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Los hacendados de Texas se resisten al muro fronterizo de Trump

2019-12-29

Por Zolan Kanno-Youngs, The New York Times

La construcción del muro prometido por el presidente estadounidense ha sido lenta, en parte porque los dueños de los terrenos tienen que ser forzados o coaccionados a vender.

Dos días después de darle al gobierno federal su firma, Richard Drawe se detuvo junto a su esposa y su madre en un dique que su familia ha poseído por casi un siglo, para apreciar las grullas y las espátulas rosadas.

Un muro fronterizo que aceptó colocar en su terreno a regañadientes pronto separará a esta familia tejana de todo ese paisaje: el dique, un lago, un campo de cebollas y todas esas aves.

Drawe, de 69 años, duda que el muro haga mucho por detener la inmigración ilegal, y aunque apoya al presidente que lo ordenó, cree que la construcción “arruinará” su vida. Sin embargo, Drawe razona que vender el terreno de una vez era una opción preferible —y más económica— a enfrentar al gobierno en los tribunales, solo para terminar perdiendo las tierras de todas formas. El muro, las luces y las carreteras se van a construir en unas 4,8 hectáreas que su abuelo compró en los años 20, y le quitarán las invaluables vistas del río Bravo que tanto atesora.

“Finalmente nos rendimos”, dice. “Si me hubieran ofrecido un millón de dólares para construir el muro, lo habría rechazado si hubiera tenido la certeza de que no lo construirían. No quiero el dinero. Mi vida está aquí”.

La Casa Blanca espera que más propietarios a lo largo de la frontera tomen la misma decisión y ayuden al presidente Donald Trump a cumplir su promesa de campaña de construir 724 kilómetros de nuevo muro fronterizo para 2021.

La lista de desafíos que aún enfrenta el muro “grande y hermoso” de Trump incluye una investigación a los contratos de construcción, demoras en el financiamiento y una decisión legal reciente de bloquear el acceso de emergencia a los fondos del Departamento de Defensa para construirlo. La orden judicial nacional ha restringido, por ahora, la construcción del muro en 281 kilómetros en Laredo y El Paso, Texas; en Yuma, Arizona, y en El Centro, California.

Pero el acceso a terrenos privados como los de Drawe puede ser el mayor obstáculo entre el presidente y su muro.

El gobierno solo ha construido 150 kilómetros de nuevo muro, la mayor parte en territorio federal donde ya existían barreras deterioradas o para vehículos, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La ruta final del muro fronterizo todavía no se ha establecido, pero 260 kilómetros de esa ruta pasarán por el sur de Texas, donde 230 de esos kilómetros son propiedad privada, según datos de la agencia fronteriza. El gobierno de Trump ha comprado solo 4,8 kilómetros desde 2017.

Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, expresó sus dudas acerca de lograr terminar antes de la fecha límite del gobierno.

“Justo ahora es difícil decir si vamos a poder cumplir con esa meta”, dijo Morgan acerca de terminar la construcción del muro para el 2021. “Pero confío en que estaremos cerca de lograrlo”.

Durante todo el primer mandato de Trump, la Casa Blanca ha presionado al Departamento de Seguridad Nacional para acelerar la construcción del muro, una iniciativa que ha sido liderada recientemente por Jared Kushner, el yerno del presidente. A medida que el sentido de urgencia ha crecido, Trump —que conoce bien las facultades de la expropiación forzosa— ha sugerido en algunas reuniones “tomar las tierras” de los propietarios privados.

La ley está del lado del gobierno. Destacados académicos y abogados especializados afirmaron en entrevistas que los propietarios de la frontera tienen pocas opciones una vez que reciben una petición del gobierno.

Los propietarios pueden permitir voluntariamente a las autoridades acceder e inspeccionar sus terrenos y, si los funcionarios deciden que la quieren, aceptar la oferta del gobierno. O pueden ir a los tribunales para pelear por una compensación mayor.

Pero de acuerdo con esta ley, el gobierno puede iniciar la construcción incluso antes de que los propietarios reciban el pago completo.

Al usar las facultades para la expropiación forzosa, los abogados federales pueden alegar en los tribunales que la construcción del muro es una emergencia, lo que casi siempre da como resultado que la corte le otorgue al gobierno la posesión material de la tierra, según Efrén Olivares, un abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. El gobierno puede entonces empezar a construir, incluso mientras los propietarios siguen litigando durante años para obtener el pago completo.

“Es como aceptar vender tu casa, pero con un precio fijo preestablecido”, dice Olivares.

Estados Unidos inició más de 300 casos contra propietarios por sus terrenos luego de que el presidente George W. Bush firmó una ley para empezar la instalación de un alambrado a lo largo de la frontera en 2006, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Solo 46 de esos casos siguen abiertos. El gobierno logró un arreglo para adquirir las tierras de la mayoría de los otros propietarios, y parte de ese alambrado ahora se convertirá en un muro más consistente. Según funcionarios del Departamento de Justicia, muchos propietarios voluntariamente dejaron que el gobierno accediera a sus tierras.

El gobierno de Trump ha retomado la acción donde el gobierno de Bush se quedó y ha interpuesto 48 demandas para inspeccionar e iniciar el trabajo en otras parcelas.

“Van a obtener las tierras para su muro, ya sea que negocies con ellos por adelantado o que pongan una demanda y las tomen a través de una declaración de apropiación”, dice Roy Brandys, abogado especializado en expropiaciones que representó a Drawe.

