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Así ayudó McKinsey al gobierno de Trump a ejecutar sus políticas migratorias

2019-12-05

Ian MacDougall, The New York Times

Documentos descubiertos recientemente muestran que la consultora internacional ayudó a ICE a diseñar medidas que incluso algunos miembros de la agencia consideraban demasiado duras para los inmigrantes.

A tan solo unos días de haber tomado posesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispuso a cumplir su compromiso de campaña de frenar la inmigración ilegal. En unos cuantos decretos presidenciales, ordenó que se trasladaran “todos los recursos legalmente disponibles” a los centros de detención fronterizos, y propuso contratar a 10,000 nuevos funcionarios de inmigración.

Los desafíos logísticos eran desalentadores, pero, por suerte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya contaba con un socio en su nómina: McKinsey & Co., una empresa internacional de consultoría que fue contratada durante el gobierno de Barack Obama para ayudar a estructurar una “transformación organizacional” en la división de ICE encargada de deportar a los migrantes que residen de manera ilegal en Estados Unidos.

Muy pronto, ICE reorientó a McKinsey para que ayudara a que la agencia determine cómo aplicar las drásticas medidas de la Casa Blanca contra la inmigración ilegal. Sin embargo, las recomendaciones para ahorrar dinero que propusieron los consultores incomodaron a algunos funcionarios de carrera de ICE. Según la gente entrevistada que trabajaba en este proyecto tanto para ICE como para McKinsey y según 1500 páginas de documentos de la agencia que se obtuvieron después de que ProPublica presentó una demanda sustentada en la Ley de Libertad de Información, estas recomendaciones proponían recortes al gasto en comida para los migrantes, así como en atención médica y supervisión de los detenidos.

El equipo de McKinsey también buscó maneras de acelerar el proceso de deportación, lo que preocupó a los miembros del personal de ICE por la posibilidad de que esas recomendaciones afectaran el derecho al debido proceso que tienen los migrantes en peligro de deportación de Estados Unidos. Según tres personas que trabajaban en el proyecto, parecía que a los consultores solo les interesaba recortar los gastos y agilizar las deportaciones —medidas cuyo éxito podía medirse en cifras— y no les importaba mucho que estas políticas afectaran a miles de seres humanos.

En lo que un antiguo funcionario describió como “reuniones acaloradas” con los consultores de McKinsey, los miembros del personal de la agencia cuestionaron si ahorrar algo de dinero en comida y atención médica para los detenidos justificaba el posible costo de vidas humanas.

Pero el poder de la empresa consultora sobre ICE aumentó tanto que el personal de McKinsey redactó de manera anónima un documento de contratación gubernamental que definía las propias responsabilidades del equipo consultor y justificaba la permanencia de la empresa, una extensión de contrato de 2,2 millones de dólares. “¿Pueden hacer esto?”, le escribió en mayo de 2017 un funcionario de ICE a un oficial de contrataciones.

La respuesta refleja lo mucho que ICE ha llegado a confiar en la ayuda de McKinsey. “Bueno, es evidente que lo ideal no es que un proveedor nos diga lo que queremos pedirle que haga”, respondió el funcionario de contrataciones. Pero, a menos que alguien del gobierno pudiera estructurar los objetivos de la agencia, añadió el funcionario, “¿qué otra opción hay?”, así que ICE extendió el contrato.

El año pasado, The New York Times informó que, al final, McKinsey ganó más de 20 millones de dólares por su trabajo de consultoría para ICE, es decir, por su participación en una de las iniciativas más controvertidas del gobierno de Trump que causó inquietud entre algunos de los empleados y antiguos socios de McKinsey. El socio de administración global de la empresa, Kevin Sneader, les aseguró en un correo electrónico de 2018 que la empresa nunca se había concentrado en desarrollar, recomendar ni implementar políticas de inmigración. Dijo que McKinsey, “bajo ninguna circunstancia, se involucrará en ningún lugar del mundo en trabajos que promuevan o apoyen políticas que no vayan de acuerdo con nuestros valores”.

No obstante, los nuevos documentos y entrevistas revelan que la empresa estaba muy comprometida con el diseño de políticas fundamentales para la represión migratoria del gobierno de Trump. Las recomendaciones de McKinsey en cuanto a los recortes de gastos fueron demasiado lejos para algunos funcionarios de carrera de ICE, y muchas de las propuestas nunca se cumplieron.

McKinsey ha enfrentado un escrutinio cada vez mayor en los últimos dos años porque el Times, ProPublica y otros medios han cuestionado si la empresa ha rebasado los límites éticos y legales en busca de rentabilidad.

La consultora devolvió millones de dólares en honorarios luego de que las autoridades sudafricanas la implicaran en una estrategia para obtener ganancias excesivas. La revelación de haber asesorado a productores de opiáceos para impulsar sus ventas dio pie a que la empresa, que por lo general es hermética, declarara públicamente que había terminado su operación en el ámbito de los opiáceos. El mes pasado, el Times informó que McKinsey es objeto de una investigación penal federal en Estados Unidos que busca determinar si violó las normas de bancarrota. La empresa ha negado que existan actos indebidos en todos los casos, pero se disculpó por los errores cometidos en Sudáfrica.

