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México: un año perdido para la economía

2019-12-01

Javier Lafuente, El País

Incógnita, encrucijada, incertidumbre, estancamiento, freno. Si algo tienen en común todas estas palabras, y sus respectivos sinónimos, es que han sido utilizadas para describir el panorama económico de México en el último año. La segunda gran economía de América Latina tras Brasil, la gran potencia de habla hispana y puente entre las tres Américas, se asoma al abismo en el primer aniversario de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, que se celebra hoy. En medio de una coyuntura internacional desfavorable y con una política económica errática y convulsa, los motivos para festejar, al menos en ese plano económico, distan de ser muchos.

Hay algo más en común. La retórica, marcadamente grandilocuente, del mandatario y los desafíos del país en materia económica se mantienen intactos: crecer más, atajar la desigualdad y salvar el Tratado de Libre Comercio (TLC). Ninguno de los tres desafíos se ha cumplido. Atrás queda la promesa de López Obrador de que la economía se expandirá a una tasa promedio del 4% durante su mandato (seis años), revirtiendo décadas de bajo crecimiento y mala remuneración del trabajo.

Las alarmas se han disparado esta semana —aunque el semáforo rojo llevaba encendido meses— después de que consumaran los peores augurios y la economía de la segunda potencia latinoamericana confirmase lo que muchos ya daban por hecho: su entrada en recesión. El PIB cayó un 0,1% en la primera mitad del año, tras una revisión de las cifras iniciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Un descenso que se une al del último periodo de 2018. Es solo una décima, sí, pero un mal síntoma para una economía tan abierta y conectada —tanto por el comercio como por la inversión— con la gran potencia occidental, Estados Unidos. Más aún, en plena desaceleración global.

La palabra recesión es un tabú en el Gobierno mexicano. En el Palacio Nacional evitan cualquier atisbo de ahondar en la preocupación que permean todos los análisis. “Tenemos que estar ocupados”, concedió el secretario [ministro] de Hacienda, Arturo Herrera, recientemente a este diario. “Lo que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema de carácter cíclico y que debe ser atendido”.

Cómo atender al enfermo es también parte del problema. En el Ejecutivo cunde la sensación de que no quedan muchas opciones después de un año marcado por decisiones que han sembrado incertidumbre en el sector empresarial, como la cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Pese a que llevaba un avance de casi un tercio en su construcción, López Obrador no titubeó a la hora de mandar al traste la gran apuesta en infraestructura de su antecesor, Enrique Peña Nieto. A este movimiento se sumó el conflicto entre el Gobierno y cuatro multinacionales por los contratos de varios gasoductos, resuelto con la mediación de importantes empresarios del país, y la fijación del presidente con Pemex. Pese a la fragilidad financiera de la petrolera estatal, que acumula pérdidas millonarias, la mayor deuda global del sector y un marcado descenso de la producción, López Obrador mantiene su deseo de relanzarla.

Estímulos

Ante este escenario y con el consabido desgaste que se ha acumulado en el primer año de Gobierno, su equipo económico apuesta todo al plan de infraestructuras y a la ratificación —desean que en los próximos días, antes de que termine 2019— del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. No es de extrañar pues que, con meses de retraso respecto a lo esperado, el presidente mexicano anunciase esta semana un nuevo Plan Nacional de Infraestructuras, que se traducirá en una inversión de 42,000 millones de dólares (38,100 millones de euros) hasta el final de su sexenio, con la participación empresarial como principal valedor. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha evaluado a qué proyectos se debe dar prioridad para que arranquen cuanto antes y poder así levantar las perspectivas de crecimiento. Un intento de política contracíclica financiada, eso sí, con fondos privados y no públicos.

La consolidación del T-MEC es incierta, en la medida en que no se ha logrado ratificar a pesar de que el pacto entre los Gobiernos se firmó ya hace un año. El Congreso de México, con mayoría aplastante del partido de López Obrador, lo validó en junio; Canadá está a la espera de hacerlo a la par que Estados Unidos, en cuya Cámara, de mayoría demócrata, el proceso está estancado. Esta semana, el subsecretario mexicano de Exteriores, Jesús Seade, el hombre de López Obrador en el tramo final de la negociación de 2018, se reunió con el representante de Comercio Exterior de EE UU, Robert Lighthizer, para tratar de pactar un apéndice al acuerdo con los cambios planteados por los demócratas. Persisten, sin embargo, las dudas.

El calendario no ayuda. Todo lo contrario: los republicanos de EE UU temen que se cruce con las primarias demócratas y el final de la negociación se ha topado ya con el proceso de destitución de Donald Trump, que ve cómo su principal logro económico puede naufragar a un solo paso de la orilla. En el Gobierno de López Obrador se afanan en decir que el actual tratado, el conocido como TLC y firmado hace ya un cuarto de siglo largo, sigue vigente y es útil. Sin embargo, han hecho todo lo posible para contentar las demandas demócratas.

