "affaire" relacionado con la detención del hijo del ex jefe del narcotráfico, Joaquín "El Chapo" Guzmán -Ovidio, de 28 años- y su posterior liberación, desnudó graves fallas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en México.
    
Las críticas de analistas, empresarios y de la oposición tras este episodio crecen a cada momento, mientras las principales fuerzas políticas exigieron la renuncia del presidente y de su gabinete de seguridad por el caso, al calificarlo de "vergonzoso".
    
"Las decisiones tácticas que se tomaron son absolutamente desafortunadas. Ningún grupo o persona puede retar de manera impone al Estado mexicano", afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
    
"Lo sucedido en Culiacán es asunto mayor, delicado en extremo, Cimbró el discurso oficial y tambaleó el Estado de Derecho", afirmó el analista René Delgado.
    
Las versiones sobre el episodio aún son confusas pero poco a poco comienza a aclararse el panorama de lo sucedido.
    
Según el diario The New York Times, que citó un ex funcionario estadounidense y "otra persona informada sobre el asunto", en realidad el Ejército detuvo a dos hijos de El Chapo, que se encuentra una prisión de Colorado, tras ser condenado a 10 cadenas perpetuas por delitos de narcotráfico en julio pasado.
    
Se trataría de Iván Archibaldo Guzmán, el hermano mayor, de 36 años, y de Ovidio, pero el primero consiguió liberarse rápidamente de sus captores gracias al apoyo de sus guardaespaldas que lograron conseguir refuerzos y neutralizó pronto a los militares.
    
El Ejército fue puesto contra la pared y tuvo que dejar libre a Iván, después de que ocho de sus elementos fueron tomados como rehenes.
    
El Cártel de Sinaloa amenazó con secuestrar a las familias de los soldados si no era liberado el detenido, requerido en extradición por el gobierno estadounidense, según el Times.
    
En total 8 personas murieron y 16 resultaron heridas luego de que comandos armados salieron a las calles con armas de alto poder y dispararon contra convoyes del ejército.
    
Asimismo, incendiaron vehículos y obligaron a muchas personas aterrorizadas a refugiarse en comercios, escuelas, o viviendas ante el temor de quedar en medio del fuego cruzado. "Rodeados por los enemigos, sin un plan claro de refuerzos por tierra o aire, y sin una estrategia clara de salida, los soldados cedieron y regresaron a (Ovidio) Guzmán", afirmó el diario estadounidense.
    
Sin embargo, el gobierno mexicano ha ofrecido hasta versiones distintas sobre el tema, especialmente relacionadas con la forma en que Ovidio fue detenido, lo que acentúa la confusión. Ni siquiera los miembros del gabinete de seguridad pudieron ponerse de acuerdo en si Ovidio estuvo arrestado pues Durazo aseguró que "propiamente nunca estuvo formalmente detenido".
    
"Se vertieron datos y detalles que no sostienen un recuento coherente de lo ocurrido y dejan dudas", afirmó hoy el diario El Universal, al preguntarse si "existe una estrategia" del gobierno en la lucha anticrimen, que en casi 13 años arroja ya más de 270,000 muertos y 40,000 desaparecidos.
    
López Obrador ha asegurado que su estrategia de combate a la violencia no se basa en el arresto de figuras criminales de alto perfil, como sus dos antecesores, sino en evitar la violencia y garantizar el orden.
    
No obstante, sus críticos le reprochan que en su gestión de más de 10 meses han sido arrestados 14 jefes de bandas delincuenciales.
    
El mandatario señaló que la decisión de liberar a Ovidio fue adoptada "porque "no se trata de masacres" pues "eso ya se terminó", y que "estaban en riesgo muchos ciudadanos" por lo que se "decidió proteger la vida de las personas".
    
No es la primera vez que el gobierno se repliega ante el crimen, pues en 1993, los hermanos Ramón y Benjamín, jefes del cártel de Los Arellano Félix, acudieron a la Nunciatura Apostólica para aclarar su rol en el asesinato del cardenal de Guadalajara meses antes.
    
El gobierno del entonces presidente Carlos Salinas decidió no detenerlos para evitar "un baño de sangre", lo que de todas formas le generó un torrente de críticas.



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