La tristeza es mayor cuando se sabe dónde estará realmente el muro. La construcción no es en la frontera, la cual corre a lo largo del río Bravo. Se realizará mucho más al interior del lado estadounidense. Drawe perderá acceso fácil a los terrenos ubicados entre el muro y el río, unas 141 de sus 212 hectáreas. Según Drawe, el gobierno se ha comprometido a pagarle alrededor de 42,000 dólares por las 5 hectáreas donde se construirá y unos 197,000 dólares de compensación por reducir el valor de su granja. Se supone que unas puertas al sur del muro le permitirán el acceso a su propiedad.

Drawe considera que todo esto no servirá de mucho. Afirma haber encontrado paquetes de drogas en su granja en el pasado, y teme que los miembros de carteles que Trump cita como la razón de la construcción, tomen el control de todo el territorio al sur del muro.

“Si se levanta el muro”, dice Drawe, “esa será la nueva frontera”.

Becky Jones se está alistando para pelear. El gobierno le mandó recientemente a Jones, de 69 años, y a su familia una carta informándoles que se preparaban para llevarlos a juicio si no les permitían a los funcionarios inspeccionar sus campos agrícolas para la construcción del muro fronterizo.

Para Jones, la construcción socava lo dicho en la ley de presupuesto del Congreso de 2019, que afirma que los terrenos dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, adyacente a su propiedad, estarían exentos del muro. Jones dice que la construcción que se realizará en la carretera a lo largo del refugio perjudicará la vida silvestre que creció admirando.

“Olvídate de los americanos deplorables”, dice Jones. “Serás un americano desechable si estás en el lado sur del muro”.

Jones y Drawe dicen que apoyan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la seguridad en la frontera, pero que desearían que el gobierno se enfocara en modificar las leyes de inmigración de la nación, en contratar más agentes y en invertir en tecnología para monitorear la frontera en vez de construir un muro inútil.

Para probar el punto, Drawe mostró una escalera de madera que, según él, fue abandonada por inmigrantes en sus tierras, cerca de un viejo sector de muro fronterizo. A principios de mes, un video de un inmigrante que usaba una escalera parecida para escalar el muro recién construido y entrar a El Centro, California, se hizo viral.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asegura que el video muestra que el muro está funcionando como se planeó: ralentizó al inmigrante lo suficiente para que los agentes detuvieran al adolescente mexicano de 16 años.

De igual manera, los oficiales de la patrulla fronteriza dijeron no estar preocupados por la posibilidad de que los inmigrantes usen herramientas eléctricas para atravesar el muro. A pesar de los alardes de Trump de una barrera “prácticamente impenetrable”, los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza saben muy bien que es inevitable que busquen la manera de perforarlo y ya tienen preparado un presupuesto para reparaciones de un fondo de infraestructura de 107 millones de dólares.

“Cuando vemos que este país está en la crisis en la que se encuentra, necesitamos tomar medidas que podrían no ser bien recibidas por todos”, dice Carmen Qualia, jefa adjunta de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Bravo. “Nuestra responsabilidad no ha cambiado”.

De hecho, la realidad en la frontera ha cambiado desde que Trump declaró emergencia nacional.

Su gobierno ha limitado duramente el programa estadounidense de asilo y obligado a más de 55,000 migrantes a esperar en México mientras se resuelven sus casos. Ha firmado acuerdos para devolver a las familias a Centroamérica y limitado el número de familias que son liberadas al público con citatorio para volver a un juzgado migratorio.

Dichas políticas y un clima más frío han hecho que las detenciones en la frontera disminuyan en más de 70 por ciento desde mayo —cuando se alcanzó el pico más alto de cruces— a 42.649 en noviembre. Y la población de detenidos ha pasado de ser familias centroamericanas a mexicanos, que son más fáciles de deportar.

Y aunque la primavera pasada muchas de las familias migrantes se rendían ante los agentes para solicitar asilo, los agentes en la frontera dijeron que se estaban preparando para que las personas tomen una ruta más peligrosa a Estados Unidos como resultado de las estrictas políticas de Trump.

En los últimos tres meses los oficiales han encontrado migrantes escondidos en un tractocamión en Texas y a otros dentro de muebles y lavadoras en San Diego.

Un túnel inacabado de casi diez metros en dirección a México fue encontrado en Nogales, Arizona. ICE encontró casi un kilo de heroína en otro túnel en la ciudad en días recientes. En mayo, Aduanas y Protección Fronteriza interceptó metanfetaminas y fentanil con valor de 500,000 dólares en un aeroplano ultraligero a control remoto en Tucson.

“Es caso como si el muro fuera obsoleto en ese punto” dijo Michael Maldonado, el hijo de 30 años de Pamela Rivas, una propietaria que ha estado luchando en los juzgados contra el gobierno durante 11 años.

El gobierno federal llevó a Rivas a la corte en 2008 para adquirir porciones de su terreno, que circunda el puerto fronterizo de Los Ébanos, Texas. Rivas se rehusó a aceptar un pago con la esperanza de que su intransigencia dilatara los planes del gobierno.

El gobierno no ha comenzado a construir en su propiedad todavía, pero ha ha asegurado una parte de ella, lo que quiere decir que el proyecto puede arrancar en cualquier momenbto, según su abogado, Olivares.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza pasan con regularidad por el área polvorosa frente a la cabaña desvencijada de la familia Riva, que solía ser una tienda de recuerdos. La tierra ha estado en manos de la familia desde 1890 y hasta ahora han sobrevivido a los esfuerzos de dos presidente.

“Entre más tiempo podamos resistir, tal vez algo cambie” dijo Maldonado. “Tal vez llegue un nuevo gobierno y diga ‘¿Sabes?, no vamos a lidiar con esto’”.