“El alcance de nuestro trabajo, acordado en el contrato con el gobierno de Obama, fue diseñado para ayudar a la agencia a encontrar maneras de trabajar con mayor eficacia y rentabilidad.”, dijo un vocero de McKinsey acerca de la consultoría de la empresa para ICE. “El enfoque de nuestro trabajo no cambió como resultado de estos decretos del ejecutivo. Es incorrecta la aseveración de que el trabajo de McKinsey fue ‘reorientado’ por ellos”.

En una declaración, un vocero de ICE, Bryan D. Cox, dijo que el trabajo de McKinsey “produjo mejoras cuantificables en los resultados del objetivo, incluyendo una disminución importante en el tiempo para expulsar a los extranjeros que tenían una orden definitiva de expulsión”.

McKinsey rápidamente respondió a los decretos de Trump sobre inmigración. De acuerdo con una serie de diapositivas de apoyo, el 13 de febrero, los consultores presentaron a los funcionarios de ICE un conjunto de “iniciativas para mejorar la contratación de ICE y atender el decreto del ejecutivo”.

Según los registros de contratación, y de acuerdo con un exfuncionario de ICE, para el verano de 2017 la agencia había comenzado a adoptar las propuestas de McKinsey con el fin de acelerar la contratación. (Debido a las restricciones del presupuesto, ICE solo ha contratado a una parte de los 10,000 funcionarios que se solicitaron).

En cuestión de meses, McKinsey estaba dando pasos gigantescos para alcanzar los objetivos de las políticas del gobierno de Trump. Los funcionarios de ICE afirmaron en un documento de contratación de octubre de 2017 que el trabajo de la empresa logró “beneficios cuantificables, incluyendo un número total mayor de expulsiones y una disminución en el tiempo de salida de un detenido”.

Mientras algunos de los consultores trabajaban en el problema de la contratación, otros se enfocaban en los desafíos logísticos que planteaba una afluencia esperada de detenidos a consecuencia de la disposición del gobierno de Trump de aplicar de manera más estricta las leyes de inmigración.

Según la gente que participaba en el proyecto, el equipo de consultores estaba tan enfocado en ahorrar dinero, que algunas veces ignoraban a los trabajadores de ICE que decían que las propuestas de recorte de gastos de McKinsey ponían en riesgo la salud y la seguridad de los migrantes, e incluso se quejaban de esto con los directivos de la agencia.

Cox, el vocero de ICE, negó que las recomendaciones de McKinsey pudieran afectar el bienestar o los derechos al debido proceso de los detenidos. El vocero de McKinsey dijo que el trabajo de la empresa tenía como objetivo identificar los rubros en los que los proveedores de los centros de detención estaban cobrándole en exceso a ICE —lo cual preocupaba desde hacía mucho tiempo a las agencias de vigilancia— y proponer soluciones.

Las presentaciones de la empresa dicen que McKinsey buscaba “oportunidades para ahorrar en el proceso de detención” de manera muy franca. Los consultores alentaron a ICE a adoptar una “estrategia a más largo plazo” con “decisiones operativas para tener espacios de bajo costo ante los espacios de alto costo”. En la práctica, eso significaba enviar a los detenidos a centros menos caros —y en ocasiones menos seguros— y a menudo a prisiones locales.

“Existe un esfuerzo conjunto para intentar mandar a las personas que ICE considera detenidos a largo plazo a centros administrados por las oficinas de los alguaciles locales, donde las condiciones son pésimas”, comentó Eunice Cho, abogada principal en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que se dedica a asuntos relacionados con la detención de inmigrantes. Este organismo ha presentado varias demandas contra ICE, incluso con respecto a sus políticas de detención durante el gobierno de Trump.

De acuerdo con un correo electrónico interno de ICE y con dos antiguos funcionarios de esta agencia, McKinsey también quiso recortar costos reduciendo el nivel de las condiciones de los centros de detención de ICE. Un supervisor de la agencia escribió en un correo electrónico con fecha del 30 de marzo de 2017, que McKinsey estaba “buscando formas de recortar o reducir el nivel de las condiciones porque son demasiado costosas, aunque sin sacrificar la calidad, la seguridad y la misión”, añadió este supervisor.

El trabajo de McKinsey en ICE terminó en julio de 2018. Dos exfuncionarios de ICE señalaron que había un descontento cada vez mayor entre los funcionarios de la agencia respecto al trabajo de los consultores, y la rotación de los directivos de la agencia dejó a la empresa de consultoría con pocos defensores.

No obstante, ha continuado el trabajo de la empresa para apoyar las restricciones de inmigración del gobierno de Trump. Tan solo una semana después de que Sneader anunció que había terminado el compromiso de ICE, McKinsey firmó un contrato por dos millones de dólares para asesorar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para preparar una nueva estrategia en la frontera que remplace el enfoque del gobierno de Obama, y desde entonces firmó otro contrato más —de hasta 8,4 millones de dólares— con la CBP que mantendrá a la empresa dentro de la agencia al menos hasta septiembre de 2020.

Algunas de las prioridades mencionadas en las diapositivas de McKinsey, en relación con la estrategia desplegada por la CBP en la frontera, son: “Invertir en la capacidad de admisión y rechazo”, “trabajar con agencias y elementos asociados a fin de optimizar los programas que desincentivan los ingresos ilegales” y, una de ellas simplemente decía: “El muro”.