El presidente mexicano envió una carta de cinco folios, una suerte de garantía, a los congresistas estadounidenses con los pasos a dar para implementar la nueva reforma del mercado de trabajo, largamente reclamada por los sectores progresistas en la primera potencia mundial, que acusan a México de dumping laboral. La estrategia involucra un desembolso de 900 millones de dólares en los próximos cuatro años para cambiar el sistema de justicia laboral y lograr que las disputas entre trabajadores y empresarios se resuelvan con más rapidez. Esta semana, en el círculo cercano a López Obrador celebraban que la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, había enviado una carta asegurando que no había de qué preocuparse, porque el T-MEC se terminaría ratificando.

La incertidumbre económica golpea de lleno a la ambiciosa agenda social de la que ha hecho bandera López Obrador. El “primero los pobres”, proclamado hasta la saciedad desde que era candidato —en sus tres intentos por lograr la presidencia ha hecho de ello un mantra—, se ha topado con una economía en recesión y un presupuesto que no contendrá alzas fiscales. Los ingresos se vuelven determinantes para revertir la atonía económica y cubrir la grave falta de servicios públicos para atender a las capas más pobres de la población, pero, a pesar de las sugerencias de un grupo cada vez más nutrido de miembros de su Gabinete —que la ven posible, incluso, para el año entrante—, el presidente sigue manteniendo que no habrá reforma fiscal hasta, como pronto, el ecuador de su mandato. El país latinoamericano arrastra, además, varios déficits desde hace décadas: la informalidad del mercado laboral y uno de los salarios promedio más bajos de todo el continente.

Inversión privada

En cualquier caso, si las expectativas del Ejecutivo se cumplen, el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá y el plan de infraestructuras habrán brindado una bocanada de aire fresco a la economía mexicana, pero los retos seguirán siendo ingentes. La urgencia por incrementar la inversión privada se antoja crucial. Una de las personas que más han alertado de ello ha sido el hombre más rico del país y uno de los más acaudalados del mundo, el empresario Carlos Slim, quien ha cobrado fuerza en las últimas semanas y disipado cualquier conato de enfrentamiento o divergencia que haya tenido con López Obrador durante la campaña electoral de 2018 y en el arranque del sexenio. A lo largo de este año, Slim ha recalcado en diferentes foros que, para que el país logre una tasa de crecimiento como a la que aspira el mandatario —y para una menor también—, se necesitan niveles de inversión mucho más altos. En concreto, el multimillonario ha incidido en que se requiere una potente inyección de capital privado de entre el 20% y el 22% del PIB, a la que habría que añadir un gasto público del 5% por parte del Gobierno.

México arrastra un potente déficit de inversión, pública y privada, desde hace décadas. Y hay consenso entre los analistas en que el país norteamericano tendrá que aumentar significativamente este rubro en diferentes sectores como condición imprescindible para empujar el crecimiento económico. Su principal obstáculo es quizá la dificultad que durante décadas ha tenido de conseguir una recaudación fiscal significativa: posee uno de los niveles más bajos de recaudación de impuestos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —un 14% del PIB—, que se ha visto cristalizada principalmente por una economía sumergida en la que seis de cada diez mexicanos trabajan en el sector informal, sin un contrato de trabajo reglado y sin los derechos y obligaciones que eso conlleva. Este organismo ha hecho, una y otra vez, una propuesta lejos de los deseos del presidente mexicano: subir el IVA y ampliar la base gravable en el impuesto sobre la renta. De momento, López Obrador ha prometido que dejará de condonar los adeudos fiscales de los que gozaba la iniciativa privada en los Gobiernos anteriores.

La prominente —y providencial— figura de Slim ha sido decisiva para llegar a una suerte de entente cordiale con una parte de la clase empresarial con la que López Obrador lleva años enfrentado. Ante la inequívoca victoria electoral, ambas partes sellaron un pacto de no agresión que saltó por los aires pocos meses después con la cancelación de las obras del aeropuerto. No a Slim, pero sí a muchos de los más importantes empresarios del país el presidente los ha englobado siempre bajo la concepción de “neoliberales”, “conservadores” y no ha dudado de tacharlos, a la menor oportunidad, de “mafia del poder”. No obstante, al mismo tiempo, el presidente mexicano ha creado un polémico consejo asesor formado por algunas de las fortunas más poderosas, como Ricardo Salinas, Bernardo Gómez, Carlos Hank u Olegario Vázquez Raña.

