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Trump abusa de su potestad arancelaria

2020-01-25

Paul Krugman, El País

Esta es la historia: Donald Trump ha abusado de las facultades que le otorga su cargo para amenazar a un aliado de Estados Unidos. Su amenaza seguramente es ilegal; la negativa a entregar documentos sobre su proceso de decisión es definitivamente ilegal. Y sus afirmaciones acerca de la motivación de sus acciones solo provocan hilaridad.

Probablemente piensen ustedes que hablo del intento de presionar a Ucrania, reteniéndole las ayudas, para que aporte basura política sobre Joe Biden, y la posterior tapadera; ya saben, el tema por el que está siendo sometido al impeachment, o juicio político (y que la mitad del país cree que debería conducir a su destitución del cargo). Pero hay otra historia un tanto similar: las repetidas amenazas de imponer aranceles prohibitivos a las importaciones de automóviles europeos.

Vale, la historia de los aranceles a los automóviles no es tan vil como la de Ucrania, y no plantea una amenaza tan directa a unas elecciones justas. Pero es una parte reconocible del mismo síndrome: abuso del poder presidencial, desprecio por el Estado de derecho, y falsedad respecto a las motivaciones.

Pongámonos en antecedentes: los aranceles –impuestos sobre las importaciones– estadounidenses se establecen normalmente igual que los demás impuestos, a través de leyes que deben ser aprobadas por el Congreso y después firmadas por el presidente. Sin embargo, la ley da al presidente potestad para imponer aranceles temporales en determinadas circunstancias; por ejemplo, para dar a las industrias estadounidenses un respiro ante un aumento repentino de las importaciones, para contrarrestar subvenciones extranjeras a las exportaciones, o para proteger la seguridad nacional (Artículo 232).

Hasta Trump, los casos basados en el Artículo 232 eran raros. Él, sin embargo, ha utilizado la excusa de la seguridad nacional para establecer aranceles a diestro y siniestro y con nula consideración por la credibilidad. ¿De verdad que Canadian aluminum supone un riesgo para la seguridad nacional?

De modo que en 2018 el Gobierno de Trump anunció que iba a iniciar una investigación, basada en el Artículo 232, sobre las importaciones de automóviles, en especial europeos y japoneses. Todos los expertos en comercio que conozco consideraron absurda la idea de que los coches alemanes o japoneses constituyan una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, un informe elaborado en 2019 por el Departamento de Comercio concluía que las importaciones de automóviles efectivamente ponen en peligro la seguridad nacional.

¿En qué se basa esta conclusión? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, porque el Gobierno de Trump se ha negado a hacer público dicho informe.

Esta táctica obstruccionista es claramente ilegal. La ley exige que todas las secciones del informe comercial que no contengan información clasificada o patentada se publiquen en el Registro Federal, y resulta difícil creer que alguna parte del informe contenga esa clase de información, y mucho menos su totalidad. Es más, el Congreso introdujo el mes pasado en una ley sobre gasto una cláusula que exigía específicamente al Gobierno de Trump que entregase el informe.

¿Por qué no obedece Trump la ley y entrega el documento? Yo supongo que su gente tiene miedo de que todo el mundo vea el informe de Comercio porque es vergonzosamente flojo e incompetente. Para ser sincero, tengo dudas de que exista siquiera. Recuerden que el Departamento de Comercio está dirigido por Wilbur Ross, a quien los lectores de mi colega Gail Collins votaron como el peor miembro del Gobierno de Trump, lo cual es toda una distinción, dada la competencia.

Aparte de todo eso, ¿por qué quiere Trump imponer aranceles a los coches europeos? Obviamente no tiene nada que ver con la seguridad nacional. ¿A qué se debe en realidad?

Parte de la respuesta tal vez sea que el autoproclamado Hombre de los Aranceles sigue creyendo que el proteccionismo hará revivir la fabricación estadounidense, a pesar de que las pruebas demuestran que su guerra comercial ha tenido el efecto contrario.

Más allá de eso, parece que Trump intentó emplear la amenaza de los aranceles sobre los automóviles para obligar a los países europeos a apoyarlo en su enfrentamiento con Irán. Esto, por cierto, supone un claro incumplimiento tanto de la legislación estadounidense, que no otorga al presidente potestad para imponer aranceles por razones no relacionadas con la economía, como de nuestros acuerdos internacionales, que prohíben este tipo de acoso.

Y recuerden que los países a los que Trump intentaba presionar están o estaban entre nuestros aliados más importantes, y forman parte de la coalición de democracias que solíamos llamar el mundo libre. Hoy en día, nuestros anteriores aliados ya no consideran a Estados Unidos un aliado fiable, ni en comercio ni en ninguna otra cosa. Claro que, eso seguramente no le importe a Trump, que prefiere a autócratas como Vladimir Putin y Mohammed bin Salman.

¿Por qué debe interesarnos la saga de los aranceles a los automóviles? Por un lado, forma parte del relato más amplio de guerra comercial de Trump, que ha subido los precios a los consumidores de Estados Unidos, perjudicado a sus empresas y agricultores, y desalentado la inversión empresarial al provocar incertidumbre.

Pero estas consideraciones económicas son, diría yo, mucho menos importantes que los aspectos políticos. El deshonroso comportamiento de Trump respecto a los aranceles sobre los automóviles forma parte de un patrón más amplio de abuso de poder y desprecio al Estado de derecho. En todos los frentes, Trump trata la política estadounidense como una herramienta que él puede utilizar como le plazca, en su propio beneficio, sin solicitar la aprobación del Congreso e incluso sin informar a este de lo que hace o por qué lo hace.

Básicamente, el hombre de la Casa Blanca actúa según el principio de l’état, c’est Trump. Es un principio que nadie que crea en los ideales estadounidenses debería aceptar.