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El Congreso de Perú afronta unas elecciones marcado por el descrédito

2020-01-24

JACQUELINE FOWKS | El País

Este domingo, más de 24 millones de peruanos participarán en unas elecciones inusuales en su historia democrática reciente: deberán elegir a los nuevos congresistas —que estarán en funciones solo 14 meses—, para completar el período legislativo interrumpido en septiembre, cuando el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso para salir del punto muerto político en el que se encontraba el país.

Desde mediados de 2016, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de mayoría opositora, mantuvieron un largo y escabroso pulso que profundizó cada vez más el descrédito del Congreso: el fujimorismo y sus aliados utilizaron sus escaños para obstruir al Ejecutivo; para proteger a la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos; y también para blindar a políticos sentenciados y a magistrados involucrados en la trama de corrupción del sistema de justicia, mientras el Gobierno intentaba implementar una reforma para evitar el ingreso de redes y fondos ilegales en el sistema político y judicial.

Según una encuesta de Ipsos Perú difundida una semana antes de las elecciones, un 46% de electores no había definido su voto y un 62% prefería votar por un “candidato nuevo en política”. De acuerdo con un simulacro de votación de la misma encuestadora, no obstante, los cuatro partidos que podrían obtener más lugares son Acción Popular (de centroderecha), el fujimorista Fuerza Popular, el Partido Morado (de centroderecha) y Alianza para el Progreso, una formación clientelista del empresario César Acuña. El presidente Vizcarra no contará con una bancada oficial en el nuevo Congreso, pues el partido con el cual resultó electo Pedro Pablo Kuczynski en 2016 se ha escindido y cambió de nombre y orientación.

Aunque el 39% de los encuestados cree que el próximo Congreso, que es elegido para completar el mandato hasta 2021, será mejor que el anterior, más de 200 candidatos que postulan a las elecciones parlamentarias han sido sentenciados en procesos penales o civiles, según reveló el diario El Comercio. Y, si bien las condiciones inusuales de esta votación han permitido el surgimiento de figuras renovadoras —como Gahela Cari, la primera candidata transgénero e indígena a ocupar un escaño—, también se repiten personajes conocidos del establishment político, como el exministro del Interior Daniel Urresti, que tiene pendiente un juicio oral por el homicidio de un periodista. Urresti, de hecho, es candidato por el partido del empresario José Luna, un excongresista a quien la Fiscalía investiga por sus vínculos con la mafia en el sistema de judicial —conocida como Cuellos Blancos del Puerto—, y por haber sido el testaferro del exalcalde de Lima, Luis Castañeda, en la recepción de sobornos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Mónica Saavedra, candidata del partido Acción Popular que podría obtener la mayor cantidad de votos como cabeza de lista en Lima, comentó a este diario que la prioridad de su bancada en el nuevo Congreso será una gestión “no obstruccionista hacia el Ejecutivo y que restablezca el equilibrio de poderes. Eso es lo que pide la ciudadanía”.

“Vamos a plantear el retiro de inmunidad parlamentaria excepto para quienes participen en una comisión investigadora”, añadió la abogada, nueva en el partido. En el Congreso disuelto por Vizcarra en septiembre, el fujimorismo, el Partido Aprista y Alianza para el Progreso habían rechazado la reforma política que planteaba que el retiro del fuero a un congresista no dependiera del propio Poder Legislativo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral, dispuso que luego de estos comicios se mantenga la inscripción de los partidos que no superen la valla electoral del 5% de los votos válidos, una interpretación legal que ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo y por expertos.

“Es un error: no hay base razonable, ello hace pensar que (el JNE) favorece a los partidos que tienen algún tipo de influencia. Por eso en la próxima elección de 2021 habrá 24 partidos”, explica la politóloga Paula Muñoz, exmiembro la Comisión de alto nivel para la Reforma Política, formada a fines de 2018 por iniciativa del Ejecutivo.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el juez Víctor Ticona, y otro miembro de ese tribunal, el fiscal supremo Luis Arce, son investigados por sus vínculos con la red de corrupción judicial Cuellos Blancos del Puerto. Uno de los partidos que puede beneficiarse de la flexibilidad del Jurado Nacional de Elecciones es el Partido Aprista, del expresidente Alan García, quien se suicidó cuando iba a ser llevado a prisión preventiva como parte de las investigaciones del ‘caso Odebrecht’.

Lavar la cara del Congreso

Para el 59% de los peruanos, el cierre del Congreso fue el hecho positivo del año pasado. Días antes de su cierre en septiembre, el 87% desaprobaba la gestión de los congresistas, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos.

La analista Paula Muñoz destaca que en el nuevo Congreso “no habrá una mayoría clara del fujimorismo y el gran tema que se le plantea es terminar de llevar a cabo las reformas en política y justicia [impulsadas por el gobierno] como, por ejemplo, limitar la inmunidad parlamentaria. Podría hacer algo para lavar su cara”.

Para la investigadora, la demanda anticorrupción sigue vigente en la ciudadanía, “pero no será un Congreso sustancialmente diferente, porque las elecciones (por decisión del JNE) han sido con las reglas de antes, no con las que fueron aprobadas”. Muñoz destaca que si el nuevo Congreso quiere dar señales de un compromiso anticorrupción debe cambiar de inmediato una ley que impide aplicar cambios en las normas electorales un año antes de los comicios.

Para la candidata Gabriela Salvador, del izquierdista Frente Amplio, lo principal en el nuevo Congreso debe ser “devolverle a la ciudadanía la confianza en su principal centro de representación”. La abogada es una de las tres postulantes con una agenda de derechos para la comunidad LGTB.

“Sobre todo tenemos que devolverle al ciudadano una acción que no hizo el Congreso disuelto: dejar de blindar a jueces y fiscales, porque sin un sistema de justicia no aseguramos derechos fundamentales”, asegura Salvador.