Ese consejo no se entiende sin la figura del empresario Alfonso Romo, que fungió como una suerte de jefe de campaña en la sombra hasta llevar a López Obrador al Palacio Nacional y que ahora emerge como una de sus personas más poderosas del Ejecutivo, bajo el cargo de jefe de la Oficina de Presidencia. Su desempeño no ha estado exento de polémica, siendo el clímax la dimisión fulminante del máximo responsable del área económica, Carlos Urzúa, que dejó su cargo a principios de julio del año pasado, apenas en el ecuador del primer año de Gobierno, con un sonoro portazo. En su puesto se quedó su número dos, Arturo Herrera, valorado en las grandes capitales financieras mundiales por su pragmatismo y cercano a López Obrador, pero que aún no ha podido convencer al presidente de la necesidad de una reforma tributaria en profundidad ni de la necesidad de abandonar el icónico —y dudosamente rentable— proyecto de la refinería de Dos Bocas.

Las discrepancias con Romo fueron determinantes, como se entrevió en la dura carta de renuncia y que se han constatado con el paso de los meses. La marcha de Urzúa dejaba varios mensajes. Por un lado, López Obrador daba la espalda a uno de los miembros moderados de su Gabinete, sobre los que construyó su perfil más pragmático, una suerte de cortafuegos frente a los mercados que le permitió tranquilizar a los inversores y, sobre todo, ganar la presidencia del país. Su continuidad en el Gobierno como máximo responsable de la economía mexicana resultó una garantía no solo con los mercados, sino con el mundo económico y empresarial. No obstante, para López Obrador, el presidente que acostumbra a decir que tiene “otros datos” cuando algo no le cuadra, especialmente en materia económica, la contención de Urzúa era incompatible con sus deseos programáticos. Con los meses, el responsable de la economía fue perdiendo influencia. Su peso fue inversamente proporcional al que lograba Alfonso Romo. Las diferencias entre ellos se volvieron insalvables y acabaron con la estruendosa salida del primero —aireó importantes discrepancias en la línea a seguir— cuando el Ejecutivo llevaba solo medio año en el poder.

No deja de ser paradójico que apenas un mes antes de esta crisis y ante la contracción que sufrió la economía en el primer trimestre, Romo asegurase ante la plana mayor del empresariado que se apostaba “100 a 1” que México no entraría en recesión. Aquel aviso era, para uno de los principales asesores del presidente, una “cachetadita”. Con el tiempo se volvió un golpe que ha dejado al país norteamericano tambaleándose ante el abismo económico.

Laboratorio global del salario mínimo

Ignacio Fariza

La política económica del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo un melón por abrir a ojos de los inversores. La muestra de pragmatismo que supuso la negociación del nuevo tratado comercial norteamericano (T-MEC, que sustituirá al antiguo TLC) contrasta con la cancelación del aeropuerto capitalino, el empeño por revivir el México petrolero o la sorprendente afirmación de que tiene “otros datos”, distintos de los oficiales. También con la falta de frutos de su voluble estrategia de seguridad, una de las grandes preocupaciones del sector privado y de los organismos internacionales. En el frente laboral, en cambio, ha mantenido un rumbo fijo: quiere una enmienda a la totalidad de las políticas que han convertido a México en uno de los peores lugares para trabajar del mundo industrializado. Y ha empezado a sentar las bases en dos frentes: en uno, casi obligado, con una reforma laboral presionada por las exigencias de Estados Unidos para conseguir la aprobación del ansiado T-MEC —que refuerza la negociación colectiva en un país en que el poder real de los trabajadores es muy limitado—, y, sobre todo, con un importante impulso del salario mínimo históricamente deprimido y muy por debajo de la media latinoamericana.

El pasado 1 de enero, solo un mes después de llegar al poder, el Gobierno de Morena convirtió — involuntariamente— a México en el nuevo laboratorio global del salario mínimo con una doble subida en el suelo salarial: una general —que afecta a todo el país, y que pasó de 88 a 102 pesos (de 4,5 a 5,2 dólares) diarios, la mayor en más de un cuarto de siglo— y una específica, y mucho más alta, en una estrecha franja de tierra de 25 kilómetros que linda con Estados Unidos, en la que se duplicó. El primer incremento prácticamente emparentaba las retribuciones más bajas con el mínimo —muy mínimo— necesario para vivir. El segundo caso, el del extremo septentrional del país, llevaba el suelo salarial a casi 177 pesos (nueve dólares) diarios en los 43 municipios más próximos al mayor socio comercial de México, EE UU. En esa zona, el aumento ha ido acompañado, además, de un tijeretazo del 50% en el IVA y del 33% en el impuesto sobre la renta que ha ayudado a amortiguar el impacto —mínimo hasta ahora— sobre la inflación.

La subida de los sueldos más bajos se ha convertido, por méritos propios, en una de las banderas ineludibles de la lucha social en México. En las tres últimas décadas, el poder adquisitivo de sus perceptores sufrió un recorte del 80%, según los cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, dejando el suelo salarial entre los más bajos de América Latina, muy lejos todavía de otros grandes países de la región, como Brasil, Colombia o Chile: ser uno de los más prósperos del subcontinente en renta por habitante sigue sin garantizar una retribución acorde a los trabajadores peor pagados. Los que, además, más pueden sostener la economía con su gasto: una de las mejores formas de estimular el consumo es subiendo los salarios más bajos, cuyos perceptores ante un incremento de renta tienen una mayor propensión a consumir que quienes más ganan, que suelen optar por el ahorro.

El salario mínimo lleva décadas despertando uno de los debates internacionales más acalorados de la academia entre ortodoxos y heterodoxos. Mientras los primeros temen aumentos acelerados para evitar un repunte abrupto de la inflación —uno de los grandes monstruos históricos para México y para el conjunto de América Latina—, una merma del empleo y la conversión de empleos formales en informales; los segundos —sin negar el impacto sobre estas variables— rebajan los temores y ponen énfasis en el incremento del bienestar en las capas más desfavorecidas de la población.

Con el partido al descanso, en el laboratorio mexicano los heterodoxos se imponen con holgura. “No hemos encontrado efectos sobre el empleo ni sobre el nivel general de precios y, de haberlos, son mínimos, tanto que no hemos sido capaces de identificarlos estadísticamente. En cambio, la subida sí ha supuesto un incremento sustancial en los ingresos laborales”, subraya Raymundo Campos, investigador de El Colegio de México, que destaca la ausencia de efectos fiscales: a diferencia de las grandes promesas sociales de López Obrador —pensión universal, programa de empleo para jóvenes, ayudas al sector primario—, el salario mínimo no tiene, por sí solo, impacto alguno para el erario. “En el caso de la informalidad, aunque tampoco hemos encontrado ningún impacto, habrá que esperar unos meses más para que los datos sean concluyentes”, agrega el autor del mayor estudio sobre el caso publicado hasta la fecha. Mantiene, también, una incógnita que solo el tiempo podrá despejar: que los empresarios estén sustituyendo bonos y prestaciones por salario reportado.

“Hay, todavía, mucho margen para subirlo sin que aumente la inflación”, sustenta Alicia Puyana, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Una aproximación en la que coincide, desde el primer día, el mayor banco del país norteamericano, ­BBVA —nada sospechoso de heterodoxo—, que descartó cualquier tipo de presión sobre los precios desde el mismo momento en que conoció los valores del aumento del salario mínimo: “Dado el nivel tan bajo en el que se encuentra y considerando aumentos progresivos en los siguientes años”, aventuraban, “las mejoras no provocarán un efecto inflacionario”—. Incluso el Banco de México parece haber empezado a girar desde una férrea ortodoxia —no había informe trimestral en el que no avisase de los riesgos de una subida en este ámbito— hacia posiciones mucho menos categóricas.

Hipótesis fallidas

“Hace no tanto escuchábamos que era una medida inútil, que no afectaba a nadie… Desde ya podemos rechazar esta hipótesis”, apunta David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo, valiéndose de dos datos oficiales: en la franja norte, el salario promedio acumula ya un aumento anual del 11%, con incrementos aún superiores entre los peor pagados. “Ha sido positivo. Quizá no todo se pueda atribuir al salario mínimo, pero en un mal año económico la pobreza salarial ha bajado un poco”, agrega. “No son muchas personas las que lo ganan, pero sin duda ayuda a los que menos ingresan. Y no solo no tiene coste político, sino que tampoco lo tiene en lo presupuestario”, recuerda Carlos Petersen, de Eurasia. “Salvo algunos emplazamientos a huelga en Matamoros [Tamaulipas], derivados de que algunos trabajadores tenían indexadas algunas prestaciones a su sueldo, no hemos visto efectos disruptivos”, completa Joyce Sadcka, del ITAM, que recuerda no obstante los “muchos asuntos pendientes” de México en materia laboral.

El caso de la frontera norte, especialmente interesante por la “agresiva” subida de la base salarial, apunta Campos, es el que atrae casi todas las miradas, tanto dentro como fuera de México. “No solo es un laboratorio del salario mínimo para el resto del mundo”, agrega el también técnico del banco central mexicano. “También lo es para las propias autoridades mexicanas, que pueden sacar conclusiones para futuras subidas agresivas en el resto del país”. La ausencia, hasta ahora, de efectos nocivos para la economía ha permitido también derribar una barrera mental en un segmento importante del ámbito empresarial, que ha pasado de una oposición cerval hace no tantos años a que un grupo de 100 compañías haya redoblado la apuesta de las autoridades, elevando el salario mínimo de sus empleados a los 6,500 pesos mensuales (303 euros). Una cifra todavía baja a escala internacional, pero inimaginable en México hace un lustro.